La Asociación para la lucha contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid, donde se instruye la investigación contra Tito Álvarez, conocido por el apodo de «Rey del taxi», por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, por no haber avanzado con el caso desde hace casi un año.
ACODAP recuerda que interpuso la denuncia en septiembre de 2019. «El mencionado Juzgado no ha dado señales de vida desde entonces, cuando incoó las diligencias previas 2060/2019».
Aquellas diligencias penales recogían varias informaciones periodísticas relativas a la renuncia del abogado y exmagistrado Elpidio Silva a la defensa de Tito Álvarez en el conflicto que enfrentaba al exlíder sindical con las patronales de los VTC, así como al pasado de Álvarez cuando se presentaba como portavoz de la asociación Elite Taxi de Barcelona.
“En ellas se aseguraba que el líder del taxi había reclamado indemnizaciones como perjudicado en el conflicto con las VTC sin ser taxista, y que además tenía antecedentes penales y todos sus bienes embargados, motivo por el cual tampoco podía obtener ninguna licencia” recuerda ahora la denuncia presentada ante el CGPJ.
En la misma se hace referencia al «crowfunding», o colecta de fondos, que hicieron sus compañeros del taxi para comprar una licencia para Tito Álvarez ,“ya que nunca tuvo la intención de ejercer como taxista, lo que podría constituir un delito de estafa de extrema gravedad al poder haber afectado a un gran número de personas”.
El dinero recaudado habría servido, supuestamente, para engordar el proyecto Taxi Project 2.0. que actualmente lidera el denunciado “haciéndolo pasar por una simple asociación sin ánimo de lucro, que no paga impuestos, cuando en realidad se trataba de una verdadera empresa y el delito cometido era claramente un blanqueo de capitales” dice el escrito.
Todo lo anterior, según la asociación denunciante, “ha sido aprovechado por Álvarez para fabricarse una leyenda de impunidad dedicándose a represaliar uno por uno a todos los que le reprochan sus flirteos con la corrupción, a quienes sigue increpando al día de hoy con toda suerte de insultos y amenazas, como le ha ocurrido a nuestro asociado Ignacio Castillo Jiménez (el activista del taxi también conocido como ‘Peseto Loco’) que no puede personarse en un procedimiento judicial que está absolutamente parado a pesar de las gravísimas amenazas de muerte que está recibiendo como represalia”.
ACODAP, asociación que preside el exmagistrado Fernando Presencia, considera que la paralización de la instrucción supone una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). «Lo que podría acarrearle la separación de la carrera judicial, al no haber hecho nada durante el casi un año que ha transcurrido desde que se incoaron las mencionadas diligencias penales», precisa.
La mencionada Asociación contra la Corrupción recuerda en su escrito, dirigido al máximo órgano de gobierno de los jueces, que “quienes denuncian la corrupción están haciendo uso del derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, según la Directiva UE/2019/1937 de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que prohíbe las represalias”.
