Los últimos informes conocidos en el marco de la pieza 10 de la macrocausa ‘Tándem’, utilizados por la defensa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –en funciones de tribunal de apelación– recuperar su condición de perjudicado, podrían no ser suficientes para lograr ese objetivo.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, apuntan a que Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Nacional, instructor de esta pieza, en la que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, y el posterior uso de datos de la tarjeta SD del mismo, entienden que el informe policial y la testifical de la empresa de Gales no tendrían la entidad necesaria como para que el líder ‘morado’ recupere su personación como perjudicado en el caso.
Cabe recordar que esta misma semana en su recurso la defensa de Iglesias explicaba que la testifical del responsable de la empresa ‘Recuperación Express’, Arron James Evans, dejaba patente que cuando recibieron la tarjeta en 2017 para recuperar sus datos, ésta «no presentaba daños».
EL INFORME POLICIAL
A este documento, la defensa de Iglesias sumaba el informe policial del 12 de agosto en el que se apunta que esa tarjeta presenta daños en la parte posterior izquierda producidos por el lijado de la cubierta protectora, y que sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria, una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento.
Pero más allá de esos dos documentos, el magistrado argumentó en junio esa expulsión de Iglesias de la causa señalando que a medida que evolucionaba la instrucción y con la aportación de datos nuevos, el escenario había cambiado.
En este sentido, apuntaba que el líder de Podemos tuvo en su poder la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham desde el 20 de enero de 2016 –cuando se la entregaron en el Grupo Zeta– y que ocultó este extremo a Bousselham durante meses.
García-Castellón entendía que, al no devolverle a su propietaria la tarjeta de memoria del teléfono sustraído durante un periodo de tiempo indeterminado, esto tuvo consecuencias «en el esclarecimiento de los hechos investigados».
Además, resaltaba que la información sustraída no se ha encontrado en dispositivos en poder del comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, anteriores al 14 de abril de 2016.
En todo caso, el asunto está ahora en el tejado de la Sala de lo Penal que es a la que le toca decidir.
