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La APIF reclama a Delgado que convoque ‘de inmediato’ un concurso para cubrir las plazas de la cúpula de la Carrera

Denuncia que "se está incumpliendo el propio estatuto orgánico del Ministerio Fiscal" por dejar en funciones al teniente fiscal del Supremo y al fiscal jefe de la inspecciónJuan Antonio Frago, presidente de la asociación, destaca que la fiscal general "no tiene competencia para arbitrariamente dejar en funciones a estos dos cargos tan importantes en la Carrera". 
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha mostrado hoy su “preocupación” ante el vencimiento hace meses de los mandatos de la cúpula de la Carrera, el del teniente fiscal del Tribunal Supremo, y el del fiscal jefe de la inspección, y que todavía no se haya convocado concurso para cubrir estas plazas.

En un comunicado, publicado hoy, reclama a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que saque a concursos las plazas “de inmediato”.

El mandato del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, finalizó en octubre del año pasado y se jubila a finales de este año, y el del fiscal jefe de la inspección, Fausto Cartagena, concluyó el pasado marzo.

La APIF destaca que “los dos puestos más importantes en la Fiscalía están desempeñados por fiscales cuyos mandatos vencieron hace bastante tiempo, y siguen en funciones sin sacar la fiscal general las plazas a concurso, asumiendo importantes tareas, incluyendo delegaciones de la fiscal general y abriendo expedientes disciplinarios”.

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“Máxime en el momento en el que se está cuestionando la responsabilidad penal del Gobierno por su gestión en la crisis del coronavirus”, apunta a Confilegal el presidente de esta asociación, Juan Antonio Frago, fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña.

La APIF recuerda que el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) dice: “El Teniente fiscal del Tribunal Supremo, los Fiscales de Sala a que se refieren los artículos Veinte y Treinta y Cinco. Uno k) de este Estatuto y los demás Fiscales Jefes pertenecientes a la primera categoría serán nombrados por un período de cinco años, transcurridos los cuales cesarán en sus cargos, salvo que sean nombrados de nuevo para esa jefatura por sucesivos periodos de idéntica duración”.

Y dicho artículo añade que “a la expiración del plazo legal, si no fueran confirmados o nombrados para otra jefatura, quedarán adscritos a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las Fiscalías cuyo Jefe pertenezca a la primera categoría, conservando en todo caso su categoría”.

La APIF denuncia que “se está incumpliendo el propio estatuto orgánico del Ministerio Fiscal por no sacar a concurso estas plazas de tanta relevancia para el funcionamiento de la Carrera”.

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Frago destaca que la fiscal general del Estado “no tiene competencia para arbitrariamente dejar en funciones al teniente del Supremo y al fiscal jefe de la inspección”.

Recuerda que “lo único que está previsto legalmente es la obligación que tiene Delgado de convocar el correspondiente concurso para proveer estas dos plazas”.

La APIF considera que los fiscales Navajas y Cartagena, “por su prestigio y trayectoria”, merecerían seguir en sus puestos, pero “solo bajo el procedimiento legalmente establecido y con todas las garantías, no por actuaciones de favor de la fiscal general”. 

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Además, añade que son miembros natos en el Consejo Fiscal, y “actúan, por tanto, con plenitud de ejercicio profesional sin –a nuestro juicio- respaldo estatutario”. 

La APIF manifiesta que esta cuestión de la renovación en plazo es “de extraordinaria importancia”.

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Explica que “no solo en relación a la influencia que dichas personas tienen en el ejercicio profesional con importantísimas responsabilidades, sino también porque son miembros natos en el Consejo Fiscal y lo son en razón a la autoridad que los cargos para los que fueron nombrados suponen en la Fiscalía, de manera que influyen en los nombramientos para los cargos discrecionales en la Carrera que deben ser decididos oído el Consejo Fiscal”.   

Señala que en el pasado hemos visto cómo fiscales generales continuaban en funciones tras cesar el Gobierno que les nombró (sin previsión estatutaria), en alusión, por ejemplo, a Consuelo Madrigal y María José Segarra, y que ahora vemos cómo con los más altos cargos de la Fiscalía sucede lo mismo.  

“Las reglas son para todos y, por tanto, solicitamos de la fiscal general que respete los tiempos establecidos en la ley y saque las plazas de manera inmediata”, concluye.

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