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José María Macías (vocal del CGPJ): ‘Es inaceptable que el Rey no pueda participar en un acto judicial’

Destaca que "su ausencia también es un símbolo, aunque aún no sabemos de qué"José María Macías, junto al Rey, en un acto de apertura del año judicial, que preside el monarca.
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“Es inaceptable que el Rey no pueda participar en un acto judicial”. Así lo ha manifestado a Confilegal José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por primera vez en la historia, el Rey Felipe VI no presidirá el próximo viernes la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces. Lo hará el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Preguntado sobre si existe malestar entre los vocales del CGPJ porque el jefe del Estado no esté presente en el acto, Macías admite que sí “porque en esta ceremonia se simboliza que los nuevos jueces van a “impartir justicia en nombre del Rey”.

“Existe un intenso malestar”, reconoce, y añade: “Su ausencia también es un símbolo, aunque aún no sabemos de qué”.

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Vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que se reúne hoy, preveían ayer manifestar en la reunión su indignación por lo que consideran una exclusión de Felipe VI del acto. Preveían pedir explicaciones por lo ocurrido.

El asunto no figura en el orden del día de la reunión, y para que se incorporara tendría que ser aceptado por todos los vocales.

La noticia de la ausencia del Rey en este acto también ha causado indignación en un amplio sector de la Carrera, entre las asociaciones de jueces, y en la Escuela Judicial, donde se celebrará este año el acto.

Según informaron a Confilegal fuentes gubernamentales el martes, el Gobierno ha suspendido la asistencia del Rey para preservar su seguridad.

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La Escuela Judicial está ubicada en una montaña a las afueras de Barcelona.

Cabe destacar que la presencia del Rey en la ceremonia constaba en las tarjetas de invitación que se enviaron desde el CGPJ, organizador del acto.

José María Macías informa que tras la confirmación inicial por parte de Casa Real, el pasado martes el CGPJ recibió una comunicación en la que indicaba que el Rey no podía participar en el acto.

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“Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba”, explica este magistrado en excedencia, abogado en ejercicio, profesor de Derecho administrativo y de la UE de la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace 28 años, que también ha sido profesor de la Escuela Judicial.

Macías se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1988, ingresó en 1990 en la carrera judicial, en la que ha ejercido en las jurisdicciones civil, penal y contencioso-administrativa, siempre en Cataluña.

Macías recuerda que “por exigencia de la Constitución” todas las actuaciones oficiales del Rey “precisan ser refrendadas por el Gobierno o uno de sus miembros”. “Eso es lo que explica la necesidad de autorización por parte del Gobierno y en este caso parece que no ha sido así”, señala.

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Hay a quienes no les convence que se trate de un problema de seguridad puesto que esa misma seguridad es necesaria para el resto de autoridades que asistirán, como son el propio presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lemes; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas;el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, así como la de un grupo de ocho o nueve vocales del CGPJ que tienen previsto asistir.

Macías informa que el CGPJ no ha recibido “ninguna indicación de que hubiera problemas de seguridad, más allá de los habituales que hay cuando se celebra un acto oficial en el que tiene que participar su majestad”.

“Tengo curiosidad en saber si existen problemas de seguridad. Tengo en alta estima la vida de las personas, como la de su majestad, la de las demás autoridades que van a participar y la de los compañeros jueces que van a empezar su andadura, pero también tengo en alta estima la mía y francamente, estoy desconcertado”, ha confesado.

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Hay quienes dudan de que unos previsibles altercados por la posible coincidencia del acto con la sentencia del Tribunal Supremo que podría confirmar la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, justifique la ausencia del Rey en el acto.

Algunos jueces y fiscales consideran que la ceremonia de entrega de despachos debe ser suspendida para que se celebre con la presencia del Rey, al igual que ocurrió el año pasado, cuando se cambió la sede habitual del acto supuestamente por los 40 años de celebración de la Constitución, y de Cataluña pasó a celebrarse en Madrid.

Fuentes del CGPJ consideran que “no es conveniente la suspensión del acto ni tensar aún más la situación de su Majestad”.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro existentes, exigió ayer en un comunicado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre los verdaderos motivos por los que el Rey finalmente no asistirá.

Esta asociación, que preside el magistrado Manuel Almenar, ve “muy preocupante” que el Gobierno “declare su incapacidad para garantizar la seguridad del jefe del Estado en un acto institucional” y más aún si estas razones de seguridad pretenden “disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución”.

Desde Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) señalan que a pesar de que ha habido “ausencia de transparencia” en la decisión de que Felipe VI no viaje a Barcelona para asistir al acto, consideran que en estos momentos no es conveniente alentar polémicas, y ponen el foco en que lo importante del acto son los nuevos jueces que inician su carrera.

La portavoz de esta asociación, la magistrada Ascensión Martín Sánchez, considera que una explicación sobre la ausencia del jefe del Estado “sería prudente” en aras de una mayor transparencia, pero incide en que el país se enfrenta a problemas más importantes, y que “la alegría e ilusión de los compañeros por ejercer su función para la que han dedicado tantos años de esfuerzo superará en mucho la ausencia del Rey”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) también cree que alguien debe dar una explicación “más clara” sobre la ausencia del monarca, debido a que la presencia del jefe del Estado o alguien en su representación es necesaria en este tipo de acto institucional y sobre todo por “respeto” a los nuevos integrantes de la Carrera judicial.

Su portavoz, el magistrado Jorge Fernández Vaquero, afirma que el hecho de que el Rey no presida la entrega de despachos es una “mala noticia” porque no se podrá “simbolizar o poner de manifiesto” que los nuevos jueces son “investidos por un poder público”.

“Los jueces administramos justicia porque nos lo otorga el poder público”, ha indicado Vaquero, quien lamenta que el Poder Judicial “permanentemente ve gestos que al final degradan el papel constitucional que tiene”.

Foro Judicial Independiente (FJI) también ve grave la ausencia del Rey en la entrega de despachos de la 62 Promoción de la Escuela Judicial. Esta asociación, que preside la magistrada Concepción Rodríguez, exige al CGPJ explicaciones sobre lo sucedido, como organizador del acto.

“Se nos hace difícil, si no imposible, asumir, por tanto, que no sea S.M. El Rey quien, en su condición de Jefe del Estado y máximo representante del mismo, presida un acto de tanta importancia para los nuevos jueces, quienes, siguiendo el mandato constitucional, administrarán justicia en su nombre”, expresa en un comunicado.

Varios partidos de la oposición atribuyen la decisión del Gobierno a una posible “cesión” al independentismo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó ayer que “hay decisiones que están muy bien tomadas”, tras ser preguntada sobre si el Ejecutivo le ha pedido al  que no acuda al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces.

“Está muy bien tomada esa decisión”, recalcó en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Congreso, antes de reunirse primero con el PNV, y después con Bildu, en el marco de la ronda de contactos que inició con los grupos parlamentarios para analizar el nuevo curso político y la próxima negociación de los Presupuestos.

El PP acusa al Ejecutivo de haber hecho con esta decisión un nuevo gesto a ERC en busca de su apoyo en los Presupuestos.