Torra, junto a su abogado, Gonzalo Boye, a las puertas del TSJCat. Foto: EP
Torra pide al TSJCat que deje en suspenso la ejecución de su inhabilitación
El tribunal ha aplazado la vista señalada para fijar los detalles del cumplimiento de la condena de Torra
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30/9/2020 20:29
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Actualizado: 30/9/2020 20:29
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La defensa del expresidente de la Generalitat Quim Torra ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) que deje en suspenso la ejecución de la sentencia por la que ha sido inhabilitado.
Torra ha sido condenado por el TSJCat a una pena de inhabilitación de un año y seis meses y una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia durante el periodo electoral de abril de 2019.
En el recurso de súplica, consultado por Europa Press, el letrado Gonzalo Boye pide dejar sin efecto el auto del lunes en el que el TSJCat acordó ejecutar la pena de inhabilitación por un delito de desobediencia que dictó después de que el Tribunal Supremo avalase su fallo.
El abogado sostiene que el auto del TSJCat declara la firmeza de la sentencia del TS –que resolvió el recurso de casación– pero «sin haberse declarado la firmeza de la sentencia» del TSJCat, que condenó a Torra el 19 de diciembre de 2019.
Así, esgrime la «nulidad manifiesta de la ejecución efectuada» el lunes, al hacerse sin declarar antes la firmeza de la sentencia condenatoria.
«No habiendo sido declarada la firmeza de la indicada sentencia de 19 de diciembre de 2019 dictada por esta Sala, en modo alguno procedía su ejecución, habiéndose producido la enésima vulneración palmaria de los derechos fundamentales«, reprocha Boye en el recurso.
Por todo, el letrado pide que la suspensión de la inhabilitación se mantenga hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el recurso de amparo.
Lo justifica con un auto del Supremo de 1998, que recoge que «no corresponde al TS ni a ningún otro órgano de la jurisdicción ordinaria resolver sobre la petición de suspensión de ejecución como consecuencia de la interposición del recurso de amparo ante el TC, sino que ello compete exclusivamente a este último Tribunal».
Boye señala que es la Sala de lo Penal del Supremo la que puede decidir si paralizar o no la ejecución de la sentencia mientras el TC resuelve el recurso de amparo, y cita también un auto del TS en 1995. «Procederá en principio acordar la suspensión si las resoluciones judiciales afectan a bienes o derechos del recurrente en amparo de imposible o muy difícil restitución a su estado anterior».
Por eso, apela a «las reglas de la prudencia a las que se refería la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» en los autos de 1998 y 1995 para solicitar que se suspenda la inhabilitación de Torra hasta que el TC se pronuncie, siguiendo esa jurisprudencia.
Señala «las graves consecuencias que tiene la ejecución de una condena de inhabilitación, no solo para el M. H. Sr. Quim Torra i Pla, sino para el conjunto del sistema institucional de la Generalitat«, y pide además suspender la pena mientras el TSJCat resuelve este recurso de súplica.
El TSJCat aplaza la vista señalada para el 5 de octubre
Por otro lado, la Sala Civil y Penal del TSJCat ha aplazado la vista para fijar los términos del cumplimiento de condena del expresidente de la Generalitat Quim Torra, fijada inicialmente para el 5 de octubre a las 10 horas.
Por ahora, la Sala no ha acordado una nueva fecha para esta vista, que se señaló el lunes pocas horas después de que el Tribunal Supremo avalara la inhabilitación de Torra, ha informado el TSJCat.
El aplazamiento se ha hecho porque el abogado que defiende a Torra, Gonzalo Boye, ha comunicado que ya tenía un señalamiento anterior y que es incompatible con esta vista.
La Sala comunicó la fecha para acordar estas cuestiones accesorias en el auto de ejecución de la sentencia, el lunes, poco después de que el Supremo avalase la condena al resolver el recurso de casación que presentó la defensa.
Ahora, los magistrados fijarán una nueva fecha para acordar cuestiones como de qué manera Torra pagará los 30.000 euros de multa a la que fue condenado y los detalles que conciernen a su inhabilitación como president de la Generalitat.
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