El Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado ha informado a la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) que la Inspección Fiscal ha asumido su queja contra el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, por no aplicar la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios del Ministerio Fiscal.
La pelota queda, por lo tanto, en el tejado de Fausto Cartagena, fiscal de Sala Jefe de la Inspección, que es quien tiene la última palabra.
La citada Directiva, conocida como Directiva “Whistleblower” o Directiva de los denunciantes de corrupción, fue aprobada el pasado año por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Europa y fue publicada el 26 de noviembre pasado en el diario oficial de la Unión Europea.
Entró en vigor el 17 de diciembre, si bien se dio dos años a los 27 países de la Unión Europea para transponerla a sus respectivas legislaciones.
El pasado 17 de junio el grupo de trabajo de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, bajo el impulso del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, comenzó sus trabajos para convertir dicha Directiva en ley española.
La consigna es que debe estar terminado y preparado el texto para su aprobación antes del 2 de diciembre próximo, aunque España tiene hasta el 17 de diciembre de 2021 para transponerlo a nuestra legislación.
ACODAP, cuyo presidente es el exmagistrado Fernando Presencia, entiende que aunque no ha sido transpuesta todavía, “es aplicable desde la fecha de su publicación”.
