El Fiscal Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón ha solicitado la apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García Izaguirre; y el empresario Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. Personas a las que acusa de crear una presunta organización criminal destinada a obtener beneficios económicos mediante la adjudicación irregular de contratos públicos, la percepción de comisiones ilícitas y el uso de información privilegiada. Un escrito en el que Luzón pide hasta 24 años de prisión para el exministro socialista.
El Ministerio Público sostiene que los tres acusados aprovecharon los cargos institucionales y orgánicos de Ábalos para articular una estructura estable a través de la cual se habrían amañado adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia, facilitado gestiones ante altos cargos de distintos ministerios y obtenido beneficios económicos mediante pagos periódicos en efectivo.
La Fiscalía describe una relación de máxima confianza entre Ábalos y García desde 2017, cuando este último comenzó a trabajar como su conductor y posteriormente fue nombrado asesor en el Ministerio de Fomento. Según el escrito, ambos actuaban coordinadamente con Aldama, quien se encargaba de captar empresas interesadas en obtener contratos o favores administrativos y pagaba comisiones a cambio. El fiscal atribuye a Aldama entregas en metálico de 10.000 euros mensuales a partir de octubre de 2019, destinadas a Ábalos y García, además de pagos puntuales por gestiones concretas.
Contratos de mascarillas en pandemia y otras adjudicaciones
El Ministerio Público sostiene que Ábalos y García facilitaron información privilegiada a Aldama durante la pandemia para asegurar la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión de contratos millonarios de suministro de mascarillas por parte de Puertos del Estado y ADIF, por un valor conjunto de 36,7 millones de euros.
Según el escrito, Aldama habría obtenido un beneficio de 3,7 millones por estas operaciones, parte del cual habría entregado a Ábalos y a García.
La Fiscalía también detalla que, tras estas adjudicaciones, la misma empresa logró otros contratos con Interior, el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Baleares.
El escrito acusa a Ábalos de presionar a altos cargos de entidades públicas dependientes del Ministerio para asegurar la contratación de personas de su entorno personal. Entre ellas, J.R., que habría cobrado durante dos años de INECO y TRAGSATEC sin acudir a su puesto de trabajo. También, C.M., vinculada al entorno político del exministro, contratada por Logirail tras una intervención directa de García, que actuaba siguiendo instrucciones de Ábalos.
Además, el fiscal describe pagos vinculados al alojamiento de una pareja sentimental de Ábalos. También la cesión o financiación indirecta de viviendas de lujo tanto en Madrid como en Marbella, estos últimos sufragados presuntamente por Aldama.
Otro de los elementos de la acusación son los salvoconductos emitidos durante el estado de alarma para facilitar la entrada en España de empresarios venezolanos relacionados con Aldama, certificados que —según el escrito— se emitían con conocimiento de Ábalos pese a consignar reuniones ficticias en el Ministerio.
Asimismo, el fiscal sostiene que Ábalos intervino a favor de Air Europa en el proceso que desembocó en el rescate de la aerolínea con 475 millones de euros, actuación que habría sido recompensada con el pago de una estancia vacacional del ministro y su familia en Marbella.
Hasta 24 años de prisión para Ábalos
La Fiscalía acusa a Ábalos y García de organización criminal, cohecho pasivo continuado, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación. Para el exministro solicita penas que suman 24 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público y multas millonarias. Para García pide 19 años y medio de prisión.
A Aldama le imputa organización criminal, cohecho activo continuado y aprovechamiento de información privilegiada. Algo por lo que Luzón solicita para él siete años de prisión, además de multas y la prohibición de obtener subvenciones. Se le reconoce la atenuante por confesión.
La Fiscalía reclama que Ábalos y García indemnicen solidariamente a INECO con 34.477,86 euros y a TRAGSATEC con 9.500,54 euros. Ello, en relación a las retribuciones abonadas a J.R. durante sus contratos sin actividad. Además, solicita el decomiso de al menos 430.298,4 euros en ganancias derivadas del cohecho.
El escrito, fechado el 19 de noviembre de 2025, concluye solicitando la apertura de juicio oral ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y la admisión de las pruebas propuestas.
