El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha sumado al rechazo expresado hoy por los TSJ de Extremadura y Castilla y León a la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Sala de Gobierno ha manifestado «su profunda preocupación ante la iniciativa destinada a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)». Todo ello, según explica en un comunicado, «desde el respeto institucional a quien ostenta la facultad de impulsar las iniciativas legislativas».
A juicio del TSJM, la Proposición de Ley registrada el pasado martes por PSOE y Unidas Podemos para modificar la mayoría necesaria para elegir y nombrar a los vocales judiciales del CGPJ «no se ajusta a la Constitución, al eludir el necesario consenso parlamentario y dejar en manos de la mayoría política –sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial».
Sostiene que «no es conforme, además, con la lógica, pues provoca una distinción de requisitos entre quienes, una vez nombrados, ostentarán idénticas funciones y facultades».
Asimismo, apunta que «se aleja de los postulados repetidamente defendidos por las diversas instituciones europeas, que vienen proclamando desde hace tiempo la necesidad de descartar la imagen de politización de la Justicia que se proyecta con la designación política del Consejo General del Poder Judicial».
En este sentido, «se aparta también de las advertencias contenidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, que defendió –no sin polémica- el acomodo del sistema de elección parlamentaria a la Constitución siempre que se respetase la necesidad de un consenso reforzado».
Confía en que se alcance el consenso parlamentario para hacer frente a la renovación
Implica también , añade, «un menoscabo de la separación de poderes que debe caracterizar a un sistema verdaderamente democrático, al dejar a decisión del poder político la configuración personal del órgano de gobierno del Poder Judicial, facilitando con ello una intromisión que colisiona con las bases del Estado de Derecho».
Por todo ello, el TSJM confía en que «se imponga la razón jurídica sobre cualquier otra premisa y se ponga fin al menoscabo que tal iniciativa proyecta en el ámbito de la seguridad jurídica y la credibilidad de la Justicia».
En esta línea, expresa su deseo de que se alcance el «necesario consenso entre los grupos parlamentarios» para cumplir las previsiones establecidas en el texto constitucional en orden a la renovación del CGPJ, que lleva en funciones casi dos años.
