El decano del ICAMálaga ha hecho público un comunicado en el que da su versión de los hechos. Foto: Carlos Berbell.
Citan al decano de ICAMálaga como investigado por una denuncia de una magistrada con cuyo marido juez tuvo un encontronazo en Facebook
"No tengo nada que ocultar y tengo el convencimiento de que me asiste la razón", afirma Francisco Javier Lara
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23/10/2020 06:45
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Actualizado: 26/1/2021 11:38
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El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (ICAMálaga), Francisco Javier Lara, ha sido citado a declarar como investigado por el juzgado de Instrucción número 6 de Málaga por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial.
La autora de la denuncia es la magistrada Estela Gómez Giner, titular del Juzgado de Instrucción 10 de Málaga, con cuyo marido, Pedro Molero Gómez, tuvo un encontronazo en una página de Facebook el pasado 2 de mayo en las que atacaba a la Abogacía, a la Junta de Gobierno del ICAMálaga y al decano Lara.
Molero Gómez es magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga.
De acuerdo con Lara, que ha dirigido una carta abierta a sus compañeros de la abogacía explicando los hechos, fue «a raíz de una noticia en la que el Colegio instaba al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) a convocar huelga en agosto tras expresar su rechazo al plan aprobado por el Gobierno para la recuperación de la actividad judicial».
En dicho encontronazo también participó la magistrada Gómez Giner.
Lara recuerda que en marzo, tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19, «nos vimos obligados a suspender los servicios de guardia porque no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad y era nuestro deber luchar para mantener a salvo a los compañeros».
Esos servicios se restablecieron dos días más tarde, recuerda, «una vez que se comenzaron a prestar las asistencias por medios telemáticos o, cuando esta opción no era posible, al menos se aseguraba la utilización de mascarillas y guantes y se respetaba la distancia de seguridad requerida por las autoridades sanitarias».
En abril, la Junta de Gobierno del Colegio volvió a advertir que, si continuaban algunos incumplimientos que se habían detectado, se volvería a suspender el servicio. «No obstante, se consiguió normalizar la situación, después de dos meses de tensiones».
LARA SE OPUSO A ENVIAR A LOS ABOGADOS A LOS CALABOZOS PARA ASISTIR A LOS DETENIDOS
Cuatro días después del encontronazo con el magistrado Molero Gómez en Facebook, el 6 de mayo, a Lara le «allegó un apercibimiento del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, cuyo titular es doña Estela Gómez Giner, que además es la mujer del magistrado y también había intervenido en las conversaciones en redes sociales».
Con ella Lara tuvo una discusión tensa porque estando de guardia, al parecer, estaba mandando a los abogados del turno de oficio, y a los que no lo eran, a los calabozos en vez que permitir la asistencia a los detenidos por videoconferencia.
«Le requerí apercibiéndola. Le dije que no iba a mandar a ningún abogado mientras no se cumplieran las medidas de protección. Al final, siguió nuestras indicaciones, pero la consecuencia fue que me dedujo testimonio por un supuesto delito de desobediencia a la autoridad judicial. Denuncia que terminó en el Juzgado de Instrucción 6 de Málaga, que es quien me ha citado», explica a Confilegal.
Posteriormente, en el mes de julio, «tras estudiar distintas opciones, el Colegio, a través de su Junta de Gobierno, decidió mostrar su malestar declarando al señor Molero persona non grata».
LE ASISTE LA RAZÓN
«Estos son los antecedentes y las causas de la citación como investigado que he recibido (el jueves 22 de octubre a las 12.45 horas) y que me he apresurado a poner en vuestro conocimiento», dice el comunicado de Lara.
«No tengo nada que ocultar y tengo el convencimiento de que me asiste la razón y de que todas las actuaciones de la Junta de Gobierno han tenido siempre como objetivo último el servicio y la ayuda a todos los compañeros y compañeras».
Lara se muestra orgulloso por representar a la abogacía malagueña y de una Junta de Gobierno «valiente y que ha estado en todo momento dispuesta a dar la cara en defensa de los colegiados, aún a costa de verme o vernos inmersos en un procedimiento penal», concluye.
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