La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga (ICAMALAGA) ha acordado proponer al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) que se convoque una huelga desde el 11 al 31 de agosto, periodo declarado hábil en el Real Decreto-ley 16/2020, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes.
Además requieren al Ministerio de Justicia que derogue el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Estas son dos de los nueve acuerdos tomados que suponen, «de facto», el desenterramiento del hacha de guerra y un paso adelante hacia un conflicto frontal con el Ministerio después de que los 83 colegios de abogados que componen el CGAE tomaran la decisión de instar al Ejecutivo a mantener la inhabilitación del mes de agosto en el mencionado Real Decreto-ley, cosa que no sucedió.
«El Colegio de Abogados de Málaga expresa su rotundo rechazo al citado Real Decreto-ley por ser claramente ineficaz y, tal y como ya manifestó el pasado 12 de abril, insiste en que declarar hábil agosto y garantizar el respeto a las vacaciones de los jueces y del conjunto de los funcionarios de la Administración de Justicia no es compatible con el pleno rendimiento del sistema, de modo que no se recuperará el atraso que se está acumulando en los juzgados», dice el acuerdo tomado ayer, telemáticamente.
De acuerdo con el ICAMALAGA, tal decisión supondrá en la práctica ralentizar el sistema durante siete meses (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) en lugar de uno solo, agosto.
«No es aceptable que los abogados tengan que estar a plena disposición en el mes de agosto, pero no así los restantes operadores jurídicos», añaden, en referencia a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, y funcionarios.
La Junta de Gobierno señala que aún más preocupante se presenta el panorama para los abogados y abogadas con hijos menores de edad y en edad escolar.
Sin olvidar las dificultades que presentará en agosto la comparecencia de testigos, peritos, e incluso partes.
SUSPENSIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA
ICAMALAGA, como tercera medida relevante, también ha acordado requerir al CGAE que suspenda la firma electrónica ACA con la que operan todos los abogados entre el 11 y el 31 de agosto, «en señal de protesta por no contar con la Abogacía para la aprobación de las medidas que resulten ineficaces».
También exigen que en todos los actos procesales estén el juez, el letrado de la Administración de Justicia, el fiscal y el forense. Si no es así, los abogados no participarán.
Reclaman, asimismo, la instalación de mamparas protectoras que cumplan sus funciones, no aceptando plásticos o similares (como los de los juzgados de lo penal de Alicante o de los juzgados de Noia, A Coruña), la desinfección y limpieza de las sillas, mesas y micrófonos tras cada intervención.
El distanciamiento social en los actos procesales debe mantenerse, así como en los lugares de espera.
«Requerir a la presidenta de la Audiencia Provincial, a los 9 jueces decanos, a la secretaria coordinadora provincial (LAJ) y al fiscal jefe, la organización y calendario de las vacaciones de todos los miembros de cada cuerpo y de la totalidad de las plantillas de funcionarios», añaden.
Los 9 jueces decanos provinciales y la presidenta de la Audiencia Provincial serán informados de que todas las asistencias a detenidos y las comparecencias judiciales se harán por videoconferencia y que deben verificar y asegurarse de que las partes, con carácter previo a los actos y vistas procesales, deben estar citados de forma conveniente para que no haya suspensiones.
