La primera foto pertenece a la sala de audiencia de los tribunales de Coblenza, ciudad al suroeste de Alemania, donde el pasado 23 de abril comenzó el juicio contra el excoronel del Ejército sirio, Anwar Raslan, que desertó en 2012, y contra Eyad Al Gharib, ambos acusados de crímenes contra la humanidad.
La segunda fue tomada recientemente en una de las salas de vistas de la localidad de Noia, provincia de A Coruña, en España.
Una solución muy similar a la que también han aplicado en los Juzgados de lo Penal de Alicante.
Son dos enfoques diferentes a la solución del mismo problema: hacer frente a la pandemia del COVID-19 desde la Administración de Justicia.
La solución alemana denota previsión, la española improvisación, pero también iniciativa, con ese mismo fin, protegerse de cualquier contagio del coronavirus y seguir funcionando en términos de cuasi normalidad en la celebración de los juicios.
Es cierto que el juicio alemán, un proceso de justicia universal, es de alto perfil mediático.
El excoronel de la inteligencia siria, Raslan, está acusado de participar en la muerte de 58 manifestantes en 2011 y de torturar a otros 4.000 en la centro de detención Al Khatib, en Damasco.
Al Gharib participó en la detención de los manifestantes. Ambos huyeron de Siria a Alemania, donde solicitaron asilo.
Fueron detenidos en febrero de 2019 cuando uno de los torturados en Siria, también exiliado en Alemania, reconoció al excoronel en una tienda, lo que provocó su detención.
Ni los juzgados de Noia ni los de Alicante acogen procesos con ese perfil mediático, es cierto. Y también es cierto que, desde casi el comienzo del estado de alarma, declarado el 14 de marzo, la Administración de Justicia española ha estado trabajando al ralentí, con la gran parte de los juicios suspendidos.
Falta por ver qué solución general se va a dar a los juicios por delitos graves, que son los que precisan de celebración pública.
Una asignatura pendiente.
