El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado citar como investigado al exgerente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Germá Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado caso del 3%.
En este caso se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta”.
En un auto, con fecha de este viernes, el magistrado del juzgado Central de Instrucción número 5 atiende así a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la citación de Gordó por un presunto delito de blanqueo capitales.
El interrogatorio tendrá lugar el viernes de la próxima semana, 30 de octubre, a las 10 horas, por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona.
Esta citación se produce después de que el extesorero de la formación Daniel Osàcar señalara en su declaración ante el juez que “la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación, fue el entonces gerente del partido, Gordó Aurabell”.
«Pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones»
La resolución explica que en ese procedimiento se investiga la presunta estructura multicanal puesta en marcha y las distintas supuestas vías ilegales de allegamiento de recursos.
En primer lugar, indica el magistrado, mediante pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de fundaciones vinculadas a CDC, CATDEM y Fundació Forum Barcelona.
En segundo lugar, mediante la recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo y, por último, mediante la triangulación con empresas que asumían pagos directos a terceras personas por servicios prestados al partido.
“Algunas de estas vías de acceso no fueron sino la evolución sofisticada de otras anteriores más elementales, pasándose de modo paulatino de un sistema basado en mayor medida en la entrega de cantidades en metálico a un sistema más complejo, en el que se beneficiaba ilícitamente a CDC mediante el abono directo de facturas por parte de determinadas empresas a terceros, por servicios prestados a CDC y no desde luego a estas empresas pagadoras”, indica el magistrado en el auto.
Asimismo, añade que mediante esos manejos, «CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo, no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido».
Operativa de blanqueo basada en el «pitufeo»
De la Mata explica en el auto que «para aflorar estas cantidades de dinero procedente de delito, directivos del partido buscaron la colaboración de personas próximas a CDC, y pusieron en marcha una operativa de blanqueo de capitales mediante un clásico sistema de ‘pitufeo'».
Aplicado a este caso, remarca, «consistiría en que cada una estas personas ingresaba en la cuenta del partido político CDC una cantidad de dinero equivalente a la que previa o posteriormente el propio partido le entregaba al, en principio, supuesto donante voluntario, con conocimiento de su origen ilícito».
“Una conducta como la descrita, de quedar acreditada, tiene sin duda relevancia penal, en cuanto los supuestos “donantes” realizan esta actividad exactamente para ocultar el verdadero origen del dinero ingresado en la cuenta del partido”, concluye el magistrado.
De la Mata destaca también que, tal y como indica el fiscal, en las declaraciones de las personas investigadas se ha expuesto de manera coincidente que las donaciones se realizaron a solicitud tanto de Osàcar como de Viloca, quienes ostentaban la condición de tesoreros de CDC.
Para el juez, el avance de la instrucción ha permitido establecer que las donaciones podían ser actos de afloramiento de dinero que les había sido entregado por CDC, procedente del delito.
Entre los elementos que lo sustentan, expone que las cantidades tenían un “sorprendente homogeneidad”, 3.000 euros, que las fechas en que se producen son próximas, que las cantidades no eran cuotas de afiliados, que tampoco eran pagos por aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos o que tampoco se correspondían con una campaña de donaciones que hubiera llevado a cabo CDC, solicitando un esfuerzo extra a sus militantes.
El instructor añade que a todos estos elementos se suma la declaración de Osàcar, que, segúnn se recoge en el auto, «efectivamente confirma que la operativa descrita correspondía a una operativa diseñada con la finalidad de lavar dinero generado por CDC de forma ilícita».
De esta forma, continua, «gracias a las ‘donaciones’ conseguidas, lograr cuadrar los déficits presupuestarios que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos con los realmente generados por el partido”.
Con este afán, destaca, «el gerente de CDC, Gordó, identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales ‘donantes’ de entre miembros y simpatizantes de CDC, y encomendó a Osácar que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de 3.000 euros al partido CDC mediante cheque bancario nominativo, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de procedencia ilícita, que les entregaría en mano el propio Osácar.»
Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar, por una persona del Departamento de Contabilidad y/o Finanzas de CDC, que no ha sido por el momento identificada, «una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista».
Una vez recibida esta cantidad, Osàcar procedió conforme a lo ordenado por Gordó, indica el instructor. «Llamó a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques nominativos por importe de tres mil euros de aquellas que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, tres mil euros en efectivo».
«Se extendieron y firmaron recibos por la entrega del cheque nominativo y, como es lógico, no se hizo lo mismo con la entrega de la cantidad en metálico, que no se documentó en forma alguna. Seguidamente, Osàcar entregó personalmente y en mano la cantidad sobrante a Gordó», concluye.
Contra el auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días.
