La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha hecho pública una durísima crítica contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que reprocha haber incumplido su compromiso de 23 de enero de 2014, contenido en la primera declaración institución, en la que se comprometió a proteger la independencia y la imparcialidad de los miembros de la carrera judicial.
«Pese a tan contundente declaración institucional el CGPJ ha entrado en contradicción consigo mismo al denegar el amparo solicitado a nuestro compañero José Ricardo de Prada Solaesa al que diversos medios de información [El Mundo, La Razón y el ABC] acusan de prefabricar excusas jurídicas para provocar un cambio de gobierno, introducir morcillas al dictado del PSOE en la sentencia sobre la Gürtel, ejecutar una maniobra político-judicial para fabricar un argumento en forma de sentencia que ayudase a echar Rajoy y operar la indignidad que justificó la moción», dice el Secretariado de JJpD.
«Estos comentarios no son simples críticas jurídicas o comentarios discrepantes. Son expresiones excesivas y desproporcionadas al constituir descalificaciones profesionales y una atribución de intenciones políticas carente de todo fundamento a un juez en el ejercicio de sus funciones con el objeto de afectar su honorabilidad profesional, menoscabar su dignidad y consideración profesional, conculcando su independencia y socavando la confianza social en la justicia (STCO 65/2015, de 13 de abril y STEDH de 11 de julio de 2013, caso Morice c. Francia, párrafo 107)», añade esta asociación.
A JJpD le duele, de un modo especial, que la denegación de la admisión a trámite de la solicitud de amparo de De Prada, se haya hecho en silencio, «sin ni siquiera hacer una manifestación pública por el CGPJ en defensa de la profesionalidad del Magistrado de Prada Solaesa y de su Independencia, y en la apelación a la necesidad de que por medios de comunicación muy concretos no se incurra en actitudes irrespetuosas, imprudentes y de desprestigio del Poder Judicial»-
Y concluye reivindicando la profesionalidad del magistrado, que está «fuera de toda duda, y que la libertad de expresión y de información no ampara actitudes o insinuaciones irrespetuosas, de descrédito y desprestigio de cualquiera de los miembros del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones (artículo 117 de la Constitución), pues socavan con ello la justicia que es uno de los pilares del Estado de Derecho».
