La Audiencia Nacional iniciará este lunes el juicio contra el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, sus 7 hijos y más de 15 presuntos colaboradores. Se les acusa de integrar una organización criminal que habría obtenido beneficios ilícitos durante décadas aprovechando su influencia política.
Será un juicio que está previsto que dure hasta mediados de 2026.
El tribunal —presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, con María Fernanda García como ponente y Mercedes del Molino— enjuiciará supuestos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, delitos fiscales y alzamiento de bienes.
La Fiscalía solicita la condena más elevada para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de prisión y más de 6,5 millones de euros de multa.
Para su exesposa, Mercè Gironès, pide 17 años de cárcel. Para el expresidente, 9 años de prisión y 204.000 euros de multa. Y para el resto de sus hijos, penas de entre 8 y 17 años.
Además, reclama la devolución de más de 45 millones de euros presuntamente obtenidos de forma ilícita.
Los empresarios acusados afrontan peticiones de 2 a 3 años de prisión por falsedad documental vinculada al blanqueo, junto con multas que oscilan entre 200.000 euros y 8 millones.
El escrito de acusación, firmado entonces por la fiscal Anticorrupción Belén Suárez, sostiene que Pujol, “aprovechando” su cargo al frente de la Generalidad y de Convergència Democràtica de Catalunya, creó una red de clientelismo que permitía a su familia y a empresarios afines repartirse beneficios irregulares derivados de concursos públicos.
El juicio comenzará con la declaración por videoconferencia de Jordi Pujol, tras una neumonía que lo mantuvo hospitalizado. Un informe forense concluye que, a sus 95 años, padece un trastorno neurocognitivo mayor (Alzhéimer y origen vascular) que le impide desplazarse o declarar presencialmente.
Los médicos que firmaron el informe ratificarán sus conclusiones. Se prevé que declaren más de 200 testigos entre 2024 y mediados de 2026.
Origen del caso y acusaciones clave
La causa llega a juicio tras ocho años de investigación que culminó en 2020. Según el auto de procesamiento del magistrado José de la Mata, la familia habría usado su “posición privilegiada” en la vida política y económica catalana para acumular un “patrimonio desmedido” vinculado a actividades corruptas, algunas coincidentes con la presidencia de Pujol (1980–2003).
De la Mata sitúa el origen del dinero en pagos ilícitos de empresarios ocultos mediante estructuras societarias, a cambio de “concretas influencias” de los Pujol en adjudicaciones públicas.
El expresidente autonómico reconoció en 2014 la existencia de fondos en el extranjero, aunque los atribuyó a una herencia paterna retenida fuera de España por motivos de “temor” político.
Estructura del presunto entramado
El magistrado atribuye el liderazgo del grupo a Jordi Pujol y Marta Ferrusola, fallecida en 2024, quien se autodenominaba “madre superiora”.
El hijo mayor asumía la dirección operativa, gestionando cuentas en Andorra y distribuyendo fondos. El resto de los hermanos, según el auto, abría cuentas, recibía capitales y ejecutaba operaciones para mantener oculto el patrimonio ilícito.
Los demás procesados —empresarios y colaboradores— habrían actuado como intermediarios permanentes, aportando sociedades y mecanismos destinados a garantizar la opacidad de los pagos.
En 2021, el magistrado Santiago Pedraz abrió juicio oral contra todos los miembros de la familia salvo Ferrusola, exonerada por padecer demencia severa.
