PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

La juez abre juicio oral a los cuatro acusados del asesinato del concejal de Llanes (Asturias)

La Fiscalía les imputa asesinato con alevosía y mediando precio y pide 25 años de cárcel para cada unoPedro Luis N. A., presunto inductor del asesinato de Javier Ardines, acompañando a varios agentes a efectuar el registro de su domicilio. Foto: Damián Arienza/ EP
| | Actualizado: 30/10/2020 15:58

La magistrada-juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llanes (Asturias), Lucía González Azpiazu, ha decretado la apertura de juicio oral, con jurado popular, a los cuatro acusados del asesinato de un concejal de IU en Llanes, Javier Ardines, en agosto de 2018.

Les ha impuesto el pago de una fianza solidaria de 533.000 euros, con el apercibimiento de que si no la depositan o acreditan su insolvencia, se les embargarán los bienes en cantidad suficiente para alcanzar esa suma, con el fin de asegurar el abono de las futuras indemnizaciones.

La Fiscalía los acusa de asesinato con alevosía y mediando precio. A Pedro L.N.A., amigo de la víctima, en condición de inductor; a los dos presuntos sicarios de nacionalidad argelina, M.K. y D.B., como coautores, y a J.M., presunto intermediario, como cooperador necesario.

Pedro L.N.A., marido de una prima de la mujer del concejal, supuestamente habría urdido un plan junto con otro ciudadano español para encargar a dos argelinos que asesinaran a Ardines en una emboscada en un camino próximo a su casa.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Pedro L.N.A. fue detenido el 19 de febrero de 2019. Foto: EP

En su declaración ante la juez, D.B. afirmó que el supuesto inductor les pagó a él y al otro supuesto autor material 25.000 euros y al mediador otros 10.000, aunque su compatriota, M.K., rechazó su participación y que estuviera en Llanes el día del crimen, pese a que la señal de su móvil le situaría en la zona.

El Ministerio Público pide para cada uno 25 años de cárcel, 10 años de libertad vigilada, y que indemnicen a la viuda del fallecido con 113.000 euros; al hijo con 30.000 euros y a la hija con 25.000 euros.

En otro auto, la magistrada ha denegado la libertad solicitada por M. K., el último que ingresó en prisión tras ser entregado en el aeropuerto de Ginebra por la autoridades de Suiza, donde se encontraba cumpliendo condena por otro delito.

Los cuatro están en prisión provisional.

PUBLICIDAD

El caso será juzgado por un tribunal del jurado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo en una fecha aún por determinar.

El edil de IU en Llanes Javier Ardines falleció con 52 años, estaba casado y tenía dos hijos. Foto: Ayuntamiento de Llanes. Foto: Ayuntamiento de Llanes

Ardines había renunciado a su sueldo de concejal y se ganaba la vida como patrón de barco.

Tenía unas rutinas y unos horarios que hacían fácil calcular sus movimientos. Salía a diario sobre las 6:30 horas a faenar con su embarcación, ‘Bramadoria’, antes de atender a sus responsabilidades municipales.

Días antes de su asesinato comentó a su entorno que se había encontrado unas vallas en un camino en las inmediaciones de su domicilio, por el que circulaba todas las mañanas, que le había llamado la atención y que las había retirado.

PUBLICIDAD

El cadáver fue encontrado por su hija poco después de que la familia alertara de su desaparición.

La autopsia reveló que murió de varios golpes en la cabeza y nuca con un objeto contundente.

PUBLICIDAD

LOS HECHOS, SEGÚN LA FISCALÍA

La Fiscalía señala en su escrito de acusación que Pedro L.N.A. descubrió en diciembre de 2017 el idilio que su mujer supuestamente mantenía con la víctima, tras grabarles una conversación telefónica, y que se lo hizo saber a su esposa.

Apunta que la relación encubierta se remontaba a más de treinta años atrás y se desarrollaba en Llanes, coincidiendo con los periodos vacacionales que ella pasaba allí junto a su marido.

Según relata, en julio de 2018, Pedro L.N.A. “tomó la decisión de acabar con la vida” de Javier Ardines y para ello contactó con J.M., “a quien pidió que buscase a personas que pudieran ejecutar los hechos”.

PUBLICIDAD

Sostiene que J.M. planteó el encargo a otro de los acusados, quien, tras una reunión en la que se llegó a un acuerdo sobre el precio a pagar, decidió actuar conjuntamente con el otro acusado al que se le imputa ser otro de los ejecutores.

El 27 de julio, P.L.N., J.M. y uno de los supuestos sicarios viajaron a Belmonte para que inductor y mediador le dieran las indicaciones necesarias para acabar con Ardines, de acuerdo a la Fiscalía.

Precisa que P.L.N. tenía un conocimiento exhaustivo tanto de la zona donde se llevarían a cabo los hechos como de las costumbres de la víctima. Así, dos de los acusados propusieron al tercero hacer al concejal una emboscada, para asegurarse el resultado.

Según la Fiscalía, en la madrugada del 1 de agosto, los dos acusados de ser los autores del crimen se desplazaron nuevamente a Belmonte con el único propósito de matar al concejal, y una vez allí, colocaron una valla metálica de obra en un camino por donde previsiblemente pasaría la víctima.

Apunta que el lugar era el propicio para cometer los hechos por ser una zona rural aislada y boscosa, rodeada de prados y monte bajo.

Sobre las seis de la mañana de ese día, la víctima salió de su domicilio, y al pasar por ese camino se topó con la valla, aunque la sorteó y se alejó del lugar en su vehículo.

A raíz de este suceso, uno de los acusados de llevar a cabo el crimen, M.K., mostró su reticencia a ejecutar los hechos, por lo que el presunto inductor, P.L.N., le ofreció más dinero y le informó, en una reunión, que no debía matar a Javier Ardines hasta pasado el 10 de agosto, fecha en la que terminaban las fiestas locales, ya que antes de ese día habría mucha gente, según el relato de la Fiscalía.

La Fiscalía manifiesta que en la madrugada del 16 de agosto, sobre las cuatro y media de la mañana, con tiempo suficiente para preparar una emboscada mejor, los dos presuntos ejecutores llegaron a Belmonte y colocaron en el mismo camino, transversalmente, dos vallas más (la primera, del día 1, continuaba allí).

“Lo hicieron de forma que impedían el paso de cualquier vehículo, para asegurarse de no fallar e incrementar el tiempo disponible para abordar” a la víctima, agrega.

Además, dice que para tener más garantías de acierto y anular la posibilidad de defensa de la víctima, cada uno de los acusados llevaba un bote de spray de pimienta, uno de ellos un palo y el otro, un bate de béisbol.

A continuación, se escondieron junto a un muro y esperaron.

Sobre las 6 de la mañana, el concejal salió de su casa en su furgoneta, y al llegar al punto donde estaban colocadas las vallas, detuvo la marcha y se bajó del vehículo para apartarlas. Dejó el motor en marcha, las luces encendidas y la puerta del conductor abierta.

En ese momento, estos dos acusados salieron de su escondite súbitamente y le rociaron con el spray de pimienta, de acuerdo a la Fiscalía.

La víctima echó a correr, perseguido por los acusados. “Fue alcanzado al ser golpeado en la cabeza bien con el palo o con el bate de béisbol.Cayó al suelo de rodillas y seguidamente, boca abajo. También fue estrangulado por detrás por alguno de los dos acusados”, afirma el Ministerio Público.

La víctima “no pudo defenderse, tan solo colocar de forma intuitiva su brazo derecho como escudo” y “una vez en el suelo, fue sujetado y/o arrastrado unos metros”.

A consecuencia de la agresión, falleció.

La Fiscalía afirma que tras los hechos, J.M., acusado de hacer las veces de mediador, entregó a uno de los ejecutores una cantidad de dinero por el trabajo realizado.

Expone que el 18 de febrero de 2019 se acordó la entrada u registro en el domicilio del otro ejecutor, en Bilbao, y se halló en su interior, entre otros efectos, un spray de defensa persona, un spray aerosol de pimienta, 7 navajas, un taser de 3.800 voltios, un taser en forma de puño americano y varios cartuchos.