El Ejecutivo, con estas reformas, le presta una particular atención a los siniestros que se producen en las ciudades y que se llevan por delante las vidas de medio millar de personas cada año. Foto: Policía Municipal de Valladolid.
Objetivo prioritario del Gobierno: Reducir las 500 muertes anuales de peatones, ciclistas y motoristas en las ciudades
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11/11/2020 06:40
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Actualizado: 10/11/2020 22:33
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Cada año 500 personas –peatones, ciclistas y motororistas– se dejan la vida en los siniestros que se producen en las ciudades españolas. Es una cifra constante a lo largo de los últimos diez años a la que el Gobierno quiere ahora atacar de forma directa y eficaz, de una forma especial.
Para ello, va a reformar la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en todo lo relacionado con el permiso y la licencia de conducción por puntos para cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Expertos como Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial; Daniel Vosseler, abogado y experto en seguridad vial y responsabilidad civil y Manuel Castellanos, abogado y presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), analizan estos cambios normativos anunciados este martes por el Ministerio del Interior y que pretende lograr una conducción más segura.
Hay que recordar que ya hubo una tendencia a la baja en el número de fallecidos el pasado año.
Y es que, en 2019 hubo 1.098 fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras, 90 menos que en 2018, o lo que es lo mismo, un 7,6% menos.
Entre los cambios previstos en el Reglamento General Circulación se encuentra la modificación de la velocidad en las ciudades: 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación, 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido y 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada.
Además, eleva de 3 a 6 los puntos que se restarán por conducir sujetando con la mano el móvil y de 3 a 4 no hacer uso del cinturón de seguridad, casco o sistema de retención infantil. Entrará en vigor el próximo 2 de enero.
El Reglamento General de Vehículos define los vehículos de movilidad personal y prohíbe su circulación por vías interurbanas, travesías, aceras, túneles urbanos y autovías y/o autopistas que transcurran dentro de poblado y deberán disponer de un certificado de circulación.
La reforma del Reglamento General de Conductores rebaja la edad exigible para acceder a conducir camiones y autobuses y establece la posibilidad de que personas con problemas asociados al sistema locomotor puedan acceder a dichos permisos de conducción.
Hay que fiscalizar las medidas que se implanten
Ledesma, de Pons Seguridad Vial y subdirector general de Ordenación Normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) entre 2005 y 2012, considera que es clave que cualquier normativa que se implemente se pongan los medios adecuados para que esos cambios fructifiquen.
Este experto indica que “a falta de una Ley de Movilidad se ha creado un Ministerio de Movilidad, el antiguo Fomento y han empezado un proceso de participación pública para consensuar dicha ley. Habrá que ver cómo se va desarrollando realmente”.
Sobre las modificaciones apunta que “hay que seguir el mandato de la OMS y reducir la mortalidad en un 50%. El problema lo tenemos ahora en las ciudades. En carretera se han bajado las cifras un 70%».
Sin embargo, agrega, «en la ciudad se mantienen las mismas cifras que hace diez años con 500 fallecidos anualmente. La medida estrella que trae el Gobierno es el límite de 30 km/h para las calles de un solo sentido. Si se ejecuta bien, será muy útil para los 700.000 conductores nuevos que todos los años tenemos”.
Ramón Ledesma, asesor de Pons Seguridad Vial.
Otra cuestión que señala “es que esta norma que se aprueba es para todas las ciudades españolas. Ahora, por definición, todas las calles de un único carril serán de 30 km/h, supone un mensaje importante para todas las ciudades. Afecta al 80% de las calles que llevan el 20% del tráfico. Es una medida para las calles que están en medio de las grandes avenidas”.
Ledesma recuerda que el 85% de los fallecidos en ciudades son peatones, ciclistas o motoristas, “pocos mueren en vehículo. Los atropellos a 30 km/h fallecen un 5% y garantiza que en caso de atropello no hay muerte y si herido grave”.
En cuanto a la penalización del móvil a seis puntos, afirma que “se lleva anunciando tres años y ahora empieza su tramitación parlamentaria. La medida de los 30 km/h va por Reglamento que ha tardado nueve años en aprobarse, el primer borrador fue en 2011. La otra es una tramitación parlamentaria y veremos cómo acaba”.
Sobre esta penalización, “tendrá una utilidad relativa, lo importante es fiscalizar bien cualquier medida que se implemente. Hay que controlar mejor este tipo de situaciones. El control de velocidad viene por los radares; la alcoholemia por controle,s pero en el tema del móvil veremos cómo se hace. Quizás haya que ir a la autofiscalización del propio conductor”.
A este respecto, Ledesma recuerda el llamado derecho de repetición que se defiende desde Pons Seguridad Vial, “la posibilidad de que en caso de accidente con teléfono móvil, la aseguradora paga a la víctima pero tiene derecho a ir contra el causante de ese siniestro. Eso significa que cada conductor debe ser responsable de sus propios actos”.
Para este jurista, “aunque las carreteras son mejorables hay que darse cuenta que detrás del 85% de los accidentes hay una acción humana contraria a la conducción adecuada, lo vemos en los excesos de velocidad o en los asuntos de alcoholemia”.
Respecto a la regulación del patinete en el apartado de la movilidad personal, este experto señala que “lo que han hecho es la solución menos mala y catalogarlo como vehículo. Han hecho algo intermedio de acuerdo con una certificación y unos estándares. Es razonable, sobre todo para frenar la avalancha que se nos venía. Es bueno que se prohíba que esté en las aceras y respeta al peatón».
Un grave problema con el móvil
Para Daniel Vosseler, abogado experto en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico, “es un acierto equiparar desde el punto de vista administrativo la sanción de seis puntos del móvil a la de la alcoholemia, porque tenemos un grave problema con los accidentes que tienen lugar por distracciones al volante”.
Este experto también advierte que “hay un problema con el patinete y su velocidad que ahora se regula. El problema de siniestralidad es claro en las grandes ciudades y la norma no deja claro si además de ser un vehículo personal es un vehículo a motor. Si no es vehículo a motor no tendría compensación por el Consorcio de compensación de seguros en estos momentos. Ahora mismo tiene un tratamiento similar que el de cualquier bicicleta”.
En cuanto a la velocidad que se reduce en las ciudades, Vosseler cree que “es una aberración situar los 30 km/h en vías urbanas. Nadie va a cumplir el fin que va a cumplir la norma”.
Desde su punto de vista, “los coches no están diseñados para este tipo de velocidades. Es antinatural y antifuncional. Detrás de esa norma hay un fin recaudatorio de primera magnitud. No creo que esta medida funciona en la práctica”.
Daniel Vosseler, abogado experto en la defensa de víctimas de accidentes de tráfico.
Vosseler recuerda que se debe seguir trabajando en la dirección de mejora de nuestras carreteras e infraestructuras, “tenemos dos grandes problemas con las motos y los peatones que son los grandes focos de la sinestralidad y habrá que ver como abordar estas dos cuestiones para reducir los números existentes».
Este jurista insiste en que “junto con estas medidas hay que potenciar la educación a nivel vial; junto a ello hay que recordar que se fabrican coches cada vez más seguros, con la tecnología más implicada en la circulación. La velocidad a 30 km/h no va a provocar la reducción de los siniestros en ninguna parte. Ni coches ni motos pueden ir a esta velocidad tan reducida”.
Reforma positiva pero incompleta
Manuel Castellanos, abogado y presidente de la asociación Anava-RC, hace una valoración positiva de las medidas implementadas por Tráfico y que irán entrando en vigor de forma progresiva en los próximos meses.
“Hay que darse cuenta que el Gobierno con estas modificaciones sigue un mandato de la Unión Europea en la reducción de la siniestralidad y accidentes de tráfico, cuestión que beneficia a todos”.
Sin embargo, cree que la dinámica es peligrosa porque solo se basa en más sanciones, «se olvidan de que hay muchas carreteras como las secundarias que están en un mal estado y que la señalización está envejecida. Urge actualizar nuestras infraestructuras viarias, además de este endurecimiento sancionador que ahora llega con estas reformas legislativas”.
Esta jurista sostiene que la bajada de la velocidad en los tramos interurbanos es una buena idea, “ayudara a bajar la siniestrabilidad en atropellos y colisiones”.
Sobre el incremento de puntos que se detraen del carnet de conducir por el uso del móvil, Castellanos señala que “era algo esperado y muy necesario. Actualmente hay más siniestros por distracciones provocadas por el móvil y navegadores que por la alcoholemia. Esas distracciones son perseguibles como ahora se va a hacer de forma más intensa”.
Desde Anava-RC también se propuso en su día que delitos contra la seguridad vial, como es el de la alcoholemia, se despenalizara y fuera una retirada automática del carnet de conducir.
«Solo penalizar las conductas graves y muy graves y el resto pasarlas a sanciones administrativas con la retirada del carnet de forma automática, de esa forma se descargarían los juzgados penales de estos temas de poca importancia”.
Manuel Castellanos, abogado y presidente de la asociación Anava-RC.
Otro tema que preocupa a estos abogados expertos en defensa de víctimas de tráfico es el patinete y su valoración en este entorno de reformas. “En la movilidad personal que engloba a estos artefactos hay que definir bien lo primero, lo que son los patinetes y si necesitan un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Con la normativa actual no es un vehículo a motor”, aclara este jurista.
Desde su punto de vista, “al no ser un vehículo a motor no tendría obligación de tener dicho seguro. Es importante tener claro lo que se quiere hacer y antes de legislar aclarar si es o no un vehículo a motor».
En su opinión, “una forma de proteger a todos es que esos vehículos tuvieran un seguro obligatorio, pero para eso habría que considerarlos vehículo de motor. Hay un vacío legal que nos preocupa en estos momentos porque cuando cogen velocidad son un peligro aunque vayan por la calzada”.
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