Expertos en derecho público advierten de la necesidad de reformar la contratación pública para una mejor gestión de los fondos europeos

España debe ejecutar 140.000 millones de euros en seis años provenientes del Plan Europeo de Recuperación, lo que constituye un importantísimo reto de gestión. El propio Plan “España puede”, ya advierte de posibles “cuellos de botella” operativos, por falta de medios, o legales, dada la complejidad de la tramitación.

La patronal CEOE, apoyada en un grupo de trabajo del que forman parte expertos en derecho público de firmas como Garrigues, Cuatrecasas, Uria Menéndez y PwC, ha presentado al Gobierno una propuesta legislativa para frenar esos cuellos de botella.

La gestión de los fondos europeos ha hecho que la abogacía de los negocios vea otro hueco en el mercado, por lo que ha creado su área propia de asesoramiento tanto al sector público como a la empresa y terceros. Los últimos en sumarse a esta tendencia son los servicios profesionales Auren.

“La llegada de fondos europeos a partir del próximo año va a ser fundamental para las pymes, que deben reestructurarse, digitalizarse y expandirse internacionalmente. No podemos olvidar que las pymes representan el tejido empresarial de nuestro país, por lo que deben apoyarse con decisión”, aseguró Mario Alonso, presidente de esta firma.

La CEOE propone la aprobación de un Real Decreto-ley con modificaciones en preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, así como de otras normas complementarias, que resulten exclusivamente de aplicación respecto de los procedimientos a los que se destinen los fondos europeos.

Una iniciativa necesaria

Alfredo Fernández, socio responsable de derecho administrativo de Garrigues, explica que este despacho ha colaborado activamente junto con otras firmas desde la génesis de la iniciativa asesorando sobre los aspectos jurídicos de la misma.

“En particular, hemos participado en la selección del instrumento más adecuado para posibilitar la introducción de cambios normativos en nuestro ordenamiento jurídico, habiendo formado parte del equipo redactor del borrador de Real Decreto-Ley en el que se plasma el contenido material de las medidas de agilización propuestas en el ámbito de la contratación pública y de las subvenciones”.

En su opinión, “la aprobación de una norma de este tipo puede jugar un papel clave en la ágil y eficaz gestión de los fondos europeos ‘Next Generation en España’”.

Así, lo primero que debe tenerse en cuenta es que, de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 21 de julio de 2020, “los compromisos jurídicos de un programa completado por ‘Next Generation EU’ se contraerán a más tardar el 31 de diciembre de 2023. Los pagos correspondientes se harán a más tardar el 31 de diciembre de 2026”. Existe, por consiguiente, un marco temporal durante el cual se podrá hacer uso de los fondos.

Alfredo Fernández, socio responsable de derecho administrativo de Garrigues.

Este experto también indica que “dichos fondos se canalizarán fundamentalmente en España a través de la contratación pública y de las subvenciones». Esto, explica, puede generar “cuellos de botella” tanto operativos (por falta de medios de las unidades u órganos encargados de la tramitación de estos procedimientos) como legales (por la complejidad que su tramitación entraña).

Desde su punto de vista, “la materialización del objetivo de CEOE exige una exhaustiva labor de análisis del régimen jurídico vigente de los procedimientos para detectar aquellos trámites que pueden ser reformulados”, aclara.

Se trata “de que se consiga el pretendido resultado de agilización y eficacia y, al mismo tiempo, respetar los requisitos mínimos que vienen impuestos por las Directivas Europeas y garantizar la compatibilidad con otros principios consagrados en nuestro ordenamiento jurídico como la publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación”, comenta.

Fernández es partidario de “la fiscalización previa, entre otras medidas, por el denominado control financiero permanente. En cuanto a la acreditación de crédito presupuestario, con vistas a agilizar los tiempos de la contratación, se podría plantear, por ejemplo, la posibilidad de tramitar el expediente de contratación y licitar sin necesidad de contar, con carácter previo, con el correspondiente certificado e incorporarlo inmediatamente antes de la formalización del contrato”.

Este experto en derecho público considera que “el sector privado debería jugar un papel fundamental en el marco de la ejecución de los fondos europeos ‘Next Generation’. De esa forma se lograría el efecto multiplicador de los fondos públicos con la incentivación y movilización del capital privado de las empresas y agentes sociales».

«La experiencia internacional en este tipo de proyectos nos enseña que el grado de apalancamiento privado sigue una ratio de 1:4 (4 euros privados invertidos por cada euro público) y ello supondría que los 140.000 millones de origen público podrían multiplicar su efecto movilizando un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector privado”, advierte.

Otra cuestión que explica de dicha propuesta es el papel de las entidades financieras en la distribución de fondos, actuando como colaboradoras.

“En particular, dentro de los límites que establezca la normativa y las correspondientes bases, se les podría abrir la posibilidad de intervenir en el procedimiento de concesión de subvenciones con cargo a los fondos europeos ‘Next Generation’, de cara a la tramitación de las solicitudes, el análisis de requisitos y la propuesta de concesión”, subraya.

Priorizar los temas europeos

Desde Cuatrecasas, otro de los despachos que ha colaborado en este proyecto de ley, explican a Confilegal que la idea es buscar precisamente donde están los cuellos de botella más importantes en la tramitación de los procedimientos a nivel de contratación y subvenciones y ver la forma de agilizarlos.

Desde su punto de vista este tipo de contratos a nivel de gestión administrativa “no pueden ser un asunto más y estar a la cola de todos, sino que hay que priorizarlos. Hay que darles una preferencia en la administración y se acortan plazos, porque se utilizan los plazos de los procedimientos de urgencia de tal forma que los contratos podrían reducir de forma notable su gestión”.

Otro elemento que frena este tipo de contrataciones, afirman desde el despacho, son los recursos ante los tribunales correspondientes especializados en materia de contratación, donde también habrá una preferencia en su tramitación.

“La duración de cada procedimiento es específica, depende también si hay que hacer algún estudio de viabilidad, pero se pretende que con esa tramitación de preferencia en dos o tres meses, tras la licitación y el concurso”.

A nivel práctico, lo que se pretende con esta iniciativa en la contratación pública donde existan fondos europeos es que la fiscalización previa o la acreditación de la existencia de crédito presupuestario, se haga de otra manera y que se pueda ir tramitando el expediente de contratación a la vez que se fiscaliza, de esa forma en la firma del contrato ya estaría hecho todo ese ejercicio de fiscalización de dicho asunto. Los trámites pueden hacerse en paralelo.

Otro tema que se plantea es permitir mucho más la iniciativa privada, que en la Ley de Contratos solo está prevista para las concesiones que ese particular puede presentar a la Administración. Ahora se intenta generalizar con otro tipo de contratos aprovechando la aparición de esos fondos europeos. 

Plazos cortos y procesos muy ágiles

Nuria Arenas, socia de Broseta y responsable de asesoramiento en ayudas a proyectos ‘ad hoc’, señala sobre la propuesta que plantea CEOE que “uno de los retos más importantes que presenta la gestión de los fondos europeos ‘Next Generation’ es, sin duda, el cumplimiento de los plazos tan cortos que se han marcado para su implementación. En este sentido, cualquier propuesta que se dirija a agilizar los procesos, en el marco de la legalidad y sin pérdida de garantías es oportuna”.

En este contexto, explica, la firma ha lanzado la iniciativa BROSETA NextGen, «un grupo de trabajo que pone a disposición de nuestros clientes y contactos un colectivo de profesionales multidisciplinares con más de 20 años de experiencia en asesoramiento en ayudas a proyectos empresariales emblemáticos”.

Desde esta iniciativa, agrega, «queremos contribuir a que nuestro tejido empresarial disponga de las herramientas adecuadas y del asesoramiento óptimo para una efectiva canalización de los fondos”, apunta.

Nuria Arenas, socia de Broseta.

En la propuesta, la patronal empresarial habla de eliminar burocracia y propone una normativa de urgencia que excepcione determinadas disposiciones de contratación pública y subvenciones para distribuir estos fondos, Arenas cree que “la tramitación urgente será necesaria, pero no debe ser en detrimento de unas determinadas garantías”.

Para esta jurista, “hay muchas medidas que pueden adoptarse en este sentido para eliminar cuellos de botella y flexibilizar los plazos, en materia de ayudas, como por ejemplo, establecer convocatorias abiertas, en concurrencia no competitiva o la concesión de ayudas plurianuales”.

Sobre la revisión de los trámites para que impidan avanzar en la tramitación de contratos o ayudas, considera que “conviene revisar los trámites para determinar su importancia en el proceso y reducir o eliminar algunos de ellos, pero manteniendo el equilibrio entre la urgencia y la legalidad y sin pérdida de garantías”.

Al mismo tiempo señala que “será fundamental que la Administración pública se dote de medios humanos (propios o externos) para poder gestionar los proyectos y ser ágiles”.

Otra medida que CEOE propone es que las entidades financieras participen del proceso de agilización que propone la patronal para el buen uso de estos fondos, Nuria Arenas cree que “la parte que pueden asumir más fácilmente las entidades financieras es como entidad colaboradora en la canalización de los fondos que se concedan en forma de préstamos, como ha venido ocurriendo hasta la fecha (por ejemplo en la financiación BEI o préstamos garantizados por el ICO).

“Si bien en la medida en que se trate de gestionar proyectos de contratación pública o de concesión de ayudas, su papel como entidades colaboradoras será más difícil de articular, por los requisitos administrativos que deben cumplir y por la relevancia que adquiere la visión y criterio público en la evaluación y gestión de los proyectos”, advierte.

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