Archivan la denuncia de Victoria Rosell contra su exempleada de hogar por amenazas o coacciones: No hay caso
Victoria Rosell en una foto tomada en el Colegio de Abogados de Madrid durante un debate en las elecciones generales de abril de 2019 a las que se presentó en la lista de Unidas Podemos por Gran Canaria. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Archivan la denuncia de Victoria Rosell contra su exempleada de hogar por amenazas o coacciones: No hay caso

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03/12/2020 06:50
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Actualizado: 03/12/2020 01:10
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La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha recibido un fuerte revés con el archivo de la denuncia que presentó contra su ex empleada de hogar, la ciudadana boliviana Simona Chambi, por los delitos de coacciones y amenazas.

«No existe indicio alguno sobre la perpetración de un supuesto delito de amenazas o coacciones, que es lo que la denunciante viene a significar en su comparecencia policial pues habla de ‘un intento de chantaje’ hacia su persona para conseguir que pague para no salir en los medios una noticia falsa», explica Florencio Luis Barrera Espinel, magistrado del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria en el auto fechado el 1 de diciembre pasado y al que ha tenido acceso Confilegal.

Y añade: «No concurre en el presente caso ningún tipo de violencia o intimidación dirigidas a la denunciante o a su pareja para que abonen la cantidad de dinero que reclama a éste último la denunciada, sino, simplemente, una aparentemente legítima reclamación extrajudicial previa a la interposición de la consiguiente y eventual demanda laboral en reclamación a unas cantidades a las que la denunciante cree tener derecho».

LA EMPLEADA EJERCIÓ SU LEGÍTIMO DERECHO A RECLAMAR LO QUE CREE QUE ES SUYO

Más adelante subraya: «En modo alguno consta que la denunciada o su letrado, u otra persona por cuenta o en nombre de aquélla, les hayan anunciado directa o indirectamente su propósito de causarles un mal –que en este caso presuntamente consistiría en divulgar que ha trabajado para ellos sin contrato y que le han ordenado realizar las indicadas tareas–, si no se avienen a pagarle las cantidades que está reclamando, con lo que, como se ha repetido, en estos momentos la presentación de dicha papeleta de conciliación sólo puede entenderse como el ejercicio legítimo de un derecho, y la legitimidad de tal reclamación es una cuestión que deben resolver, en su caso, los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional social«.

En consecuencia decreta su archivo.

NO HUBO INTENTO DE CHANTAJE

Rosell interpuso la denuncia contra Simona Chambi ante la Policía Nacional asegurando que había sufrido un intento de «chantaje» para que pagara cierta cantidad de dinero para evitar que se publicara una «noticia falsa sobre su persona».

Dicha «noticia falsa» habría sido que llegara a conocimiento público que la empleada de hogar, a la que había despedido el pasado mes de julio, había trabajado para ella sin darle de alta en la Seguridad Social.

Chambi trabajó en la casa de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género desde 2012 a 2015 y después desde esa fecha hasta julio pasado cuando fue despedida.

UNA AMIGA ABOGADA LE CONTÓ UNA HISTORIA QUE FINALMENTE NO HA TENIDO BASE ALGUNA

Según explica el magistrado que ha archivado la denuncia, Rosell explicó a la Policía que una abogada amiga suya le contó a su pareja, el periodista Carlos Sosa, que se había enterado, a través de una persona cercana a su familia y a  VOX, que dicha formación política sabía algo «muy gordo» contra ella relacionado con su empleada de hogar.

Poco después, su pareja de hecho Sosa, recibió una papeleta de conciliación laboral escrita por un abogado que dijo actuar en nombre de la empleada de  hogar despedida en la que se afirmaba que Rosell había intentado que Simona trabajaras sin contrato y había tenido que alimentar a los animales y regar las plantas que ésta tenía en su casa durante cuatro meses de las vacaciones de los años 2015 a 2019.

Por ello, solicitaba una indemnización de 10.000 euros a razón de 2.500 euros al mes, «por considerar que las tareas descritas eran denigrantes para ella al tratarse de una mujer inmigrante, añadiendo al final de la papeleta de conciliación que las llaves de la casa se entregarían en el acto de conciliación».

LE EXEMPLEADA ACLARÓ TODO A LA POLICÍA

Como consecuencia de esta denuncia de Rosell, Simona Chambi y su abogado, Federico Vicente, autor de la demanda contra la magistrada en servicios especiales y contra Sosa, fue llamada a declarar ante el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas.

Allí el letrado Vicente explicó a la Policía que Rosell había tenido trabajando a su cliente en su casa durante los periodos mencionados. Y aportó una copia de la papeleta de conciliación en la que pedía a Sosa que le abonara la cantidad de 11.797,16 euros desglosados de la siguiente manera:

• 1.587,16 euros como finiquito del contrato.

• 210 euros por las vacaciones no disfrutadas.

10.000 euros como indemnización por las tareas realizadas para Rosell y para Sosa, que era el empleador, durante los años 2015 a 2019 a razón de 2.500 al mes «en base a la consideración de que tales tareas, consistentes en dar de comer a los animales y regar plantas, eran denigrantes para ella como mujer inmigrante y las realizó en sus períodos de descanso y no se trata de horas-extra«.

CONCLUSIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR

El magistrado relata en la argumentación de su auto que la conclusión a la que llega Rosell, con supuestamente VOX de por medio, «no es más que una presunción basada en la acumulación de las circunstancias relatadas».

La pareja de hecho de Rosell, el periodista Carlos Sosa, se vio obligado a publicar la carta de rectificación que el abogado de Simona le envió negando una información que su periódico, Canarias Ahora, había publicado señalándolo como miembro de VOX. 

Federico Vicente jamás había militado en VOX. Todo lo contrario. El pasado mes fue elegido presidente del nuevo Partido Autónomos.

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