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El Comité de expertos de la CEOE pide más colaboración de la iniciativa privada en la gestión de los fondos europeos

Varios abogados analizan para Confilegal las diferencias entre el borrador del Gobierno y la propuesta de la CEOE.
| | Actualizado: 04/12/2020 13:01

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha presentado la propuesta de reforma impulsada por un grupo de trabajo en el que han colaborado durante varias semanas juristas expertos en derecho público de Garrigues, Cuatrecasas, PwC y Uría Menéndez.

La jornada, a través de un encuentro online, ha servido para conocer también el borrador del Gobierno sobre esta materia y realizar un análisis comparativo. Intensificar la presencia de la iniciativa privada en esta propuesta de reforma normativa parece clave para hacer viable la gestión de estos fondos europeos.

José María Campos, director legal de CEOE, se ha mostrado satisfecho por la celebración del evento. Ha destacado que la puesta en marcha de este grupo de expertos ha servido para detectar aquellas cuestiones que impiden y que son cuellos de botella para la contratación pública y realizar así propuestas para agilizarla.

Por su parte, José Amérigo, socio del departamento de Regulatorio de PwC ‘Tax and Legal Services’, letrado del Consejo de Estado en excedencia y antiguo secretario general técnico del Ministerio de Justicia, ha señalado que “lo primero que se observa es que el borrador del Gobierno es más amplio que la propuesta de la CEOE”.

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“Analiza cuestiones como la gobernanza y el papel de las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial y medidas de movilización del personal. En nuestro caso, nos hemos ceñido a los procedimientos de contratación y subvenciones y su agilización, así como la evaluación del impacto ambiental”.

Sobre la comparación de ambos textos, “el de la administración se mira asimismo. Los temas de los cuellos de botella operativos los trata de resolver con medios propios. Frente a ese enfoque, la CEOE aporta aquellas cuestiones en las que el sector privado puede ayudar en la gestión de dichos fondos europeos. Un enfoque más apegado a la práctica cotidiana y que tiene claro el papel que puede desempeñar el sector privado”.

José Amérigo, socio del departamento de Regulatorio de PwC ‘Tax and Legal Services’.

Asimismo, ha indicado que “con enfoques diferentes, las dos propuestas son compatibles. La propuesta de la CEOE no quiere enmendar nada. Hay aspectos que se abordan de forma distinta. Lo que contiene esta propuesta son muchas medidas que no se han contemplado en el borrador del Gobierno y que tendría cabida”.

“Al final optamos por establecer una serie de especialidades, de tal forma que los procedimientos de contratación y subvenciones para gestionar esos fondos europeos se rijan por las leyes generales, con algunas especialidades que hemos propuesto”.

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Agilizar la gestión de subvenciones

Alfredo Fernández, socio responsable del área de derecho administrativo de Garrigues, ha señalado que “el borrador del Gobierno tiene la misma finalidad que la propuesta de CEOE. Esto es, la ágil y eficaz gestión de los fondos europeos ‘Next Generation’ en España, aunque es cierto que el modelo que ha seguido difiere de la propuesta de CEOE en muchos de sus contenidos”.

En su opinión, “la clave para que una norma de este tipo resulte verdaderamente eficaz se encuentra en realizar previamente una exhaustiva labor de análisis del régimen jurídico vigente de los procedimientos para detectar aquellos trámites que pueden ser reformulados».

“A partir de dicho análisis, establecer en la propia norma medidas vinculantes dirigidas a las Administraciones de los distintos ámbitos territoriales que garanticen el objetivo que se pretende”.

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También cree que “es de especial relevancia que el sector público involucre a todos los agentes económicos en esta labor de agilización y eficacia en la utilización de los fondos europeos. En este sentido, sería recomendable que en el texto se refuerce la colaboración público-privada como una vía esencial para potenciar el efecto multiplicador de los fondos públicos con la incentivación y movilización del capital privado de las empresas y agentes sociales”.

Este jurista también es partidario “que el borrador del Gobierno hubiera introducido medidas que facilitaran una participación mayor de las Administraciones Públicas de ámbito autonómico en el proceso de utilización de los fondos”.

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Sin embargo, «sí que hay alguna cuestión en el borrador que quizá podría ser objeto de reconsideración como, por ejemplo, el hecho de que no prevea ni regule específicamente la iniciativa privada en materia de contratación pública y de subvenciones”.

Alfredo Fernández, socio responsable del área de derecho administrativo de Garrigues.

Fernández destaca que “el borrador del Gobierno introduce la novedosa e importante figura de los Planes Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES), para cuya adecuada valoración habrá que esperar a su anunciado desarrollo”.

“En principio, los mismos permitirán al sector privado participar en dichos proyectos y, una vez que hayan accedido a un Registro, tener preferencia para la suscripción de convenios y para la participación en consorcios con las Administraciones Públicas”.

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Ese jurista expuso en el evento de CEOE la propuesta de la patronal en relación a las subvenciones, “podría considerarse el establecimiento de un plazo para las actuaciones preparatorias, la regulación de los efectos de la no emisión de informes en plazo, la eliminación de la dualidad propuesta provisional y definitiva, la imposición de plazos máximos para la evaluación de solicitudes y la posibilidad de que las agrupaciones puedan ser beneficiarias sin que las bases lo establezcan expresamente”, entre otras cuestiones.

Para este experto, “podría ser de utilidad reforzar la intervención de entidades colaboradoras de la Administración en los expedientes de subvenciones. En este sentido, creo que podrían jugar un papel importante las entidades financieras, que cuentan con solvencia económica acreditada, capilaridad y capacidad de tramitación y estas condiciones permiten apoyarse en ellas en la distribución de fondos”.

Al final de lo que se trata es “lograr la finalidad perseguida en todas las medidas que suponen agilización de los plazos al aplicar el procedimiento de urgencia (con la sorprendente y, a mi juicio, indebida exclusión por parte del borrador del Gobierno de la aplicación de esta medida para las concesiones de obras y para las concesiones de servicios) y la eliminación de ciertos informes o autorizaciones administrativas”.

Para este jurista, “en materia de contratos, podría considerarse la supresión del trámite de la justificación de la necesidad del contrato, la generalización de la utilización de declaraciones responsables, determinadas modificaciones sobre la constitución de garantías, etc.”.

Necesidad de permitir iniciativas privadas

Por su parte, Nicolás González-Deleito, socio de derecho público de Cuatrecasas, ha destacado que “ha sido muy interesante poder conocer la propuesta del Gobierno que va en la línea con la iniciativa de CEOE. Es fundamental si los fondos van a llegar en abril del año que viene tener ya la estructura preparada para primeros de año”.

Para este jurista es posible que haya un punto de encuentro entre ambos borradores. “El documento del Gobierno se ha centrado mucho en la administración. Creemos que es anterior a la propuesta de CEOE y no han tenido en cuenta esta iniciativa. Pero no podemos olvidar la importancia del sector privado que debe participar en esta iniciativa. Creo que la colaboración pública y privada es fundamental en este contexto de gestión más ágil de fondos y subvenciones europeas”.

En su opinión, “una idea buena que refleja su documento es el de los PERTES que está poco desarrollado y al final la clave va a ser como gestionar ese registro de PERTES y su acceso. Creo que hay que profundizar en ello”.

Este experto recalca que en la propuesta de CEOE, “el fomento de la iniciativa privada a nivel de contratos parece importante. De hecho, creemos que serían buenos crear PERTES de iniciativa privada. Hay muchas grandes ideas en el sector privado que habría que ver cómo llevar a la Administración y buscar un cauce legal adecuado”.

Nicolás González-Deleito, socio de derecho público de Cuatrecasas.

González-Deleito ha recordado que “ahora mismo solo existe en nuestro derecho las Concesiones de Obra Pública presentando un estudio de viabilidad. Y si le parece adecuado lo saca a información pública y lo licita. Ese particular tiene cinco puntos porcentuales de ventaja en la licitación y si no lo gana se le paga los gastos en los que ha incurrido. Este tipo de iniciativas podría ayudar a dicha colaboración público y privada”.

Este experto en derecho público habló de la necesidad de agilizar los cuellos de botella en la contratación pública agilizando los plazos. “Se trata de contar con elementos que faciliten la concurrencia y que eliminen las cargas burocráticas de las empresas. En esta propuesta conjunta se propone eliminar la garantía provisional y que la documentación se pudiera presentar mediante declaraciones juradas o formularios. Se habla de la presentación telemática de propuestas y escritos”.

Dentro de esta celeridad, “el Gobierno en su propuesta limita plazos de presentación de ofertas. Esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado da celeridad, pero por otro lado puede haber contratos que requieran de ciertos estudios técnicos que el plazo de quince días que se quiere generalizar. Se podría generar un cuello de botella al limitar la concurrencia y que las empresas no se arriesgan con empresas más audaces. Creo que plantea dudas”.

Para este jurista, “con esta propuesta conjunta realizada por este grupo de juristas lo que se trata es que haya un consumo muy importante de esos fondos europeos. Para ello somos conscientes de que hace falta esos cambios normativos que planteamos. El que ofrezcan más formación e incentivos a los profesionales de la administración es un dato importante. Hay que preparar todo con antelación porque en abril habrá que presentar los proyectos a la Unión Europea. Habrá que buscar el consenso político”.

Evaluación ambiental y agilización

Mariano Magide, socio de derecho público de Uría Menéndez, ha resaltado que “el borrador del Gobierno supone un paso importante en la eliminación de cuellos de botella para la implementación del Plan de recuperación y en la agilización de los procedimientos administrativos que se deberán poner en marcha para la aplicación de los fondos”.

“No obstante, echo en falta un mayor protagonismo de la iniciativa privada, que puede servir, precisamente, para agilizar la ejecución de los proyectos financiados con esos fondos, y para identificar proyectos viables y con un impacto real y positivo en la economía”.

Este jurista considera que ambos documentos están en sintonía en materia de “la agilización de los procedimientos de contratación y de otorgamiento de subvenciones. Los principales aspectos de la propuesta CEOE que no están reflejados en el borrador son, precisamente, los que se refieren a la iniciativa privada en materia de contratos y subvenciones”.

A su juicio la clave de esta reforma normativa que el Gobierno está preparando con el apoyo de entidades como CEOE, “radica en que es necesario que dé mayor cabida a la iniciativa privada, que permita de este modo que los proyectos que se financien a cargo del Plan de recuperación sean concebidos también por el sector privado”.

Mariano Magide, socio de derecho público de Uría Menéndez.

En cuanto a la parte de evaluación de impacto ambiental que expuso Magide en este evento, comentó que “el borrador del Gobierno incluye aspectos positivos en cuanto a la agilización de trámites”.

También cree que es “positiva la previsión de que el retraso en la emisión de determinados informes no paralizará la tramitación de la evaluación, aunque, a mi juicio, esta posibilidad, prevista en el borrador tan solo para la evaluación ambiental estratégica y la del procedimiento simplificado, se debería extender también a la evaluación ambiental ordinaria”.

Para Magide, “sería igualmente aconsejable que la evaluación ambiental pudiera desarrollarse en paralelo a los procedimientos de preparación y adjudicación de los contratos, y que no sea necesariamente un requisito previo para lanzar una licitación”.

“En cuanto a la colaboración público-privada, debo insistir de nuevo en la conveniencia de introducir y regular adecuadamente la iniciativa privada en la propuesta de contratos, subvenciones y de Planes Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTES)”.