La carrera fiscal tiene tan asimilado que al haberse publicado el pasado 2 de diciembre que Juan Ignacio Campos era el favorito de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para sustituir a Luis Navajas como teniente fiscal del Tribunal Supremo, tras su jubilación, todo el «pescado estaba vendido». Cualquiera que lo intentara estaba condenado al fracaso.
La consecuencia es que nadie se ha presentado. El efecto ha sido claramente disuasivo, como se temía la Asociación de Fiscales.
Solo Campos.
Así que, sin lugar a dudas, el Consejo Fiscal dará el visto bueno a su nombramiento como «número 2» de la Fiscalía. No será para el ya fijado el próximo 17 y 18 de diciembre, en los que se tiene que debatir los informes sobre varios anteproyectos de ley, entre los que se encuentra el de la libertad sexual.
Será en otro. Posiblemente el 22 de diciembre.
Campos, de 70 años, es el fiscal de Sala del Supremo experto en delitos económicos que capitanea las tres investigaciones abiertas contra el Rey Emérito Juan Carlos I. Una misión que le fue encargada por la fiscal general del Estado con el fin de determinar si Juan Carlos I incurrió en delito fiscal y de blanqueo de capitales.
Su mandato, sin embargo, solo se prolongará durante un año y once meses, hasta el 7 de noviembre de 2022, cuando cumplirá los 72 años, la edad obligatoria de jubilación. Lo mismo que Navajas, que el próximo 17 de diciembre pasará a esa condición.
El futuro teniente fiscal es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma a la que pertenece la fiscal general del Estado –aunque esta está «congelada» por razón de su cargo–, el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, o el teniente fiscal de dicho órgano, Diego Villafañe Díaz.
De hecho, Campos fue uno de sus fundadores, aunque nunca ocupó puesto alguno de responsabilidad en la misma.
Campos ingresó en la carrera fiscal en 1978, el mismo año en que se aprobó la Constitución. Hace 42 años. Estuvo destinado en Barcelona entre 1978 y 1982. En ese último año fue destinado a Madrid.
En 1990 fue nombrado teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid; en 1994, fiscal de la Secretaría Técnica; y en 1996, fiscal del Tribunal Supremo, cargo que ha venido desempeñando durante estos años, habiendo sido nombrado fiscal de Sala en 2005.
En 2012 fue nombrado fiscal delegado en materia de delitos económicos en el Alto Tribunal.
