2021, un año de juicios mediáticos con políticos en los banquillos de los acusados
Luis Bárcenas será el principal protagonista de uno de los juicios más mediáticos, el de la reforma de la sede de Génova con dinero negro.

2021, un año de juicios mediáticos con políticos en los banquillos de los acusados

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02/1/2021 01:00
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Actualizado: 01/1/2021 22:49
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La corrupción política sigue ocupando el tiempo de los jueces y tribunales españoles y de cara a 2021 siguen vivas algunas causas que vienen arrastrándose en los últimos años.

La Audiencia Nacional continúa instruyendo los macrosumarios de ‘Púnica’ y ‘Lezo’, la pieza por los ‘papeles de Bárcenas’, el 3% en Cataluña, y ya a un paso de juicio está el patrimonio del clan Pujol y el presunto pago con dinero negro de las obras la sede de los ‘populares’ en la calle Génova de Madrid, que comienza a juzgarse el 8 de febrero.

Entre las novedades del 2020 está el caso ‘Neurona’, en el que un juzgado madrileño indaga en los gastos electorales de la campaña de 2019 de Podemos.

La Audiencia Nacional, por su parte, recibirá 2021 con uno de los juicios más mediáticos, el que volverá a sentar en el banquillo al extesorero del PP Luis Bárcenas por el pago de la reforma de la sede de los ‘populares’ con dinero procedente de la presunta caja ‘b’.

Paralelamente, el Juzgado Central de Instrucción número 5 seguirá investigando los ‘papeles de Bárcenas’.

La presunta financiación irregular del PP en Madrid se analiza en el caso ‘Púnica’, en el que se encuentran imputados los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González.

En esta macrocausa también están investigados el exsecretario general de los ‘populares’ madrileños Francisco Granados y exalcaldes y exconcejales de varios puntos de España.

Ignacio González además es el principal investigado en otra causa que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6, el caso ‘Lezo’, donde se investigan las irregularidades en el Canal Isabel II, y por el que Fiscalía le pide ya 19 años de prisión por tres piezas separadas.

Por otro lado, este mismo juzgado lleva el conocido como ‘caso Villarejo’, en cuya pieza separada centrada en la denominada ‘Operación Kitchen’ están imputados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su ‘número dos’, Francisco Martínez.

La Audiencia Nacional también tiene abiertas otras causas por los fondos que recibió el exembajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar de la petrolera venezolana PDVSA; o por las comisiones del ‘3%’ de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), reconvertida hoy en el PdeCat.

Además, en 2021, previsiblemente se conocerá la fecha para juzgar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su familia, que el pasado mes de julio fueron procesados por el presunto origen ilícito de su patrimonio.

En cuanto a las causas por corrupción que afectan a aforados, el Tribunal Supremo mantiene abiertas dos instrucciones, una de ellas contra la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) y aspirante a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs.

Está investigada por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental cometidos durante la etapa en la que fue directora de la ILC.

Recientemente, el alto tribunal ha abierto causa al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, por presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a Davalor Salud S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.

En los juzgados de instrucción de Madrid, el principal foco de interés es el caso ‘Neurona’, la primera causa contra el partido liderado por Pablo Iglesias.

Podemos y varios dirigentes ‘morados’ están investigados, entre otras cuestiones denunciadas por el exabogado de la formación José Manuel Calvente, por el contrato de 363.000 euros con la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019.

El juez Juan José Escalonilla sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero.

Asimismo, los juzgados de Plaza de Castilla –conocidos así por su ubicación en la capital–, aún tienen abiertas las pesquisas sobre el origen del patrimonio del exministro de Economía Rodrigo Rato, así como la causa por posibles delitos de prevaricación y malversación por las supuestas irregularidades en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En este último caso, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, hijo de Fernando Valdés dal Ré, quien tuvo que presentar su renuncia como magistrado del Tribunal Constitucional tras haber sido acusado por un delito de malos tratos, figura entre los investigados.

CIFUENTES EN MADRID Y CAUSAS CONTRA EL PP EN VALENCIA

Por lo que respecta a las Audiencias Provinciales, el 18 de enero está previsto que se celebre el juicio contra Cristina Cifuentes por presunta falsedad documental en relación con el caso ‘Máster’ de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Además, el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid enjuiciará en el primer trimestre del año al alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, a sus dos antecesores en el cargo, a dos concejales y a siete exediles, todos ellos del PP, acusados de prevaricar en 16 expedientes urbanísticos.

En la Comunidad Valenciana se acumulan causas de corrupción contra el PP en sus tres provincias.

En Castellón, el Juzgado de Instrucción número 4 investiga si el expresidente de la Diputación Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado por cuatro delitos fiscales; mientras que en Alicante se está a la espera de que la Audiencia dé a conocer la sentencia del caso ‘Brugal’ sobre los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por irregularidades urbanísticas.

En Valencia, se investigan el caso ‘Imelsa’, una de cuyas piezas se refiere al conocido como ‘pitufeo’ del PP por el que están investigados diversos exconcejales; el caso ‘Fórmula 1’, que se dirige contra expresidente de la Generalitat Francisco Camps por la organización del Gran Premio; el caso ‘Erial’, en el que se analiza al también expresidente de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana por el cobro de comisiones por la adjudicación del servicio de las ITV, cuya privatización aprobó en 1997, y por el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en 2003.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA

Por lo que respecta a Andalucía, en Jaén comenzará a juzgarse el 12 de abril el caso ‘Matinsreg’, que tiene entre sus nueve imputados al exsecretario de Estado de Hacienda, el ‘popular’ José Enrique Fernández de Moya, por la presunta adjudicación a dedo del servicio de las fuentes ornamentales cuando era alcalde.

También se juzgará al exalcalde de Linares Juan Fernández, ya expulsado del PSOE, por presuntamente sustraer 1.700 euros mensuales de las cuentas del grupo municipal socialista.

En Córdoba, se investiga el caso ‘Rocket’ por supuestas irregularidades en la gestión de unos 12,5 millones de euros de los Fondos Miner en la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo entre 2007 y 2011, que tiene entre sus imputados a la exalcaldesa del pueblo María Luisa Ruiz (PSOE).

En Granada, se sigue instruyendo el caso ‘Nazarí’, por el que fue detenido el 13 de abril de 2016 el entonces alcalde, José Torres Hurtado (PP), por una supuesta trama de corrupción urbanística.

En Cataluña el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, en una pieza separada de la investigación abierta en 2016 por supuesta corrupción en la Diputación de Barcelona, investiga presuntos desvíos de fondos al independentismo.

Están imputados el exconseller de ERC Xavier Vendrell; el alcalde y el concejal de Urbanismo de Cabrera de Mar, Enric Mir; el presidente de Aigües de Cataluña, David Madí; y el exsecretario de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas; entre otros.

En otra causa se investiga a la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, del PSC, por malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental por las subvenciones recibidas en el Consell Esportiu.

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