El magistrado emérito del Tribunal Constitucional y magistrado jubilado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Jorge Rodríguez-Zapata, ha advertido al Gobierno sobre el hecho de que el «Procedimiento de actuación contra la desinformación», contenido en la Orden PCM/1030/2020, que publicó el pasado 5 de noviembre el Boletín Oficial del Estado, no mencione «ni una sola vez la necesaria intervención judicial».
Rodríguez-Zapata, que ha sido presidente de la Sección Cuarta, encargada de los derechos fundamentales en la mencionada Sala del Alto Tribunal, hizo esta advertencia ayer en una columna de opinión que publicó el diario ABC.
La manifestación del magistrado está en línea con la argumentación jurídica del recurso interpuesto por Confilegal ante el Tribunal Supremo el pasado 30 de diciembre, por el que este diario impugnó dicho «Procedimiento», solicitando su suspensión cautelarísima –y su nulidad– por suponer una «censura previa, grosera e inadmisible, contraria al artículo 20 de la Constitución Española».
El magistrado emérito del máximo tribunal de garantías, recuerda que «en España, los tribunales ordinarios también son guardianes de los ‘derechos fundamentales de la comunicación’ y pueden optar, con la urgencia necesaria, medidas para suspender cautelarmente disposiciones inconstitucionales en materias como la libertad de expresión e información por cualquier medio, lo que debe incluir las redes sociales».
RECUERDA QUE MUSSOLINI UTILIZÓ ESTAS MISMAS JUSTIFICACIONES PARA ATACAR A LA PRENSA LIBRE
En dicha columna Rodríguez-Zapata además, aconseja al Gobierno «extremar las cautelas en esta cuestión. Si volvemos la mirada a la Europa de entreguerras, expresiones hoy en boga como ‘noticias falsas’ o ‘tendenciosas’, noticias que ‘turben la opinión pública con alarmas injustificadas’ o que ‘inciten al odio de clase o a la desobediencia’ fueron también empleadas por Mussolini en julio de 1923, cuando ataco los periódicos libres y logró que el control de la prensa dejase de ser exclusivo de los jueces para que sus prefectos fascistas sustituyeran a los gerentes de los periódicos, muchos de los cuales fueron enviados al exilio y privados de nacionalidad italiana».
