Firmas
La «Auctoritas» y el órdago de enero
Begoña Tárrega analiza el horizonte judicial, marcado por la renovación pendiente del CGPJ, y aboga porque se escuche la "Auctoritas" de los jueces y magistrados que reclaman elegir a sus 12 vocales jueces.
09/1/2021 06:46
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Actualizado: 08/1/2021 23:12
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Cuando aprobamos la oposición a la carrera judicial, además de la alegría de haber alcanzado un sueño, también retumba sobre nuestra cabeza el peso de la «Auctoritas», ese tercer poder que, en la antigua Roma, se destinaba a un poder no vinculante pero socialmente reconocido.
Desde entonces, conscientes de que ese poder socialmente reconocido se debe de ganar día a día, y que entraña una enorme responsabilidad y prudencia. Una «Auctoritas» que se nos reconoce a los jueces por la opinión pública, que requiere un ejercicio con determinación y respeto a los Derechos Fundamentales, y a la Constitución.
Ese peso de responsabilidad se sobrelleva con la prudencia, el tesón y la firmeza de quien conoce sus límites, y entiende que debe aplicar y ejecutar la ley, con independencia, y bajo un único sometimiento la ley.
La «Potestas», ese primer poder de Roma reservado a los magistrados, cónsules y pretores, que se les otorgaba en virtud de ley, para la aplicación de la ley.
Esa «Potestas» que nos viene reconocida por ley por nuestra función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Dos conceptos que han ido evolucionando en nuestra carrera judicial, a medida que el resto de los poderes han ido erosionando las instituciones o han realizado injerencias en nuestra función.
Con una simple mirada a la hemeroteca, en cuestión de diez años, se han investigado, instruido y enjuiciados el mayor número de sumarios por delitos de corrupción y los informativos y titulares de prensa aparecían regados de toda clase de información de los procesos que se iban siguiendo, y la tecnología ha permitido poder ver un procedimiento tan complejo como el “procés” por «streaming», las tertulias y programas de televisión incluso la prensa de corazón estaba inundados de asuntos judiciales.
Así se ha ido transformando la concepción de la «Auctoritas» de los jueces y magistrados desde la opinión pública, y el resto de los poderes que han ido modelando el concepto a través de los distintos procesos más relevantes, morbosos e interesantes para la opinión pública.
EL CGPJ
En los últimos meses, la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha llenado titulares, telediarios, chascarrillos, y rifirrafes entre las distintas instituciones del Estado.
Sin precedentes, miembros del Gobierno han lanzado un órdago al órgano Constitucional, iniciándose los trámites de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir la mayoría que hasta ahora es cualificada para la renovación de uno de los principales órganos constitucionales.
Hay una única motivación, las prisas por apartar a los vocales de este Consejo General del Poder Judicial, con el fin de que no tomen más decisiones de nombramientos de cargos judiciales.
Nada más ni nada menos, que se insta a que no se cumpla una de sus principales funciones, hasta que no se proceda a su renovación.
Las prisas no son buenas consejeras, porque con la tramitación urgente se pretende prescindir de los informes no vinculantes del propio Consejo General del Poder judicial o del Consejo de Estado.
Esta acción ha provocado una reacción, que los propios vocales del órgano constitucional, solicitarán por mayoría al Congreso de los Diputados que se les tenga en cuenta su opinión y que se les requiera el informe con carácter previo a la aprobación de la reforma de la ley.
Así es, públicamente y por los medios que les permite la ley, reclaman su «Auctoritas», ese poder socialmente reconocido, que el Gobierno con su poder pretende dejar en desuso, sencillamente porque corre prisa, y ha llevado a declarar hábil los días de enero con el fin de acelerar la toma en consideración de esta nueva reforma.
La necesidad de control de los nombramientos de cargos judiciales ha sido siempre una obsesión, ese es el motivo principal por el que desde el año 1985, no se nos permite elegir a la propia carrera judicial a nuestros vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
Los compañeros de trinchera y las asociaciones profesionales judiciales han reaccionado presentando firmas para que se reforme la Ley y se elija por parte de la carrera judicial a los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, tal y como respiraba el espíritu de la LO 1/1980 de 10 de enero y la interpretación realizada por la STC 108/1986 de 29 de julio (BOE NÚM. 193 de 13 de agosto de 1986). La recogida de más de 20.000 firmas fue presentado el pasado día 26 de noviembre de 2020 ante el Congreso de los Diputados.
Así la opinión pública se ve dividida entre los que consideran y hacen responsables a la oposición de no renovar los órganos constitucionales, y consideran que todo vale por renovar el órgano constitucional y aquellos que consideran que las instituciones deben de preservarse y respetar sus tiempos, sin que merme su funcionalidad e independencia, otros directamente desconocen su existencia e incluso sus funciones y por último están los que no consideran que su existencia sea necesaria.
La última noticia que se ha conocido, ha sido la de algunos de los vocales del CGPJ, que han amagado con la renuncia de su cargo porque consideran que están ocupando unos cargos prorrogados y que no deberían estar un minuto más, sin duda unas declaraciones sorprendentes, pues a nadie nos podría pasar por la cabeza, que como los jueces en su puesto no cumplieran con sus responsabilidades que aceptaron cuando prometieron o juraron el cargo porque le correspondiera ascender desde hace años a la categoría de magistrado y por razones del sistema no lo ha hecho, como nos ha pasado a las últimas promociones de jueces, que hemos visto retrasado nuestro legítimo derecho en más de 5 años desde cuando nos hubiera correspondido ascender.
Otro órdago más creado para avivar más, la necesidad urgente que quieren trasladar a la opinión pública, tan solo por los nombramientos de unos cargos, no por las dificultades y necesidades que atravesamos los jueces en los Juzgados mixtos o unipersonales, con una saturación de procedimientos, sin medios personales ni materiales que nos ayuden a agilizar y una mejor calidad de vida en nuestra labor jurisdiccional.
DESAFÍO PARA LA DEMOCRACIA
Y todo esto en medio de la vorágine, con un recién estrenado nuevo año en el que los ciudadanos miran con incertidumbre y recelo ante la necesidad de creer en una esperanza que ayude a sobrellevar las dificultades y crisis económica, social, institucional y sanitaria que se nos ha llevado por delante por el COVID-19.
Por lo que enero se estrena con uno de los mayores desafíos de la democracia.
Se escuchara la «Auctoritas» de jueces y magistrados? Una «Auctoritas» que viene avalada en esa petición de más de 20.000 firmas, respaldada por la opinión pública y ganada día a día por cada Juez, dando lo mejor de sí mismos, porque cada uno de nosotros en las pequeñas acciones y facetas, somos la cara de la justicia, de ese ciudadano que acudirá a la justicia, igual siendo el único asunto por el que acuda a un Juzgado, o el enésimo, pero sin duda su caso, único y distinto como cada caso lo es.
Este año nos traerá que el ejercicio de la «Potestas», se realice cumpliendo con el espíritu de la Constitución conforme a la interpretación que realizó la STC 108/86 de 29 de julio, para la elección de vocales judiciales del CGPJ por los jueces y magistrados en activo.
Solo espero que ese peso que sobre los hombros llevamos desde el momento que aceptamos y juramos el cargo, que ganamos día a día, en cada acción, en cada servicio, en cada resolución, sea lo suficientemente importante para que la democracia de este país esté a la altura de la situación, y que la «Auctoritas» que hemos ganado día a día, sea tenida en cuenta y el deber de la «Potestas» sea ejercido con el sometimiento pleno a la Ley y a la Constitución.
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