El titular del juzgado de Instrucción 15 de Valencia, Vicente Ríos Segarra, propone juzgar a 28 personas en la causa en la que se investigan las agresiones y amenazas sufridas en 2017 por varios profesionales de medios de comunicación y varios asistentes a la manifestación reivindicativa del 9 de Octubre en Valencia, fecha en la que se conmemora el Día de la Comunidad Valenciana.
El magistrado concluye la investigación y da diez días de plazo al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en la causa para que formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o bien pidan el sobreseimiento de las diligencias.
Según se recoge en el auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, muchos de los encausados formaban parte de la extinta Peña Yomus, de aficionados ultra del Valencia CF, y exhibían simbología neonazi y de extrema derecha.
Entre ellos también figura un locutor de televisión y de radio que en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones.
Algunos de los investigados, señala el auto, accedieron por la tarde a la Plaza de San Agustín de Valencia, lugar de inicio la marcha reivindicativa, en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista.
El propósito, según el magistrado, fue impedir, incluso mediante el empleo de la violencia la manifestación
«Su propósito no era otro que el de hostigar y enfrentarse a quienes acudieran a la manifestación convocada por la ‘Comissió 9 D’Octubre’, y en fin dificultar e impedir, incluso mediante el empleo de violencia, la celebración de dicha manifestación, y ello por su radical discrepancia ideológica con los convocantes de la manifestación y su hostilidad a cuanto representan», afirma el instructor.
La ‘Comissió 9 D’Octubre’ es una asociación cuyo objetivo es la promoción de la lengua valenciana, así como la cultura propia de lo que denominan el ‘País Valenciano’.
Esta asociación, según se recoge en el auto, convoca desde hace años esta manifestación «como un acto reivindicativo y alternativo a los actos oficiales». En 2017 el lema escogido fue «Sí al valenciá».
Los investigados, señala el magistrado, lograron romper los cordones de seguridad establecidos por las fuerzas de seguridad. De hecho, la marcha no pudo completar el recorrido previsto y finalizar como es habitual en la Plaza Alfonso el Magnánimo, «ante una acción concertada de distintos investigados».
En el auto relata amenazas a varios trabajadores de un medio de comunicación
El magistrado señala también las amenazas sufridas por varios trabajadores y colaboradores de un medio de comunicación que había organizado una mesa informativa para promocionar el lanzamiento de un nuevo diario, así como los daños ocasionados a la empresa editora por la destrucción de miles de ejemplares del periódico.
Igualmente, detalla las patadas y puñetazos propinados por una docena de los encausados a dos manifestantes. Una de las víctimas se encuentra actualmente en tratamiento por secuelas derivadas de estrés postraumático a causa de esa agresión.
También fueron atacados un fotógrafo, a quien trataron de quitarle la cámara fotográfica y le rompieron dos objetivos, y otro periodista, al que golpearon con una horca de madera y le fracturaron la pantalla del teléfono móvil.
