Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez han suscrito un durísimo voto particular en el que expresan su discrepancia con el acuerdo alcanzado en el Pleno Extraordinario del pasado jueves por los 15 vocales restantes y el presidente en funciones del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a los que acusan de «no respetar la división de poderes», de incurrir en «deslealtad a España» y de alinearse con las tesis del PP.
Para estos cinco vocales progresistas, designados a propuesta del PSOE y de IU, el acuerdo aprobado supone «una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes, contra la Mesa del Congreso de los Diputados».
Por 16 votos a favor y 5 en contra, se acordó solicitar a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de tramitar de forma urgente la propuesta de ambos partidos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer este órgano estando en funciones, al tiempo que volvía a instar a todas las fuerzas parlamentarias a renovar «a la mayor brevedad» el órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años caducado.
Desde el punto de vista de los cinco disidentes, el CGPJ no tiene atribuciones para exigir a la Mesa del Congreso de los Diputados el reconocimiento de competencia, ni título habilitante alguno, para informar sobre Proposiciones de Ley, salvo que así se lo haya pedido el Congreso de los Diputados.
NADA OBLIGA AL PARLAMENTO A PEDIR INFORME PREVIO SOBRE EL CONTENIDO DE SUS PROPOSICIONES
Los cinco vocales se refieren a la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de tramitar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por el trámite de urgencia, que no requiere pedir informe alguno al CGPJ.
Dicha reforma tiene como fin privar a futuros Consejos de hacer nombramientos cuando su mandato haya llegado a su fin, como en este caso; el actual tenía que haberse renovado hace dos años.
DESCARGAR: Voto Particular al Acuerdo del Punto I-4º del Pleno extraordinario de 21-01-2021 firmado
«El Acuerdo del Consejo no respeta la Separación de Poderes. Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni la LOPJ, sea o no lo más conveniente, desde que existe el CGPJ ya hace 40 años, obligan al Parlamento a pedir informe previo sobre el contenido de las proposiciones de ley, sean o no tomadas en consideración, al Consejo General del Poder Judicial», afirman en su voto particular.
Además, subrayan que insinuar que el Congreso de los Diputados incurren en violación del derecho europeo y de los tratados de la Unión Europea, por lo que España sería merecedora de sufrir el mecanismo fiscalizador, sancionador y de suspensión de derechos como miembros de la Unión, previsto en el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento «es una deslealtad a España, y así fue expresado y advertido en el debate».
EL BLOQUEO DE LA RENOVACIÓN: PROBLEMA DE FONDO
Para los cinco vocales progresistas el problema de fondo que subyace en este asunto es una «inconstitucional y reprochable actitud de bloqueo que impide la renovación en plazo del CGPJ». Por lo que entienden que «se está violando la Constitución».
«En este sentido, tal parece que este órgano constitucional se alinea, como coadyuvante o postulante, con la estrategia política y parlamentaria de quienes están bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o tienen una gran responsabilidad en ello», afirman, en clara referencia al PP.
Y añaden: «Obstaculizar dicha renovación es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales, y constituye un intento artero e irresponsable de manipulación del Consejo General del Poder Judicial, de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial».
Las altas instituciones del Estado, y en particular el CGPJ, tienen que renovarse en el plazo legal establecido, tal como ha reiterado en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional.
ESPAÑA NO SE PUEDE ASEMEJAR A POLONIA
En uno de los puntos de su voto particular, los cinco vocales argumentan que afirmar como se dice en la resolución, que el Congreso de los Diputados desatiende las mencionadas recomendaciones de la Comisión Europea, «es situar a España a la altura de Polonia, acusando e imputando a nuestro país de provocar graves amenazas sistémicas al Estado de Derecho, lo que resulta ser una agresión desleal e intolerable a nuestras instituciones democráticas y a los Poderes del Estado».
«España no es Polonia», destacan en mayúsculas, y en este punto se refieren a determinada prensa, al aludir a lo que dicen «los que se prestan con tanto entusiasmo a jalear desde sus editoriales» la decisión de la mayoría en este órgano.
Así, se preguntan si lo que dicen sus compañeros supone considera que el parlamento español está totalmente deslegitimado para legislar. «No es de extrañar que Acuerdos del CGPJ como el denunciado, que acusan a nuestro país de generar un riesgo sistémico contra el Estado de Derecho situándolo al nivel de Polonia, generen alarma social, inciten a la crispación», afirman.
Concluyen que lo que se precisa en este momento es, muy al contrario, «preservar al CGPJ del debate político, y emitir un mensaje claro y rotundo en favor de la renovación, contribuyendo positivamente al cumplimiento de la Constitución».
