Firmas
¿Por qué le llaman comisión parlamentaria de investigación sobre la «Operación Kitchen» cuando es un «juicio paralelo»?
El comisario José Manuel Villarejo será, sin duda alguna, la "estrella" de la comisión. Su comparecencia puede suponer un giro inesperado de los acontecimientos. Foto: Confilegal.
01/2/2021 02:44
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Actualizado: 01/2/2021 12:48
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Esta es la pregunta que muchos se hacen en la Audiencia Nacional, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, tiene abierta una pieza con ese nombre y con los mismos imputados y los testigos que, precisamente, la comisión parlamentaria quiere interrogar próximamente.
El magistrado García Castellón investiga la operación Kitchen (cocina, en inglés) a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, para determinar si el comisario José Manuel Villarejo, su jefe, el entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino y Sergio Ríos, el que fuera chófer de Luis Bárcenas, extesorero del PP, articularon una operación «parapolicial», entre 2013 y 2014, para recuperar documentos y grabaciones que Bárcenas se habría llevado y que comprometían a personalidades del partido.
Una operación que habría tenido, supuestamente, el visto bueno del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, financiada con fondos reservados.
Esto mismo es lo que persigue la comisión parlamentaria, en un principio, cuya creación fue aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados del 1 de octubre pasado: determinar si existió esa operación y si se llevó a cabo con el visto bueno del entonces ministro del Interior, Fernández Díaz, y si se hizo uso de la Policía y de fondos públicos para tal fin.
Si bien, es verdad –hay que decirlo– que la mencionada comisión parlamentaria tiene su punto de mira más arriba: en el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y en el propio Partido Popular.
«Las investigaciones policiales en este caso apuntan a que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía esa trama de espionaje y corrupción llamada Kitchen», así recoge, negro sobre blanco, el diario de sesiones del Pleno de ese día las palabras del diputado del PSOE, Felipe Sicilia Fernández. Fue durante su intervención, en defensa de la creación de la comisión.
En este sentido, la comisión parlamentaria se erige, en sentido estricto, en un doble juicio: paralelo, porque esto mismo se está investigando en la Audiencia Nacional, es un caso vivo; y en un juicio político al expresidente del Gobierno y al principal partido de la oposición, por su supuesta participación en los hechos.
Es la conclusión evidente a la que han llegado varios juristas consultados por Confilegal.
Una situación que podría tener repercusiones en otros ámbitos judiciales e, incluso, desembocar ante el Tribunal Constitucional.
PSOE Y UNIDAS PODEMOS ESTÁN PERSONADOS EN LA OPERACIÓN KITCHEN QUE INVESTIGA EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6
Además, se da la circunstancia de que tanto el PSOE como Unidas Podemos están personados en la pieza separada 7, como se denomina en el Central 6 de Instrucción a la instrucción sobre la «Operación Kitchen».
Siete de las 28 investigaciones que componen el caso Tándem, como se ha bautizado a las indagaciones judiciales sobre las actividades «bajo rádar» del comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.
El día 22 de diciembre, el día de la Lotería, se constituyó la comisión de investigación, y se reunió por primera vez el pasado 22 de enero.
Una comisión en la que los partidos que forman el gobierno de coalición tienen mayoría y han podido imponer qué documentos, en concreto, son los que interesan.
Las dos formaciones políticas disponen, por lo tanto, de todos los documentos que componen el expediente judicial.
Por eso, han pedido al Ministerio del Interior, que depende del Gobierno, que les sea enviados ocho oficios concretos. El primero de ellos aparece en el expediente judicial del caso, en concreto en el informe de la Fiscalía Anticorrupción de 4 de septiembre de 2020.
En el segundo se incluyen supuestos indicios incriminatorios contra el excomisario José Luis Olivera. El tercero hace referencia a a un conversación entre Olivera y Villarejo en la que ambos hablan sobre cómo podría afectar al PP el caso Gürtel.
El cuarto es un informe de 274 páginas redactado por la Unidad de Asuntos Internos después de que el Gobierno desclasificara toda la información relativa a la Operación Kitchen.
El quinto trata sobre la supuesta compra de material informático, en realidad de una pistola, que está siendo investigado por el magistrado García Castellón.
El sexto documento requerido pro la comisión parlamentaria responde a una petición de Podemos no atendida por el Central 6 de Instrucción ya que del informe que se reclama a Interior se expurgaron páginas con datos, como números de teléfono, que, por su naturaleza, estaban protegidos, y en relación con los cuales el magistrado se negó a que formaran parte del expediente. Aunque sí permitió que fueran consultados personalmente en la Secretaría del Juzgado.
El séptimo oficio, por último, se refiere a cierta documentación en formato digital intervenida en el domicilio de Villarejo localizado como «Indicio BC9» y con la referencia HD_IOMEGA_SN55AJ38M549 en el que se incluían carpetas y documentos referidas a Oliver Zugel.
MUCHOS DE LOS CITADOS ESTÁN IMPUTADOS
La comisión de investigación ha decidido, por mayoría, quien debe comparecer. Son todos los imputados: Fernández Díaz, exministro del Interior en esa época; Francisco Martínez, el exsecretario de Estado, su número 2; Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía; Enrique García Castaño, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General del Información; Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía; los entonces inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago; el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y Bonifacio Díaz Sevillano; además de «la estrella» del caso, el comisario José Manuel Villarejo.
La mayor parte de ellos, casi con toda seguridad, por su condición de investigados, optará por el silencio, apelando a su situación personal ante la Justicia.
No así el comisario Villarejo, un «monstruo mediático», como demostró en el juicio celebrado en los Juzgados de lo Penal de Madrid recientemente, querellado por el exdirector general del CNI, el general en la reserva, Félix Sanz Roldán, del que salió absuelto.
Y puede que tampoco el exministro del Interior.
También van a ser convocados Mariano Rajoy; la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal; su marido, Ignacio López del Hierro; el exdirector general de la Policía y exsenador, Ignacio Cosidó; y, por supuesto, Luis Bárcenas, muy interesado últimamente en llegar a acuerdos con la Fiscalía para acortar los 13 años que su esposa, Rosalía Iglesias –también convocada–, tiene que cumplir tras las rejas.
Se suele decir que los juicios son como las guerras, se sabe siempre cómo empiezan pero nunca cómo pueden acabar.
En este caso, el principio también es aplicable, en especial por la presencia acordada por todos de Villarejo, una auténtica «caja de Pandora» que no dejará a nadie indiferente.
¿Quién gana con todo esto? Sin duda el espectáculo.
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