La Mesa del Congreso ha rechazado hoy la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que «reconsiderara» su decisión de tramitar de forma urgente la Proposición de Ley de PSOE y Podemos que limita funciones al Consejo mientras esté en funciones.
Y lo ha hecho diciendo que el órgano de gobierno de los jueces no tiene legitimación para reclamar al Poder Legislativo que revise sus decisiones.
Se basa en sus propios precedentes para no rectificar su decisión.
El acuerdo de la Mesa no ha sido unánime. El Partido Popular y VOX han votado en contra.
La Mesa alega que solo los diputados pueden presentar escritos de reconsideración sobre sus decisiones, pero no puede hacerlo «ningún otro sujeto».
Por otro lado, señala que tiene potestad para decidir si remite o no una iniciativa legislativa al Consejo para que emita informe.
Defiende haber tramitado la Proposición de Ley por la vía de urgencia porque, según dice, así lo decidió la mayoría absoluta del Congreso, y niega haber habilitado lo que quedaba del mes de enero para tal fin.
Además, la Mesa subraya que ejerce su potestad conforme a la Constitución, y que cumple con las funciones que le atribuye el Reglamento de la Cámara, entre ellas la de respetar las deliberaciones y decisiones de esta.
Y pide a las demás instituciones el mismo respeto «en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes».
José María Macías, vocal del CGPJ, valora que la alusión de la Mesa al artículo que regula la reconsideración es «una excusa que aprovecha la literalidad del acuerdo del Consejo para no entrar en el fondo del asunto».
«Es evidente que el Consejo no pretendió nunca invocar formalmente la aplicación del reglamento del Congreso, sino que utilizó la expresión «reconsiderar» en el sentido general que tiene el término de volver a reflexionar sobre un error», ha manifestado a Confilegal este magistrado en excedencia, abogado en ejercicio, profesor de Derecho administrativo y de la UE de la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace 28 años, que también ha sido profesor de la Escuela Judicial.
Macías considera «altamente preocupante» que el acuerdo de la Mesa no encuentre otro fundamento para su negativa que sus propios precedentes negándose a examinar, y reitera que con arreglo al derecho de la Unión Europea, que también tiene la obligación de respetar, «tendría que haber oído al Consejo General del Poder Judicial, a la Comisión de Venecia y a las asociaciones de jueces y fiscales».
