La juez decana de Madrid, la magistrada María Jesús del Barco, apela a la responsabilidad de jueces y operadores jurídicos para evitar aglomeraciones en los pasillos de los juzgados ante el incremento sucesivo de casos de COVID-19 y comprobar que no se están siguiendo las recomendaciones que se han hecho.
En determinados juzgados no se están señalando las actuaciones procesales dejando un margen de tiempo entre las mismas y ello provoca retrasos en la celebración de estos actos, lo que hace que se pueda acumular la gente en los pasillos o que tengan que mantener largas esperas en la calle.
Ante la falta de colaboración de algunos juzgados que están perjudicando la labor de todos, Del Barco ha dado este toque de atención a jueces y operadores jurídicos en su último acuerdo gubernativo, número 61/2021, dictado ayer, con el fin de proteger la salud de quienes cada día acuden al edificio.
Reclama un poco de sentido común a la hora de planificar la agenda y pensar en las dimensiones del edificio.
La juez decana ha ordenado que se remita de nuevo a los magistrados y Letrados de la Administración de Justicia de este partido judicial el acuerdo gubernativo 399/2020 que dictó el pasado 9 de septiembre «para su efectivo cumplimiento».
Señala que se han hecho recomendaciones en estos acuerdos sobre la «necesidad» de distanciar los señalamientos entre las diferentes actuaciones procesales que requieren de la presencia de público en las sedes judiciales, «no solo desde este Decanato, también desde la Sala de Gobierno y en las guías de buenas prácticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial».
En el acuerdo del pasado septiembre que remite nuevamente a jueces y operadores jurídicos se ordenaba a la empresa de seguridad a controlar el aforo máximo de los edificios judiciales, realizando rondas periódicas «para garantizar que no se produzcan aglomeraciones en las zonas comunes y que, tanto los profesionales como el público que han accedido al edificio, mantienen las correspondientes distancias de seguridad», así como la limitación temporal del acceso al edificio judicial hasta que no se vaya redudiendo el número de personas que se encuentran en su interior.
Además, en ese acuerdo, para facilitar la labor de control de aforo, se indicaba que «los juzgados deberán remitir antes de las 15:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a su celebración el listado de los juicios, declaraciones y actos procesales señalados, y que «el Juzgado comunicará al servicio de seguridad los retrasos en el cumplimiento de los horarios de los señalamientos respectivos para evitar que accedan al edificio aquellas personas que han sido debidamente citadas, pero su señalamienlo va retrasado en hora» hasta que pueda celebrarse esa declaración, vista o juicio.
La juez decana de Madrid explica en su último acuerdo que en la remisión de los datos e informes que realizan la empresa de seguridad se ha destacado en no pocas ocasiones la «escasa o nula colaboración de los órganos judiciales en la remisión de esos datos, lo que dificulta las labores de control, la agilidad en los accesos y, sobre todo, largas esperas del público y los profesionales en la calle, no siempre en las circunstancias meteorológicas más favorables».
Además, indica que de esos informes se desprende que son muchos los juzgados que señalan juicios y otras actuaciones procesales con una distancia temporal de apenas de 10 minutos, «lo que ocasiona mayor acumulación de personas en los espacios comunes junto a las salas de vistas».
Expone que en los informes de aforo resulta «especialmente preocupante» la situación de las sedes judiciales de Princesa, 3, Rosario Pino, 5 y Francisco Gervás, 10, donde, sea por la distribución arquitectónica de las salas de vistas o por los señalamientos sucesivos y sin apenas intervalo temporal alguno, se producen mayores aglomeraciones en los pasillos junto a las salas de vistas, y mayores tiempos de espera en la calle.
Del Barco recuerda que de todas estas circunstancias se ha ido advirtiendo desde este Decanato en sucesivos correos remitidos a los magistrados de este partido judicial desde septiembre y hasta enero.
También señala que el pasado 28 de enero, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó remitir a jueces y magistrados una serie de «recomendaciones ante la situación actual de repunte del Covid-19» y sugirió a los Decanatos y Presidencias de Salas y Audiencia la adopción de los acuerdos que para el adecuado desarrollo de las recomendaciones anteriores puedan dictar dentro del ámbito de sus competencias gubernativas.
Por ello, con el objeto de adoptar medidas que para la protección de la salud pública sean precisas, la juez decana de Madrid recuerda de nuevo a los jueces y letrados de la administración de justicia las medidas que puso en marcha en septiembre.
En su acuerdo de ayer también ordena que la empresa de seguridad de los edificios judiciales de Princesa, 3; Rosario Pino, 5; y Francisco Gervás, 10 que remita diariamente desde ayer y hasta el 12 de febrero el número de personas que han accedido a los mismos.
La resolución ha sido notificada a cada uno de los magistrados de este partido judicial, al letrado coordinador de los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de Madrid, y a los Colegios de Abogados, Graduados Sociales y Procuradores de Madrid, y remitida al TSJM.
