Es lo que solicita el ministerio Fiscal para Luis Bárcenas: 3 años por un delito de apropiación indebida, 1 año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y otro año de prisión por un delito de falsedad documental.
En suma, un lustro de cárcel.
El extesorero y exgerente del PP, actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 29 años de cárcel por el caso Gürtel.
La petición de la acusación popular que agrupa a Izquierda Unida, la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados CODA-Ecologisas en Acción, la Federación Los Verdes, Elis Verds, Berdeak y Os Verdes, es sensiblemente superior: 4 años por un delito de pertenencia a organización criminal, 6 años por un delito continuado contra la Hacienda Pública, 4 años por un delito de falsedad de fondos electorales, 2 años por un delito de falsedad en documento mercantil, 1 año de prisión por un delito de tráfico de influencias y 7 meses de prisión por un delito de falsedad contable. Total: 17 años y 7 meses de cárcel.
El resto de las 6 acciones populares igualan o superan las peticiones de las de IU.
Lo que se dilucida en el juicio que comienza hoy en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, localidad al este de la Comunidad de Madrid, donde se celebran los macrojuicios, son tres hechos: Primero, si existía y funcionaba una caja B en el PP; segundo, si el PP pagó con dinero negro de la mencionada caja B –dinero aportado por empresarios en forma de donativos, ajenos a la contabilidad oficial– las reformas que llevó a cabo entre 2005 y 2010 en su sede la madrileña calle Génova por valor de 900.000 euros; tercero, si el PP dejó de declarar el impuesto de sociedades de 2008; y cuarto, si el gerente y el tesorero del partido –Álvaro Lapuerta, fallecido– y Luis Bárcenas, se apropiaron de dinero de la caja B del partido.
Junto a Bárcenas se sientan en el banquillo de los acusados Cristóbal Páez Vicedo, exgerente del PP, para el que Fiscalía solicita 17 meses de cárcel por los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública, y los arquitectos de la empresa Unifica, Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba y Belén García García, quienes llevaron a cabo la obra, para los que el Ministerio Fiscal pide 3 años y 10 meses por un delito de falsedad documental y 2 por un delito contra la Hacienda Pública; supuestamente cobraron una parte del dinero en A y otra en B, emitiendo en el proceso «documentos ficticios y mendaces para dar cobertura» a las operaciones mercantiles.
EL JUICIO DURARÁ 40 DÍAS
Durante el juicio, que está previsto que dure 40 días –12 menos que el juicio del «procés»–, serán interrogados como testigos dos expresidentes de Gobierno –José María Aznar y Mariano Rajoy–, cinco exministros –Dolores de Cospedal, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Javier Arenas–, y un expresidente del Senado –Pío García Escudero–, varios empresarios, que figuran como «donantes» en los papeles de Bárcenas.
El tribunal estará compuesto por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, com presidente, Fernando Andreu Morelles –extitular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional– y María Fernanda García Pérez.
Como acusación particular comparecerá la Abogacía del Estado, representando a la Agencia Tributaria.
El PP y el despacho de arquitectos Unifica comparecen como responsables civiles subsidiarios.
De acuerdo con el auto de apertura de juicio oral, elaborado por el magistrado José de la Mata, dicho dinero negro supuestamente procedieron de donantes como José Luis Sánchez Domínguez, del grupo empresarial Sando, Manuel Contreras, del grupo empresarial Azvi, Juan Villar Mir, de OHL, Luis Fernando del Rivero Asensio, de Sacyr-Vallehermoso, Alfonso García Pozuelo Asins, de Constructora Hispánica, Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, José María Mayor Oreja, de FCC, Antonio Vilela Jerez, de Construcciones Rubau, Rafael Palencia Marroquín, de Degremont Iberia, Cecilio Sánchez Martín, de FCC, Camilo José Alcalá, de CYOPSA-SISOCIA, José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, José Luis Suárez Gutiérrez, de COPASA, Joaquín Molpeces Sánchez, del Grupo Licuas, Antonio Pinal Gil, del Grupo Bruesa, Emilio Álvarez López, del grupo Bruesa, Ignacio Ugarteche González de Langarica, del Grupo Urazca, Ramón Aige Sánchez, de Sorigue-Acsa, y Vicente Cotino, de Sedesa.
«Todas las sociedades que fueron registradas en la contabilidad paralela como aportantes de donaciones al Partido Popular», dice De la Mata.
