El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, ha dibujado ante la Audiencia Nacional (AN) un escenario de progresivo debilitamiento interno en el seno del equipo que investigaba los denominados ‘papeles de Bárcenas’.
Según su testimonio, no se trató de una simple reestructuración, sino de una “estrategia buscada” que terminó por desmantelar el grupo encargado de una de las investigaciones más sensibles de los últimos años.
Morocho, investigador principal del caso Gürtel, comparece como testigo en el juicio sobre la ‘Operación Kitchen’, el presunto dispositivo de espionaje desplegado en 2013 desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para obtener información comprometedora del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
El vaciamiento progresivo del equipo investigador
En ese contexto, ha vinculado directamente el debilitamiento de la UDEF con la imposibilidad de avanzar en determinadas líneas de investigación relacionadas con la presunta contabilidad opaca del partido.
Durante su declaración, el inspector ha explicado que el equipo contaba con once agentes en 2013. Sin embargo, ese mismo año comenzaron las salidas: tres policías abandonaron el grupo, entre ellos un inspector con un papel clave en la elaboración de informes. La tendencia continuó en los años siguientes: en 2014 se marchó un subinspector relevante y, en 2015, el grupo perdió a cinco miembros más.
«No pude retener a nadie», ha reconocido, apuntando a que varios de ellos recibieron ofertas laborales más atractivas, mejor remuneradas y con funciones más definidas.
Este goteo constante de salidas tuvo, según Morocho, un impacto directo en la investigación: «No había capacidad investigativa», ha afirmado con contundencia, explicando que algunos informes previstos en la pieza de los ‘papeles de Bárcenas’ nunca llegaron a elaborarse precisamente por esa falta de medios humanos.
Autocensura y alteración de informes clave
Pero el relato del inspector va más allá de la merma de efectivos. También ha descrito un clima interno marcado por la «autocensura» en la redacción de informes. Según ha detallado, los agentes optaban por «evitar» o «mitigar» determinadas cuestiones sensibles, recurriendo a elementos periféricos para explicarlas, conscientes de que abordar ciertos contenidos podía generar problemas.
En esa línea, Morocho ha señalado que los documentos sufrieron «cambios, modificaciones y alteraciones», llegando incluso a trasladar elementos sustanciales desde el cuerpo principal de los informes a anexos para rebajar su visibilidad. «No querían que figuraran», ha subrayado.
El resultado, siempre según su versión, fue la presentación ante el juez de informes que no reflejaban fielmente el trabajo real del equipo investigador: «Se expuso una metodología que no correspondía a lo que se había hecho», ha lamentado.
Ante esta situación, el inspector asegura que se vio obligado a idear una fórmula para que el juez tuviera conocimiento de los aspectos más relevantes sin que estos aparecieran de forma directa ni bajo los parámetros habituales de la investigación: «Tuve que buscar una estrategia», ha concluido.
El testimonio de Morocho refuerza así la tesis de que, en paralelo a las investigaciones judiciales sobre la caja B del Partido Popular, se produjeron movimientos internos que dificultaron —cuando no obstaculizaron— el avance de las pesquisas policiales. Un extremo que ahora corresponde dilucidar al tribunal.
