Según se recoge en el 'Informe sobre Morosidad 2020', el 92% de los encuestados reclaman un régimen sancionador. Foto: EP.
El mundo empresarial, al borde del rescate: pymes y autónomos piden a Sánchez ayudas y sanciones para los incumplidores
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26/2/2021 06:47
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Actualizado: 18/4/2023 11:02
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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia que los plazos de pagos se han ampliado. Empresas públicas y privadas tardan 77 días en pagar, lejos de los 30 días que establece la ley para las Administraciones Públicas y los 60 días para el sector privado. Con estos datos sobre la mesa un 16% de empresas estarían abocadas al cierre por morosidad.
Sobre el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las ayudas a sectores damnificados por la pandemia por valor de 11.000 millones de euros, este colectivo indica que si las Administraciones pagasen en su día se estaría inyectando al sistema sobre los 8.000 millones de euros.
“Hay unos 5.000 millones que corresponden a las Comunidades Autónomas y en los ayuntamientos cerca de 2.000 millones. Bastaría con la aprobación de una norma legal para inyectar ese dinero en las economías de pymes y autónomos”, comenta a Confilegal Antoni Cañete, presidente de PMcM.
Este empresario recuerda que con un régimen sancionador en marcha, reivindicación histórica de este colectivo, habría 80.000 millones de euros, procedente del mercado empresarial, ahora que se pagan fuera de plazo, para financiar a pymes y autónomos.
También ve necesarias ayudas directas. “Se rescató al sistema financiero en su momento y se pusieron más de 110.000 millones y quedaron sin devolver cerca de 60.000 para su rescate. Ahora para que no caiga el país y entremos en la pandemia económica hay que apuntalar el sistema empresarial y evitar cierre de empresas”, comenta Cañete.
A su juicio, “hay que apuntalar los sectores que estén afectados por cierres y falta de demanda. Es el ejemplo del sector turístico o la hostelería con notable presencia en el PIB. Las ayudas deben ir a estabilizar a esos balances. Han de ser ayudas continuas y no pueden ser para todos los sectores igual. Los primeros a ayudar pymes y autónomos con problemas de liquidez”.
Según se recoge en el ‘Informe sobre Morosidad 2020’, el 92% de los encuestados reclaman un régimen sancionador, pero de momento la iniciativa no llega a cuajar por distintos motivos.
Cañete explica que han vuelto a hablar con las diferentes fuerzas parlamentarias, “se nos informa que hay una clara voluntad de cerrar un periodo de enmiendas que concluirá el 3 de marzo”.
Urge a implantar ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas para evitar que se rompa la cadena de pagos, se inyecte liquidez al sistema, mejore la competitividad y productividad de las empresas y se reduzca la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes y autónomos.
Medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos.
“El ‘confirming’ no puede ser un medio de pago generalizado. No se puede confundir medio de pago con plazos de pago. Se debe pagar en 60 días y ahí se puede utilizar el ‘confirming’ pero nunca a 400 días. Esperemos que los grupos políticos sean serios y rigurosos y aprueben el régimen sancionador».
Pymes y autónomos en precario
La crisis del COVID-19 ha hecho mella en pymes y autónomos. El 16% de los encuestados ya ve claramente que los plazos en los que están cobrando no permiten la viabilidad de sus negocios y el 48% cree que sus plazos de cobro continuarán empeorando durante 2021.
En el 2020 nuestras empresas en un porcentaje del 65% tienen menos ventas que el año anterior. “Este es un elemento que adelanta la crisis que se avecina. Solo un 20% tuvieron más ventas al estar en sectores no afectados por la demanda. Eso ha generado que el 50% de las empresas tengan un plazo de pago más alargado”.
“El retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”, explica Antoni Cañete, quien alerta sobre el empeoramiento de los plazos de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y del sector privado, y el más que significativo aumento del 74% de los impagados.
Del análisis se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó tanto en el sector público (en 7 días, un 10%, pasando de 70 a 77 días), como en el sector privado (un incremento del 5%, sumando 4 días, situándose en 77 días frente a los 73 de 2019).
De este modo, los plazos medios de pago distan aún más de los establecidos por la ley 15/2010 (30 días para las Administraciones y 60 para las empresas). Se han igualado los plazos públicos y los privados, tendencia que podría vaticinar una aceleración del empeoramiento de los pagos de las Administraciones frente a los del sector privado.
Volvemos a niveles del 2015
A tenor de la entidad, “se ha constatado que este empeoramiento de los plazos de pago está haciéndonos retroceder a los niveles registrados en 2015 (por parte de las Administraciones) y en 2016 (en el sector privado).
“Tenemos que revertir de nuevo la tendencia implantando un régimen sancionador, más si cabe en el contexto de la era post-covid-19 en el que nos encontramos inmersos”, alerta Antoni Cañete.
Para este experto, “es inadmisible el retraso en los pagos de las diferentes administraciones públicas. Ahora se alargan sus plazos de pago en un 23%. No tiene ninguna explicación. Hay que decirles a nuestros gobiernos centrales, autonómicos y locales que esto no lo podemos permitir”.
Cañete advierte del “riesgo de la ruptura de las cadenas de liquidez”. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación, y un 23% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.
En este sentido, el 8% de las empresas participantes en el estudio de la PMcM han manifestado que la crisis del COVID-19 ya les ha llevado a ampliar sus plazos de pago. “Si no salimos de este bucle de forma inminente, puede llevarnos a una situación sin precedentes y con graves consecuencias para el tejido empresarial”, aclara.
Según declaran los encuestados, si cobraran todas sus facturas a tiempo, el 11% reducirían su necesidad de financiación en más de un 40% y el 24% de los encuestados la rebajarían entre un 20% y un 40%.
De acuerdo con informe de la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 5,4%, lo que significa un “aumento peligroso” de un 74% respecto a 2019, situándose muy cerca del dato de 2014 del 5,7%, advierte Cañete.
Las grandes empresas, las peores pagadoras
La mitad (50%) de los encuestados aseguran que sus clientes del sector privado han empeorado sus plazos de pago. Por tamaño de empresa, para la mitad de los encuestados (50%), el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros).
Junto a ellos, en un 26% microempresas y 24% autónomos también tienen problemas de pago y de asfixia económica en estos momentos. Las pymes en un 41% pagan bien, menos de sesenta días. Entre 60 y 90 días el 48% y un 11% solo lo hace por encima de los 90 días.
Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 81% declara que estas superan el plazo legal. El 36% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 45% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días).
Antonio Cañete, Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).Solo el 19% de las grandes compañías pagan dentro del plazo legal. En cuanto a las facturas de las empresas del IBEX35 que están al margen de la ley a nivel de pago, Cañete señalo que “suman 56.488 millones de euros que están fuera del plazo legal que marca la Directiva europea y la ley española y que seria una gran inyección de liquidez para pymes y autónomos.”, advierte.
La cifra se incrementa si se toma en cuenta a todo el mercado continuo sin el sector financiero “esto supondría de 80.000 millones de euros”.
Condiciones abusivas sin control
Además del empeoramiento de los plazos de pago, también se constata la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 62% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.
“Esta prohibido hacer contratos de esta duración en nuestro país desde el 2010 Sin embargo estos contratos están al margen de la ley y nadie los controla y dice nada al respecto. Se sigue permitiendo con los efectos que estamos viendo”.
A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 87% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, porque el 60% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de más de 10 años, no deja de sorprender que un 40% de las empresas aún la desconozca”.
En lo que se refiere al medio de pago frecuente, el ‘confirming’, el 11% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes desde el comienzo de la crisis del COVID-19.
“Se quiere pagar las facturas con esta estratagema. Se puede utilizar el ‘confirming’ si se paga a 60 días, no a 200 como ahora se hace. Con la excusa del Covid, el 19% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 2% les obligan a descontarlo».
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