El responsable del PP de Justicia e Interior, consejero de Interior, Justicia y Víctimas y magistrado en servicios especiales, Enrique López, considera que lo que se está intentando hacer con el magistrado José Ricardo de Prada, de «colarlo» como jurista de reconocido prestigio, es una «clara ilegalidad».
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013 posibilita este cambalache por el que no pasa el PP.
«Lo que se pretende es que De Prada pida la excedencia por un día para encajar como ‘jurista de reconocido prestigio’ y luego solicitar el reingreso a su destino, pasando a servicios especiales. Eso es una clara ilegalidad. Es filibusterismo político en estado puro», explica López.
Y añade: «Es un claro menosprecio a los catedráticos, fiscales y abogados, que tienen reservado este turno para acceder al Consejo General del Poder Judicial».
«De Prada podría haber encajado como jurista de reconocido prestigio cuando formó parte de la Corte Penal Internacional para los crímenes de la antigua Yugoslavia. A día de hoy no puede ser. Es magistrado en ejercicio. No hay lugar», añade.
Los servicios especiales son una situación administrativa similar a la excedencia con la diferencia de que, a todos los efectos, la persona sigue poseyendo su destino y puede, incluso, optar, a otros de más importancia estando en esa situación. Cuando se termina, regresan a donde les hubiera correspondido estar de no haber optado por ese destino provisional.
Los ministros de Defensa, Interior o Justicia, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska o Juan Carlos Campo, todos están en servicios especiales. Igual que el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, o su compañera abogada del Estado, Macarena Olona, esta por Vox.
Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, también magistrada, se encuentra en servicios especiales. Como tal podría optar a entrar como jurista de reconocido prestigio.
A Rosell también se ha referido López. El hecho de que la magistrada ejerza una «actividad política» -concurrió como diputada por Unidas Podemos por la circunscripción de Las Palmas, puesto al que renunció para asumir la Delegación contra la violencia de género, va a en dirección totalmente contraria a la intención del PP «de despolitizar el CGPJ».
«El PP no quiere en el CGPJ una persona con ese perfil político, aunque sea magistrada», ha precisado López.
Tanto Rosell como De Prada son los escollos que no están permitiendo el acuerdo de renovación del CGPJ.
