En la Comisión Permanente del pasado 11 de marzo se produjo una votación que pasó desapercibida. Por 7 votos a 1 –el del vocal José Antonio Ballestero– se acordó ralentizar las entrevistas a los candidatos a ocupar las dos vacantes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Con dicha decisión se levantó el pie del acelerador al tren, que iba en línea directa a chocarse con el Legislativo.
Un pulso en toda regla al que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha renunciado de forma consciente y voluntaria ante la evidencia clara de que la renovación del órgano de gobierno de los jueces volvía a posponerse sine die debido a un obstáculo llamado José Ricardo de Prada, el magistrado que «condimentó» la sentencia «Gürtel. Primera Época», origen de la moción de censura a Mariano Rajoy y del cambio de Gobierno.
De Prada es una «línea roja» que el PP se ha jurado no cruzar jamás. Y que el PSOE está empeñado en nombrar, aunque como magistrado no encaja como jurista de reconocido prestigio.
Lo que el portavoz de Justicia e Interior del PP, Enrique López, definió como cambalache, porque implicaría admitir que pasara 24 horas a la excedencia para volver, a continuación, a la carrera, ya nombrado vocal del CGPJ.
La ausencia de acuerdo PSOE-PP reactivó la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica, impulsada por PSOE y Podemos, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impidiendo que un CGPJ en funciones, como este, que lleva funcionando dos años con tiempo prestado, prolongado, después de consumir sus cinco años de mandato, pueda seguir haciendo nombramientos de cargos judiciales.
La mencionada Proposición de Ley Orgánica fue aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero. Y ayer tuvo luz verde en la del Senado.
Mañana será aprobada por el Pleno del Senado y después regresará al Congreso para, desde allí, ser enviada al Boletín Oficial del Estado para su publicación y su vigencia.
Los actuales vocales del CGPJ ya han asumido que no pueden hacerlo y han retirado del orden del día del próximo Pleno, el del día 25 de marzo, cualquier atisbo de nombramientos.
A los que vengan después les tocará cubrir seis vacantes en el Tribunal Supremo: una en la Sala de lo Civil, tres en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (con el reciente fallecimiento de Nicolás Maurandi), y dos en la Sala de lo Social.
A esto hay que añadir también las Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Es evidente en que va a emplear los primeros meses de su tiempo el próximo Consejo General del Poder Judicial.
