De nada sirvió la defensa cerrada del portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia del Senado, Fernando de Rosa, sobre la gestión del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, para oponerse a la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica que modifica la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impidiendo que un órgano del poder judicial en estas condiciones pueda, en el futuro, hacer ningún nombramiento fuera de los 5 años estrictos de mandato.
La matemática se impuso finalmente. Fueron 18 votos a favor y 11 en contra.
De Rosa recordó que el actual Consejo General del Poder Judicial en funciones ha luchado por la paridad y por la promoción de la mujer en los puestos relevantes, como por ejemplo el nombramiento de la presidenta de la Sala de lo Social del Supremo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o presidentas de Salas de lo Social o de lo Contenicioso Administrativo de TSJ.
«O la primera mujer que va a presidir un tribunal militar. Eso es admirable. Por eso me gusta este Consejo, porque ha actuado con mayorías de 21, 19, 18 y 17 votos [de 21] a favor de estos nombramientos. Eso es de admiración, Y se lo dice alguien que ha estado en un Consejo General del Poder Judicial y que sabe lo que cuesta llegar a este consenso», le dijo De Rosa a Laura Castel, portavoz del Grupo Parlamentario ERC-Herria Bildu.
De Rosa hizo referencia también a un comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro principales, que decía»: «La reforma del gobierno se aparta del espíritu constitucional, evidencia una invasión de competencias, y es reveladora del desprecio del principio democrático de división de poderes».
«Lo dicen los jueces», De Rosa. «No lo dice este grupo parlamentario».
Su homónimo socialista, José María Oleaga, recordó después que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, no había comparecido ante el Senado para dar cuenta de las memorias de su institución «ante los representantes de los ciudadanos porque nos desprecia, desprecia a las cámaras, y particularmente al Senado. Lo lógico es que hubiera acudido al examen ante los representantes del pueblo». Y añadió: «El señor Lesmes es el presidente de un órgano constitucional, pero él no es el poder judicial».
Oleaga dejó claro que no pueden admitir que un órgano constitucional «se encuentre en esta situación de bloqueo. Una situación intolerable. Que no responde al interés público».
«Mantener este bloqueo es contrario al espíritu de la Constitución, al interés de la leyes, al interés general y al servicio a los ciudadanos».
El próximo miércoles se debatirá en el Pleno del Senado y si se aprueba solo restará su envío al Congreso de los Diputados y después su remisión al Boletín Oficial del Estado que, finalmente, lo publicará y entrará en vigor a continuación.
