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Los funcionarios interinos recuerdan al ministro Iceta que la fijeza es la solución a su problema

El ministro de Política Territorial y Función Pública ha mostrado su intención de hacer frente al abuso de la temporalidadLos profesionales interinos del sector público se movilizan y denuncian su desprotección en estos últimos veinte años. Foto: EP.
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Miquel Iceta, nuevo ministro de la Función Pública, busca resolver el problema de la bolsa de funcionarios interinos de nuestro país. Así lo afirmó hace unos días en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados,

Por ello, convocó esta semana la Comisión de Coordinación del Empleo Público, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, enfocada a iniciar el camino para reducir la temporalidad en las administraciones públicas.

Fue una reunión en la que participaron representantes de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda junto a representantes de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Curiosamente, según ha podido saber Confilegal, no fue invitada ninguna plataforma que aglutina los intereses de los miles de interinos de nuestro país, pese a haber solicitado el contacto con el propio Ministerio. Una medida que no ha gustado nada a las entidades que representan a estos profesionales.

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Porque dejaron fuera a los afectados.

Entre los asuntos abordados en esa reunión figuraba la reforma del artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, como vía para solucionar el abuso de la temporalidad y el mal uso de la interinidad de cara a un futuro más estable en el conjunto de las administraciones públicas.

Iceta está en busca de la fórmula que reduzca la bolsa de interinos en España, cumpliendo con la Directiva de 1999. Han pasado 22 años. Y no ha sido transpuesta, haciendo caso omiso, además, a la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Mientras los jueces siguen dando la razón a los interinos, en línea con lo establecido con el TJUE.

JUECES, A FAVOR DE LOS INTERINOS

Este jueves se hizo público que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Alicante ha dictado seis sentencias por las que hace fijos a 16 funcionarios interinos de la Universidad de Alicante.

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El fallo condena a esta Universidad a reconocerles el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, aunque sin adquirir la condición de funcionario de carrera.

La sentencia no solo se apoya en los argumentos del anterior fallo de este mismo juzgado, sino que, además, confirma lo que el Despacho Araúz de Robles venía sosteniendo en cuanto a que el auto del TJUE de 30 de septiembre de 2020, asunto Gondomar, y la sentencia de 11 de febrero de 2021, asunto C-770/18.

«Si la legislación no ha fijado una medida sancionadora en el sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija», señala dicho fallo.

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El abogado Javier Araúz explica a Confilegal que estas resoluciones señalan con rotundidad que si la legislación de un Estado miembro no ha fijado una medida sancionadora para acabar con la precarización de los empleados del sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija.

En esta situación no puede invocarse por las autoridades nacionales la normativa interna que solo en este sector prohíbe esta conversión, ya que para que opere una prohibición de este tipo, es necesario que la legislación nacional prevea en este Sector público -y la Legislación española no la prevé – otra medida efectiva para sancionar la utilización abusiva de contratos temporales.

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Estos fallos judiciales vienen a confirmar lo que desde hace años viene sosteniendo el despacho Araúz de Robles, «constituyen un precedente que nos anima a seguir luchando por algo que no es solo una obligación legal impuesta por la normativa europea, sino también un acto de justicia y éticamente exigible: la fijeza de los empleados públicos víctimas de un abuso».

Araúz también señala que el Parlamento asturiano ha aprobado una PNL para paralizar procesos selectivos y regular la situación de los interinos víctima de un abuso manteniéndoles en su puestos de trabajo.

De esta forma la Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que se dirija al gobierno central para que impulse de forma urgente una modificación legal.

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Esa modificación permitiría la paralización de los procesos de estabilización y consolidación de empleo público que incluyan plazas ocupadas por personal temporal en abuso de temporalidad, lo cual halla su aval y soporte normativo en el artículo 11 del Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de julio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, artículo que viene a evitar la caducidad de las Ofertas Públicas de Empleo de los años 2017 y 2018.

«También se pretende la aprobación de la regularización administrativa de los empleados públicos en abuso de temporalidad manteniéndolos en sus puestos de trabajo, habida cuenta de que previo a su nombramiento como personal temporal ya superaron procesos selectivos para el ingreso en la función pública de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

Por último, la Proposición No de Ley pide la identificación, en un plazo no superior a 3 meses, de las plazas ocupadas por empleados públicos en temporalidad ininterrumpida al menos 3 años, «realizando la correspondiente comprobación para determinar motivadamente que la relación laboral del trabajador que la ocupa responde a las concretas y específicas necesidades provisionales que la motivaron».

EL MINISTRO EXCLUYE A LOS INTERINOS

Sobre el papel del Miquel Iceta, Araúz advierte que “lo primero que es sorprendente que en esa mesa de trabajo es que no estén los representantes de los interinos. Hay asociaciones y coordinadoras a los que no se les ha escuchado aún. Cuando el 40% de la plantilla es interina.

Se escucha a los sindicatos más representativos, pero no se escucha a estas entidades”.

Otra cuestión que señala este jurista en cuanto a los procesos de estabilización y consolidación es que “esos procesos no son una sanción ni no están de acuerdo con la Directiva para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión».

Javier Araúz, abogado.

Araúz recuerda que la sentencia de 19 de marzo es clara en ese sentido, “ningún proceso selectivo tiene contenido sancionador ni puede ser concebido como una medida sancionadora para frenar el abuso de la temporalidad. Son medidas preventivas para el futuro, pero no sancionadoras”.

Este jurista recuerda que hay dos cuestiones en este contencioso entre los interinos y las administraciones españolas, “hay que evitar que vuelva a pasar pero otra cuestión es sancionar los abusos ya generados”.

También explica que “hay varios procedimientos de infracción de la UE contra España desde el 2014. Me imagino que con el Covid19 se habrá parado estos temas. Hay uno abierto del 2014 y otro sobre el 2018”.

UNA COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS INTERINOS

En enero de este año se puso en marcha la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), una plataforma que ha nacido con la idea de sumar esfuerzos para combatir la gravísima situación de precariedad que padecen miles de trabajadores temporales públicos y convertirse en la interlocutora que nos represente a nivel nacional y europeo.

Un portavoz de esta entidad nos aclara que su primer objetivo el de paralizar los «mal llamados» procesos selectivos de consolidación y de estabilización, que no son más que meros despidos encubiertos, como paso previo a negociar la necesaria sanción a las Administraciones que abusan del empleo temporal.

Desde este colectivo se muestra la sorpresa por la Comisión puesta en marcha por Iceta, “la ministra Darias hizo algo parecido aunque tenía otro nombre. Es un mensaje que ya conocemos, pero es poco efectivo. Llevamos más de veinte años retraso en este tema”.

La CEPPT nace de la unión y la colaboración de las diferentes asociaciones, plataformas y coordinadoras que han defendido, ante las distintas Administraciones Públicas, los intereses y derechos del Personal Público Temporal (PPT), reiteradamente vulnerados desde que, en 2017, CCOO, UGT y CSIF pretendieran dar solución a la temporalidad abusiva con unos mal llamados “procesos de consolidación y de estabilización”.

Esta entidad quiere convertirse así en una interlocutora válida en la lucha contra la temporalidad abusiva en todas las Administraciones Públicas, porque representa los intereses de todo personal afectado.

Para este colectivo, la única sanción que aporta protección suficiente contra el abuso y que resulta efectiva y disuasoria para las Administraciones Públicas que están incumpliendo la Directiva 1999/70/CE es la fijeza del PPT en situación de abuso de temporalidad, en igualdad de condiciones o equivalente que los compañeros fijos equiparables.

Toda vez que no existe indemnización alguna prevista (auto del TJUE de 30 de septiembre de 2020 (C-135/20), asunto Gondomar).

Consideran que es una medida suficientemente efectiva, proporcionada y disuasoria para sancionar el abuso cometido, de acuerdo con la Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018, sobre la respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada (2018/2600[RSP]).

Al mismo tiempo desde este colectivo se nos indica que, no solo la legislación vigente no prohíbe sancionar a las Administraciones Públicas que abusan de la temporalidad, sino que resulta imprescindible que así sea de acuerdo con el principio de equivalencia con el sector privado en el que se sanciona el abuso de la temporalidad con la fijeza del personal que sufre el abuso.