Así se lo reclama la plataforma 'Seguir Creando en digital' al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Foto: EP.
Los creadores reclaman a Cultura que al transponer la Directiva de derechos de autor respete sus derechos de propiedad intelectual
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31/3/2021 06:48
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Actualizado: 30/3/2021 20:20
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El 21 de junio concluye el plazo para que el Gobierno transponga la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Digital a nuestra normativa nacional.
La plataforma ‘Seguir Creando en digital’, en la que se engloban diferentes asociaciones de creadores y entidades de gestión, como CEDRO, reclama que la adaptación de la Directiva Europea reconozca los derechos de propiedad intelectual.
Los creadores piden al Ejecutivo poder negociar colectivamente con las plataformas tecnológicas que explotan sus obras ante la próxima transposición.
Para ello, los trabajadores de la cultura solicitan el mantenimiento del derecho de autor de la legislación actual española, la gestión colectiva obligatoria y la irrenunciabilidad del derecho, como única vía de «llegar a acuerdos, en un marco de negociación solidario, equitativo, no discriminatorio y transparente».
Se trata de asegurar que los creadores reciben una parte «adecuada y justa de los ingresos que genera el modelo de negocio de la explotación de contenidos digitales».
Ante esta situación, los representantes de diversas asociaciones profesionales y entidades de gestión de derechos han reclamado públicamente una negociación abierta con el Gobierno para garantizar la pervivencia de sus derechos, que son la base de una cultura diversa y de calidad.
Para ello, reclaman el mantenimiento de la propiedad intelectual en la legislación, un derecho social y estratégico para que los autores y las industrias culturales puedan seguir creando y contribuyendo al patrimonio común de una manera digna.
También, la protección del talento creativo frente a las grandes plataformas tecnológicas que explotan nuestros contenidos culturales y obtienen grandes beneficios sin que nuestros creadores se vean adecuadamente remunerados.
Otra cuestión que plantean es “la imprescindible opción, en la transposición de los artículos 15 y 17 de la Directiva europea, por la gestión colectiva obligatoria e irrenunciable como único y más solvente mecanismo para garantizar la presencia autoral que niegan las plataformas, agregadores y titulares de las más importantes redes sociales”.
Javier Díaz de Olarte, director jurídico de CEDRO, integrante de la plataforma ‘Seguir Creando en Digital’.
Al miso tiempo reclaman una garantía de que los creadores podrán negociar con las plataformas tecnológicas que explotan sus contenidos para llegar a acuerdos, en un marco de negociación solidario, equitativo, no discriminatorio y transparente.
Este colectivo ya está trabajando en un documento-propuesta, que próximamente será trasladado al gobierno y a los Grupos Parlamentarios, en el que recogerán los contenidos que creen que deben formar parte de la normativa a la que dé lugar la transposición a nuestro cuerpo legal de la Directiva.
Una transposición con retraso
Jose Antonio Suárez, socio de ‘act DA Lawyers’ y experto en propiedad intelectual, recuerda que hay dos Directivas esenciales que se aprobaron en 2019 y ahora hay que transponer.
Se refiere a la 7/90 y 7/89. La más polémica es la 7/90 donde los editores de prensa pueden recibir una compensación por los usos que se hacen en Internet de sus materiales.
Recuerda que “la norma hay que transponerla al ordenamiento jurídico español y vamos con cierto retraso. El plazo finaliza el 21 de junio de este año. Será un Decreto Ley porque no hay tiempo a tramitar una ley ordinaria”.
A su juicio, la 7/90 es una directiva de gran espectro. Con algunas cuestiones ya señaladas en la legislación española. «El tema de la prensa va a ser polémico. En Australia intentaron un medida similar a esta y en España Google News y su bloqueo. El problema es que las grandes plataformas se niegan a pagar por algo que hasta ahora no habían pagado».
Para este jurista, «la cuestión no es tanto sobre la sustancia es de procedimiento. Caben dos oportunidades. Una que la transposición que se puede hacer porque la Directiva deja esa oportunidad, el derecho de los editores de prensa sea de gestión colectiva obligatoria. Y en este caso sería CEDRO, como entidad de gestión quien lo haría. Sería una buena solución en este sentido».
Jose Antonio Suárez, socio de ‘act DA Lawyers’.
Este experto recuerda que si los grandes editores de prensa tienen cierta capacidad de negociación con las plataformas, en España los editores de prensa pequeños y a pesar de la apariencia de algunos, débiles. La gestión colectiva sería bastante conveniente.
Esta acción supondría “proteger tanto a los grandes como a los pequeños. Esa gestión colectiva obligatoria obedece a razones de seguridad jurídica, como proteger a los colectivos que no tienen capacidad de negociación”.
Suárez destaca que “al mismo tiempo tiene que haber una negociación sobre las tarifas a aplicar y que haya un bloqueo. En ese escenario, las plataformas pueden negarse a negociar. Habría por ello dos salidas, paralelas, una primera intervenga la CNMC porque habría un abuso de posición dominante en la negativa de negociación de las plataformas».
De hecho, está el antecedente de Francia, donde los tribunales le han impuesto a Google la posibilidad de negociar.
Otra segunda opción, subraya, «en caso que no haya acuerdo, nuestra legislación prevé que la tarifa correspondiente sea fijada por la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Esa sería una buena solución”.
“Otro asunto importante es el de las plataformas de intercambio de video y música y que deben tener la correspondiente autorización de los titulares de los derechos”.
Este jurista cree que puede haber algún acuerdo sobre este tema porque los temas se llevan con mucha discreción. La puesta en práctica de la norma es otro de los casos donde la gestión colectiva se impone. Es difícil que las productoras españolas negocien en condiciones de igualdad con Youtube.
Otro asunto es el contrato entre autores y artistas con los productores audiovisuales, como de música o editores, buscando un equilibrio entre los resultados de la explotación y las compensaciones que se pagan a lo largo del tiempo como consecuencia de la aparición de nuevos medios. «Esto ya estaba previsto en la Ley de Propiedad Intelectual española, lo que hace la Directiva es dar un paso adelante”.
Plataformas y remuneración de contenidos
Para Belen Álvarez, directora del área de Cultura de Gabeiras & Asociados, en la Directiva es cierto que hay un contenido bastante amplio. “Desde nuevos limites a derecho de autor, algunos de ellos ya incorporados en la actual Ley de Propiedad Intelectual, pero hay otros que se incorporarían como novedad”.
A su juicio, “hay varios artículos de dicha Directiva que son importantes, del 17 al 19, porque establecen una mayor obligación de las plataformas de contenidos y en este momento lo que quieren es ampararse en el principio de puerto seguro”.
Sobre esta práctica, Álvarez señala que “es un mecanismo establecido de la Directiva y ley de comercio electrónico, viene aclarar que si tienen ese control con los contenidos no pueden ampararse en la exención de responsabilidad o puerto seguro”.
A su juicio, esta medida es importante “por la reivindicación que para el sector realizan autores, artistas, músicas, creación que ven como sus obras y sus contenidos están siendo utilizado por esas plataformas para recibir remuneraciones, pero a ellos no les llega a esa cantidad. El artículo 17 viene a reordenar todo esto y a reequilibrar las posiciones. Es importante que se incorpore a nuestra Ley de Propiedad Intelectual”.
Sobre el 18 y 19 apunta que establecen la obligación de reconocer a los creadores una remuneración justa, que está ligado con reequilibrar las condiciones dentro del entorno digital. «Hay que procurar que esta remuneración justa esté bien transpuesta a nuestra normativa de propiedad intelectual”.
Belen Álvarez, directora del área de Cultura de Gabeiras & Asociados.
Otra cuestión que esta jurista destaca es la obligación y necesidad de transparencia, “en ocasiones, el problema está en que los usuarios en este tipo de plataformas no se da información transparente sobre la explotación de las obras. Esto genera que los creadores de esos contenidos no sepan si la retribución que reciben es justa”.
Álvarez considera que “con esta obligación de rendición de cuentas también será un mecanismo importante para reequilibrar la situación. En la Ley de Propiedad Intelectual hay la obligación de liquidar cuentas en determinados apartados, como en el contrato de edición, pero entendemos que la obligación debe establecerse con carácter general”.
Sobre la transposición de la Directiva, cree que vamos a estar ante un proceso largo, “ya lo fue la Directiva por los intereses en juego. Ahora hay menos margen de discusión. El Gobierno viene anunciando que presentará un anteproyecto. Luego habrá negociaciones que serán largas. Por eso es complicado que en junio la transposición sea total”.
Respecto al manifiesto de la plataforma de creadores, “no creo que sus intereses estén en peligro. Tenemos una Ley de Propiedad Intelectual que es garante de muchas cosas, pero hay que incorporar novedades sobre la utilidad de las obras en el entorno digital”.
Al final se trata de “reforzar la posición de los autores. Es urgente resolverlo porque el uso de las obras es muy frecuente. Así en el entorno musical, las fuentes de ingresos eran, antes de la pandemia, el uso digital y los ingresos por el directo. Ahora se han limitado mucho”.
Belen Álvarez ve necesario que los ajustes se hagan lo antes posible “para que los creadores sigan con su trabajo. Desde ese punto de vista, que se realice la revisión de dichas retribuciones, lo que ofrecerá seguridad a estos profesionales”.
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