La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón critica que los partidos políticos utilicen como arma política los tribunales y vayan «corriendo» a presentar denuncias o querellas «sin mucho fundamento». Con eso, a su juicio, «enturbian la convivencia» y generan desazón e inquietud.
Además, tanto los tribunales como los ciudadanos perciben que «no es serio».
En una entrevista concedida a Europa Press, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 explica que esta judicialización de la política (el conocido como ‘lawfare’) no es nueva.
Se trata de «utilizar como arma política a los tribunales».
Por ello, apela a la seriedad de las instituciones, dado que puede derivar en «quiebras» en la convivencia ciudadana.
Sobre las críticas que desde el ámbito político se lanzan, no solo hacia el poder judicial sino hacia determinados jueces y magistrados, Tardón indica que «ayudar no ayudan».
No obstante, los jueces tienen «las espaldas bien anchas» porque están acostumbrados a que se cuestione su trabajo.
La magistrada explica que es normal, en el ejercicio del poder público, y deben someterse a controles tanto legales como de la opinión pública.
Pero puntualiza que el problema surge cuando de la crítica se pasa al desarrollo de «verdaderas campañas de desprestigio que vienen o bien de fuentes de poder importantes, de otros poderes del Estado, o bien de gente que tenga poder de otra naturaleza, económico fundamentalmente».
Ahí, lamenta, se puede socavar la imagen de la justicia en general.
Por lo que se refiere a los juicios paralelos que se producen en las redes sociales, indica que los jueces deben «abstraerse del ruido», aunque advierte que en ocasiones hay hechos que no son estrictamente libertad de expresión porque comportan «un ataque a circunstancias familiares, a personas del entorno o intimidación».
Así, apunta a que, por ejemplo, no se pueden tolerar ‘escraches’, y que lo que supere esa libertad de expresión, que entiende que a veces llega a ser «muy zafia y grosera», no debe estar dentro de lo lícito y se deben acometer las acciones oportunas y reconducirse.
«Ahí probablemente el Consejo (CGPJ) tenga mucho que decir en esa materia», apostilla.
AMPLIAR COMPETENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Sobre su experiencia al frente de uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, Tardón señala que la situación de colapso ha empeorado con la pandemia y que están cortos, tanto de personal como de medios, pero como en general en la Justicia.
«La Justicia es siempre como la hermana que va heredando todo lo que van dejando los demás», dice, para luego demandar más infraestructura y más personal para gestionar la ingente cantidad de actuaciones que están pendientes.
Y ante las voces críticas con este tipo de órgano especializado central, afirma que en caso de que tuviera que hacer algo ella, sería «ampliar sus competencias».
«Creo que quien quiera de verdad cuestionarlo –el papel de la Audiencia Nacional– o bien no conoce como se tramitan las actuaciones judiciales o bien oculta otros intereses e intenciones», señala.
Sobre esa ampliación de competencias, la magistrada plantea la lucha contra la trata de seres humanos que, a su juicio, se debería regir «por los mismos principios que el delito contra la salud pública».
Así, en el momento en el que afectara a más de un territorio debería seguir los cauces de la Audiencia Nacional porque además, añade, ese tipo de delito tiene un componente transnacional que un órgano territorial no puede atacar con toda la integridad.
«Una mujer víctima de trata no te contesta por mucho que la protejas, y no irá contra su chulo o explotador porque en su país de origen tiene familia que va a sufrir represalias», ha dicho, para luego afirmar que no es solo que esté bien justificada la competencia de la Audiencia Nacional sino que incluso permitiría que hechos delictivos de esa naturaleza fueran perseguidos adecuadamente.
