La Comunidad de Madrid y el Consejo de Colegios de Abogados de la región han suscrito hoy un convenio que garantiza el pago de las actuaciones de los letrados del turno de oficio en aquellos supuestos en los que a los ciudadanos, de cuya defensa se hacen cargo, no les sea reconocido con posterioridad el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita.
Esto ya ocurrió en 2020, la única diferencia es que el año pasado el soporte normativo era la Ley de Presupuestos y ahora, un convenio.
El convenio, que recoge el pago de una subvención directa de 6 millones de euros para el ejercicio 2021, ha sido rubricado en la sede de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas por el consejero Enrique López (PP) y el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, integrado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), representados en esta firma por sus respectivos decanos, José María Alonso y Ángel Llamas.
“Con este acuerdo, hoy queda garantizado el pago del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para el año 2021”, se ha congratulado el decano del ICAM.
No obstante, ha recalcaldo, una vez más la necesidad de «mejorar los módulos de pago a los abogados que prestan estos servicios, de forma que su trabajo sea digna y suficientemente remunerado, reconociendo así la dedicación y el esfuerzo que día a día realizan en beneficio de la sociedad”.
El decano del ICAM ha aprovechado este acto para manifestar «la necesidad de mejorar la atención a los ciudadanos, dotando de medios suficientes a los Servicios de Orientación Jurídica y a los procesos de mediación, a los que no pueden acceder quienes carecen de medios económicos para sufragar el coste.
Por su parte, el consejero de Justicia, Enrique López, ha recordado que “la financiación del turno de oficio de los abogados es uno de los pilares de las políticas del Gobierno regional en el ámbito de la Justicia, en aras de garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder sin cortapisas a un servicio público tan esencial como es el de la Administración de Justicia”.
Las actuaciones que quedan cubiertas mediante este convenio suponen en cuantía un 10% respecto del total que se certifican anualmente a la Comunidad de Madrid.
Según ha destacado José María Alonso, “la Comunidad de Madrid ha sido pionera en la implantación de esta fórmula que permite que los profesionales perciban las remuneraciones correspondientes a su trabajo, y que debió y debe ser recogido en la norma que regula la Asistencia Jurídica Gratuita, de forma que no estemos supeditados a la voluntariedad política de cada momento”.
La Abogacía, a través del turno de oficio, por encomienda legal, garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y a través del instrumento firmado hoy, queda garantizado el pago de estas actuaciones para el presente 2021.
ALTODO MANIFIESTA QUE ES ‘INSUFICIENTE’
La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) considera un avance la firma de este convenio, pero manifiesta que es «insuficiente».
Así lo ha declarado a Confilegal Isidro Moreno, vocal de comunicación y expresidente de la asociación.
Altodo destaca que «siempre ha estado garantizado el servicio porque los abogados y procuradores de oficio nunca han dejado de atender a los ciudadanos aunque no les paguen».
Explica que «lo que no tenía suficiente respaldo normativo era el pago de las actuaciones en caso de denegación o archivo de la Justicia Gratuita», y añade con este convenio se intenta solucionar el problema, pero, en su opinión, «de forma parcial».
A su juicio, «sigue sin haber suficiente respaldo normativo».
Altodo considera que el derecho de los profesionales de oficio a cobrar las actuaciones realizadas por llamamiento judicial en caso de denegación o archivo de la justicia gratuita «debería estar garantizado siempre y en todo caso, no solamente para este año».
Y señala que «eso solamente puede conseguirse mediante una Ley de ambito estatal, probablemente con rango de ley orgánica y no mediante convenios o leyes de presupuestos, que tienen una vigencia temporal, y, por otra parte, resalta que «no pueden contradecir la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que no permite pagar en caso de denegación».
