La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 3 años de prisión para el expresidente de la Federación Española de Rugby (FER) B. J. G. C. por un delito de administración desleal, y pide que indemnice a la Federación con 61.939,74 euros.
El represente del Ministerio Público lo acusa de realizar gastos “desproporcionados”, siempre con cargo al organismo que presidía, como viajes a La Vegas, la firma de contratos con empresas de digitalización presupuestados en 500.000 euros o encargos para la elaboración de informes de los que sólo él tenía conocimiento con el fin de favorecer a personas con las que había trabajado en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
La Audiencia Provincial de Madrid lo juzga hoy. Será juzgado por un tribunal de la Sección 16.
El acusado asumió el cargo de presidente de la Federación Española de Rugby (FER) el 14 de julio de 2012, donde estuvo hasta abril de 2014, cuando presentó su dimisión.
Según expone la Fiscalía, a los dos meses de ser elegido, la Federación pagó 30.000 euros a un arquitecto por orden de su presidente en concepto de honorarios del Informe sobre la Ciudad del Rugby Español en Arroyo de la Encomienda.
El Ministerio Fiscal sostiene que ni el Comité Ejecutivo ni la Junta Directiva de la Federación acordaron la elaboración de dicho informe, “ni tuvieron conocimiento de la existencia de ningún proyecto para la implantación de un complejo deportivo destinado al rugby en dicho municipio vallisoletano”.
Del mismo modo, señala que “tampoco” existe indicio alguno de que dicho proyecto “fuera a desarrollarse o se hubiese realizado la mínima gestión con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda destinada a su implantación”.
Expone que en enero de 2013, el acusado contrató la elaboración del diseño y programación de una nueva página web con la mercantil GCD SL, administrada por quien había sido jefe del gabinete de alcaldía en el Consistorio de Arroyo de la Encomienda.
La Fiscalía afirma que el importe de la contratación, sin embargo, “se realizó sin los requisitos de concurrencia exigidos por el Consejo Superior de Deportes para la contratación de servicios superiores a 12.000 euros”.
Explica que ascendió a 29.167 euros, un precio “muy superior” al ordinario de mercado.
Además, la Fiscalía expone que el diseño elaborado fue «arcaico e ineficaz» y tuvo que ser sustituido.
Explica que igualmente, en septiembre de 2012, también en su condición de presidente de la FER y, “con la intención de beneficiar a un amigo personal”, formalizó un contrato con la empresa Oesia Networks -en la que éste ostentaba el cargo de gerente de proyectos-, para la realización de un proyecto de digitalización.
Y, según la Fiscalía, lo hizo de nuevo sin cumplir los requisitos de concurso exigidos por el Consejo Superior de Deportes para los servicios por importe superior a 12.000 euros, “despreciando las necesidades y los perjuicios que pudieran ocasionarse a la FER”.
Este proyecto se había presupuestado en 500.000 euros, cantidad “absolutamente desproporcionada” con relación a los ingresos federativos, destaca el Ministerio Fiscal, si bien únicamente llegó a desarrollarse la fase inicial, denominada fase 0, por la que se satisficieron 62.121,40 euros a la mercantil Oesia.
En enero de 2014, su amigo causó baja voluntaria en la empresa referida, lo que originó que percibiera por los servicios prestados durante 2013 un importe bruto anual en concepto de retribución variable de 5.756,90 euros, euros, directamente vinculado a la contratación de la fase 0 del proyecto de digitalización entre Oesia y la FER.
El 1 de abril de 2014, el acusado contrató a su amigo la prestación de servicios de Secretaría Técnica y Tesorería con una duración de 39 meses, con un incremento salarial de 26.535 euros respeto de la remuneración que había venido percibiendo el anterior secretario técnico, cuando ya el Consejo Superior de Deportes, a la vista del estado económico de la FER, había impuesto a la misma un plan de viabilidad para reducción de gastos, que resultó incumplido, motivo por el cual dicha entidad impuso a la FER una sanción de 211.03,63 euros.
Además, según señala, en febrero de 2013, con ocasión de un torneo de la International Rugby Board Sevens Series, el acusado sufragó, con cargo a la FER, el viaje y estancia en la ciudad de Las Vegas de dos personas ajenas a la actividad de la Federación, una de las cuales resultó ser el exalcalde del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, por un importe de 2.772,74 euros.
