Al proceso de selección se presentaron 25 candidatos. De ese número fueron seleccionados 13, a los que se les entrevistó. Y de esos 13, dos eran mujeres: Sonsoles Centeno, abogada del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y Lourdes Arastey Sahún, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
El Comité de Selección finalmente eligió a Arastey. Y hoy el Consejo de Ministros aprobó su designación como candidata por España para el puesto de juez del TJUE, en sustitución de Rosario Silva Lapuerta, actualmente vicepresidenta, también, de ese órgano judicial europeo, que termina su mandato el próximo 1 de octubre.
La consigna de Antonio J. Hidalgo López, subsecretario de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, eje político del «tribunal examinador» –hombre de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo–, al comité de selección, del que formó parte, y que estuvo compuesto por Juan González-Barba Pera, secretario de Estado para la Unión Europea, Pablo Zapatero, secretario de Estado de Justicia, Pedro Cruz Villalón, expresidente del Tribunal Constitucional, e Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, es que tenía que ser una mujer.
En este caso, el gobierno ha apostado claramente por un caballo ganador.
Arastey es una de las magistradas más prestigiosas y respetadas no solo del Tribunal Supremo sino también del mundo jurídico. También de las más preparadas. Habla cinco idiomas: francés –el idioma de trabajo del TJUE–, inglés, italiano, catalán y español.
Recientemente fue candidata para ocupar la Presidencia de la Sala de lo Social del Supremo.
Arastey accedió a la carrera judicial en 1984, dos años después de licenciarse en derecho por la Universidad de Barcelona. Hasta 1989 ejerció como juez y magistrada en tribunales civiles y penales. En ese año se convirtió en magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En 2009, veinte años más tarde, fue elegida magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, donde ha venido sirviendo desde entonces.
En 2018 fue elegida miembro del Tribunal Administrativo de la OTAN.
Aparte de ser autora de una prolija bibliografía sobre derecho laboral, discriminación, cuestiones de género e igualdad, mediación y derecho comunitario, Arastey ha sido vicepresidenta de la Asociación Europea de Jueces por la Mediación (GEMME) y presidenta de su sección española.
Además, es miembro del Instituto de Derecho Europeo (ELI). En 2016 ha sido nombrada Experta por la Red Europea de Consejos de la Magistratura (ENCJ) en el Proyecto ENCJ/ELI sobre ADR/Justicia Informal.
Ha participado en diversos proyectos internacionales en materia jurídica y judicial en Rumanía, Bulgaria, Kosovo, Guatemala, Letonia, Italia, Portugal, Francia, Alemania y República Eslovaca.
Pertenece a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
AHORA RESTA EL «EXAMEN FINAL»: EL DEL COMITÉ 255
La designación de Arastey como candidata a juez del TJUE no supone su elección directa. La magistrada tiene ahora que pasar el «examen final», el más duro de todos, una «minioposición mutilingüe» en francés y en inglés, en el que tendrá que demostrar que conoce bien la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.
El nombre de Comité 255 hace referencia al artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Está compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del TJUE y del TGUE, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores, juristas de reconocida competencia y parlamentarios.
Sus miembros, actualmente son Christiaan Timmermans, holandés, exjuez del TJUE, quien ostenta la Presidencia; Frank Clarke, jefe de la Justicia de Irlanda; Maria Eugénia Martins de Nazarenos Ribeiro, abogada portuguesa en Lisboa y Bruselas; Andreas Vosskuhle, expresidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania; Mirosław Wyrzykowki, exjuez del Tribunal Constitucional de Polonia; Simon Busuttil, europarlamentario maltés; y Carlos Lesmes Serrano, presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de España.
UNA SELECCIÓN REALIZADA EN LA OPACIDAD
El proceso de selección, a pesar de haber elegido a una de las personas más capaces que se han presentado, ha adolecido por completo de transparencia.
El tribunal no ha publicado ni comunicado el orden de los resultados obtenidos por los candidatos, que tiene que ser vinculante, según el artículo 10.3 del Real Decreto 972/2020 de procedimiento de selección y la Base 8a de la Orden PCM 121/2021, para el caso hipotético –muy hipotético con esta elección– de que la candidata pudiera ser rechazada por el Comité 255.
