El perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones. Foto: Carlos Berbell
El juez Calama acepta la competencia para investigar la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedas
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa asciende a 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas
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21/4/2021 12:48
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Actualizado: 21/4/2021 12:51
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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha aceptado la inhibición del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0.
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones.
En un auto dictado hoy, el magistrado explica que los investigados, mediante la utilización instrumental de la mercantil Arbistar 2.0, de la que es administrador único Santiago Fuentes Jover y cuyo objeto social es “el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas”, han urdido presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas.
Esta trama, según expone, prometía a los inversores rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, pagándoles semanalmente, siempre los sábados, dándoles la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.
“Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”, explica.
‘PLAN AMIGO’ PARA INCENTIVAR LA CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES
El magistrado señala que este esquema de naturaleza piramidal no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores.
Señala que a estos efectos, a los inversores se les ofertaba también un “plan amigo” a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos clientes tendrían una compensación, y de este modo la empresa, a partir de programas de marketing, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial.
A partir de agosto de 2020 varios inversores solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida.
PERJUDICADOS EN MÁS DE 30 PROVINCIAS
El juez indica que “la cifra de perjudicados en la causa objeto de inhibición (1.127 ya determinados, pudiéndose alcanzar un número superior a los 32.000 a la vista del número de cuentas afectadas), su distribución por el territorio de más de 30 audiencias provinciales, así como el perjuicio patrimonial producido (41.481.766,22 euros ya cuantificados, pudiendo superar los 100 millones de euros), evidencian la competencia de la Audiencia Nacional sin ambages”.
“Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda”, concluye.
La investigación a cargo de la Policía Nacional se inició en septiembre de 2020 tras las demandas presentadas por algunos clientes ante lo que consideraban un presunto delito de estafa piramidal después de que la empresa Arbistar 2.0 decidiera cancelar el producto conocido como Community Bot, lo que implicaba que más de 32.000 familias no pudieran acceder a los ahorros en forma de bitcoins que habían depositado en productos de esa firma.
El propietario de Arbistar 2.0, que tiene sede en Tenerife, fue detenido y está en libertad provisional como presunto autor de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a grupo criminal.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona le impuso comparecencias todos los días 1 y 15 de cada mes ante el Juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.
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