Sobre estas líneas, de izquierda a derecha: Pablo Iglesias (Unidas Podemos); Rocío Monasterio (Vox); Mónica García (Más Madrid); Isabel Díaz Ayuso (PP); Ángel Gabilondo (PSOE); y Edmundo Bal (Cs), minutos antes del comienzo del debate electoral en Telemadrid. Foto: EP.
Así quieren que sea la Justicia en Madrid cada uno de los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas
Los comicios se celebrarán el próximo 4 de mayo, tras la disolución anticipada de la Asamblea de Madrid
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27/4/2021 01:00
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Actualizado: 01/7/2022 09:31
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Queda una semana para que los madrileños acudan a las urnas y muchos son los temas que están centrado la campaña, pero ¿cuáles son las propuestas de los principales partidos en materia de Justicia?
La Comunidad de Madrid es una de las 12 Autonomías que tiene las competencias de Justicia transferidas. Lo que se denomina en argot técnico –acuñado por el mismo Tribunal Constitucional– «la Administración de la Administración de Justicia», entendiendo esta todo lo referente a edificios, medios técnicos y funcionarios.
Un compendio del que quedan fuera jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia –LAJ, antes denominados secretarios judiciales–.
A efectos de salario, estos tres cuerpos dependen del Ministerio de Justicia.
Desde el punto de vista operativo, los jueces son independientes, tienen su propio órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que administra toda la carrera. Lo mismo sucede con la Fiscalía General del Estado.
No así los LAJ, que sí responden directamente ante el Ministerio que hoy dirige el magistrado en servicios especiales, Juan Carlos Campo.
Al Gobierno de Madrid le corresponde, por lo tanto, proveer de todos los medios materiales que necesita la Administración de Justicia en la Región, de ahí la importancia de los planes de PSOE, PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos para este sector.
Por ello, modernización de la Administración de Justicia y de sus sedes, más recursos materiales y personales para hacer frente al colapso de los juzgados y tribunales, soluciones para el turno de oficio o mecanismos de resolución alternativa de los conflictos, son algunas de las propuestas que llevan en sus programas electorales para el próximo 4 de mayo.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
El partido de Ángel Gabilando, que en los anteriores comicios obtuvo 37 escaños, apuesta por «lograr la total implantación de la administración electrónica en el ámbito de la administración de justicia madrileña con la que se consiga un modelo en red con una utilización óptima en los procesos, buscando la maximización de su rendimiento y minimizando los costes».
En su programa, con 84 páginas, el PSOE propone implantar el expediente digital para lograr la efectiva agilización y modernización del funcionamiento ordinario de la administración de justicia.
El partido socialista sostiene que Madrid es una de las comunidades con mayor litigiosidad, lo que «colapsa el funcionamiento de juzgados y tribunales».
Por ello, propone ofrecer, dentro de las competencias autonómicas, «mecanismos alternativos de resolución de conflictos», como la mediación, «que resulten eficaces evitando procedimientos judiciales que se dilatan en el tiempo, son más costosos económicamente y que en muchas ocasiones producen desgastes personales importantes».
Asimismo, «poner en marcha el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, integrando en el mismo las Unidades de Valoración Forense Integral».
También asegura que, a fin de mejorar la calidad de la asistencia jurídica gratuita, «se dotará de medios al turno de oficio en nuestra Comunidad».
Por último, el PSOE destaca la necesidad de «garantizar el acceso a todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid con el fin de salvaguardar los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad».
PARTIDO POPULAR
Por su parte, el PP de Isabel Díaz Ayuso, que en las anteriores elecciones obtuvo 30 escaños, asegura que mejorar la Justicia «requiere modernizar la sedes judiciales y llevarlas al siglo XXI».
Por ello, quiere poner en marcha medidas para que los 21 partidos judiciales de la región cuenten con las infraestructuras necesarias, «teniendo en cuenta las peculiaridades de cada partido y facilitando la seguridad y la accesibilidad».
Así, defiende «una Justicia sin papeles, la revisión de los baremos del turno de oficio y el impulso a la mediación como vía complementaria de resolución de conflictos» para dar respuesta, subraya, a las «principales reivindicaciones de jueces, abogados, procuradores y ciudadanos».
El programa de los populares, con 84 páginas, cuenta con el Plan ‘Justicia 21×21’, «un plan integral de infraestructuras judiciales, que modernice, agrupe y ponga a la altura del siglo XXI todas las sedes de los 21 partidos judiciales de la región».
Para ello cuenta con un tándem que conoce bien lo que tiene entre manos: el actual consejero de Justicia, Interior y Víctimas, el magistrado en servicios especiales de la Audiencia Nacional, Enrique López, y la viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola. Los dos figuran como candidatos en las listas electorales del PP.
El objetivo de este partido es «consolidar un parque inmobiliario judicial seguro, accesible, racional, y eficiente desde el punto de vista energético».
Otra de las medidas va dirigida a «garantizar aún más la independencia judicial» para lo que defienden una reforma legislativa para eliminar la potestad autonómica mediante la cual la Asamblea de Madrid puede designar una de cada tres plazas de las Salas de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para que sean los propios jueces y no la Asamblea de Madrid quienes efectúen la provisión de esas plazas.
Por otro lado, apuesta por la mediación y arbitraje como instrumento de solución extrajudicial, «más rápida y menos gravosa para las partes».
Con este fin, quiere impulsar «la regulación normativa necesaria para que aquellos agentes y profesionales especializados en mediación y en arbitraje puedan llevar a cabo esta función de la manera más adecuada».
El turno de oficio también entra en el programa de Ayuso, afirma que potenciarán «la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio para garantizar el acceso universal a la Justicia que consagra nuestra Constitución».
Para ello, agrega, «seguiremos avanzando en la mejora de las condiciones en las que se prestan los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio e incrementando su financiación».
Por último, asegura que promoverá las Unidades Integrales de Valoración Forense Integral, «aumentando el número de psicólogos y trabajadores sociales asignados a las mismas, para agilizar los procedimientos judiciales, especialmente en los procedimientos de familia».
CIUDADANOS
El partido encabezado por Edmundo Bal, con 26 escaños en las últimas elecciones, centra su propuesta para la Administración de Justicia en tres propuestas: modernización, turno de oficio y reforma legislativa en relación a los nombramientos de los jueces del TSJM.
Ciudadanos afirma en el programa que «modernizará» la Administración de Justicia y «dignificará» las condiciones en las que trabajan los funcionarios.
Para ello, «dotaremos de recursos materiales y humanos suficientes y apostaremos decididamente por las tecnologías de la información y la comunicación, el teletrabajo y la conciliación».
El objetivo, explica el partido de Bal, es poner en marcha «mecanismos de refuerzo inmediato para descongestionar la actual situación de saturación de nuestros juzgados».
En cuanto al turno de oficio, sostiene que una «adecuada financiación» es la fórmula para «garantizar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos que carezcan de recursos».
Por eso, defiende un «calendario previsible de abonos para acabar con la incertidumbre que viven los letrados del turno de oficio» y eliminar los trámites burocráticos que sobrecargan la labor del abogado defensor.
También quiere hacer las reformas legislativas que sean necesarias para que la Asamblea de Madrid no participe en el nombramiento de magistrados del TSJM.
En este sentido, asegura que el partido «seguirá sin participar en el reparto de jueces, para garantizar la independencia de jueces y magistrados, pues somos muy conscientes de que la separación de poderes es uno de los principios estructurales de las democracias y constituye el principal instrumento de control del poder público».
MÁS MADRID
Por su parte, Más Madrid, el partido liderado por Mónica García, defiende abrir una mesa de análisis en la que estén presentes los distintos grupos parlamentarios y todos actores judiciales para un plan de renovación y en su caso construcción de nuevas infraestructuras judiciales para las próximas décadas.
En este sentido, incluye en su programa, de 191 páginas, paralizar el proyecto de Ciudad de la Justicia del PP «para someterlo al análisis de la mesa creada buscando un proyecto participado, sostenible, accesible con transporte público y que aproveche infraestructuras y gastos ya realizados para evitar el despilfarro y la corrupción de los que han sido víctima también las infraestructuras judiciales».
De este modo, apuesta por realizar una «exhaustiva auditoría a los gastos realizados en infraestructuras judiciales fantasma en las últimas dos décadas».
El partido, que en las últimas elecciones consiguió 20 escaños, cree que la mejora de las infraestructuras pasa por unificar sedes judiciales para evitar la dispersión en el servicio, «racionalizando las mismas y dando solución, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y los profesionales de la justicia, al despropósito de la Ciudad de la Justicia».
Así como construir nuevas instalaciones imprescindibles para el desarrollo de la normativa en materia de justicia, como Instituto de Medicina Legal y los juzgados necesarios para garantizar una justicia sin dilaciones.
Por otro lado, apuesta por implantar medidas para que el objetivo de papel cero «no se pervierta en sobrecarga de los profesionales».
Al igual que otros partidos, defiende mejorar los mecanismos de mediación y arbitraje para evitar procedimientos, «fomentando siempre el acuerdo frente al conflicto, especialmente en cuestiones de familia siempre y cuando no exista violencia de género».
Sobre esto, propone agrupar los servicios de mediación en una Agencia de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que permita una estrategia unificada en favor de la mediación como herramienta de resolución de conflictos.
También, la creación de nuevos equipos psicosociales adscritos a diferentes órganos jurisdiccionales. «Ampliaremos las dotaciones de personal forense y equipos psicosociales especializados en violencia de género para garantizar que, en el marco de los procedimientos de familia, no solo se actúa a demanda, sino que se tiene la capacidad de identificar situaciones de maltrato machista».
En esta línea, defiende mejorar los equipos psicosociales con especial atención a los juzgados de familia, «generando instalaciones adecuadas para la exploración de menores».
Apuesta por instar al Ministerio de Justicia a colaborar en el desarrollo de un plan integral para la mejora de la justicia madrileña del que participen los profesionales del sector.
Por último, respecto al turno de oficio señala la necesidad de garantías de pago de sus servicios a los profesionales, así como la mejora de las guardias que garanticen un servicio accesible.
VOX
El partido liderado por Rocío Monasterio cuenta con un programa de 10 medidas, entre las que no se incluye ninguna específica en materia de Administración de Justicia.
Desde el partido explican a Confilegal que su primera propuesta en relación a este sector es la «promoción de la necesaria iniciativa legislativa para la devolución al Gobierno de España de las competencias en materia de Justicia».
Por otro lado, propone una «verdadera voluntad e iniciativa política para destinar los medios necesarios a la Administración de Justicia en la Comunidad», así como una «mejora de la situación profesional y dotación de los profesionales de la Justicia».
Vox, que en las últimas elecciones autonómicas consiguió 12 escaños, sostiene que la Ciudad de la Justicia de Madrid «debe realizarse, con rapidez, eficiencia, transparencia y sin las desviaciones presupuestarias y la corrupción que ha rodeado esta necesidad en tiempos recientes con este Gobierno».
Asimismo, desde el partido aseguran que es necesaria la «implantación verdadera del expediente judicial electrónico, que haga realidad el ‘mantra’ inexistente del ‘papel cero'» y la «actualización y mejora de los baremos del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita».
UNIDAS PODEMOS
Unidas podemos, partido encabezado por Pablo Iglesias, quiere «recuperar el poder adquisitivo de los baremos de los profesionales del turno de oficio, estableciendo por ley una actualización de los mismos de acuerdo al IPC».
Asimismo, aprobar una Ley reguladora de los Servicios de Orientación Jurídica y Procesal de la Comunidad de Madrid, «fijando la existencia de dichos servicios como un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, financiado obligatoriamente con fondos públicos y dignificando las condiciones laborales de sus profesionales».
El partido, que consiguió 7 escaños en los últimos comicios madrileños, quiere reformar la Ley de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid para eliminar el requisito del empadronamiento y poder tener acceso a la protección que proporciona e incluir en su ámbito de aplicación a las víctimas de delitos de odio ideológico, racismo, xenofobia y aporofobia.
También realizar un plan de infraestructuras judiciales para la Comunidad de Madrid que afecte a los 21 partidos judiciales «llevando a cabo las medidas postergadas por el Partido Popular».
El partido liderado por Iglesias afirma en su programa, de 162 páginas, que las plantillas son muy inferiores a las necesidades del servicio, por lo que apuesta por «incrementar el número de trabajadores hasta cubrir las necesidades que tiene la justicia madrileña, de acuerdo con las memorias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, incluida la creación de nuevos órganos judiciales».
Asimismo, asegura que garantizará el desarrollo de la actividad del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid, desde el acuerdo con los profesionales de ese ámbito.
También una ley autonómica para regular la designación de los magistrados del TSJM por parte de la Asamblea de Madrid, para que este se realice mediante un concurso de méritos al que puedan presentarse todos los profesionales del derecho que cumplan los requisitos necesarios, sin que los partidos políticos sean determinantes en la composición de los órganos judiciales.
Unidas Podemos considera necesario un acuerdo con los agentes sociales de la Comunidad de Madrid para establecer procedimientos de arbitraje potestativo para los trabajadores en los procedimientos individuales del ámbito social, con el objeto de reducir la carga de trabajo de los juzgados de lo Social.
En esta línea, elaborar un protocolo de actuación para la Abogacía de la Comunidad de Madrid que busque disminuir la litigiosidad en el ámbito contencioso-administrativo mediante la búsqueda de conformidades.
Por último, defiende garantizar el funcionamiento de los equipos psicosociales de guardia en los juzgados de Violencia Contra la Mujer.
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