El arquitecto Norman Foster le dijo a Santiago Pedraz que su implicación en el proyecto del Campus de la Justicia fue solo como diseñador. Foto: EP.
El arquitecto Norman Foster declara ante Pedraz que sólo se encargó del diseño de los edificios del Campus de la Justicia
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05/5/2021 06:47
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Actualizado: 05/5/2021 00:18
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El arquitecto británico Norman Foster declaro ayer por videoconferencia, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que que no intervino en el contrato del Campus de la Justicia de Madrid, que él sólo se encargó del diseño.
Fuentes jurídicas, apuntan que su declaración por videoconferencia desde Suiza como testigo en esta causa se ha celebrado con normalidad, y que el arquitecto ha podido explicar que quien se encargó de la contratación y gestión fue la firma Foster and Partners, de la que es uno de los 150 socios.
Foster, premio Pritzker en 1999 y premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, había sido citado en el marco de la causa en la que se investiga el presunto desfalco del Campus de la Justicia de Madrid.
El interrogatorio iba encaminado a arrojar luz sobre su contratación en 2006 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, para construir dos de las 14 edificaciones que compondría el macrocomplejo.
En su caso, se trataba de dos edificios interconectados por una red de túneles que compondría el complejo urbanístico de la Ciudad de la Justicia, y que finalmente quedó inacabada y en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
LOCALIZACIÓN DE FOSTER
El anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata –a quien sustituye Pedraz tras su marcha a Eurojust–, libró en octubre de 2020 una comisión rogatoria a Suiza para que averiguara el domicilio de Norman Foster para poder hacer efectiva su citación como testigo.
El magistrado, indicó a las autoridades helvéticas que la citación debía hacerse «con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer», justificaba la comparecencia de Foster para esclarecer los hechos que están siendo investigados.
Cabe recordar que en noviembre de 2020, el juez De la Mata propuso juzgar a seis personas, entre ellos al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, por una de las piezas de esta causa.
Según explicó el juez en el auto en el que señaló su interés por escuchar a Foster, «ha quedado indiciariamente acreditado, entre otros elementos: la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc».
RESTRICCIONES POR LA COVID-19
La petición remitida a Suiza para la localización del arquitecto llegó después de que las autoridades de Reino Unido, a quienes se emitió a principios de año una Orden Europea de Investigación (EOI) con el mismo objetivo, contestara un mes antes que Foster reside en el país helvético y que «debido a las restricciones impuestas por la Covid-19 y, a las medidas de cuarentena, no le era posible desplazarse hasta Reino Unido«.
Según consta en la documentación remitida por la Unidad de Asistencia Internacional de Delincuencia Especializada Central británica al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Foster estaba dispuesto a viajar a Londres para comparecer como testigo, pero la crisis sanitaria se lo impedía.
En este sentido, la policía británica indicó en su escrito que la Asesoría Jurídica de Foster and Partners había comunicado que «no tendría problema alguno en proporcionar por escrito la información solicitada por España», pero que no sabía «qué han de hacer para colaborar con la investigación».
LA INVESTIGACIÓN SE INICIÓ EN 2018
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA, una empresa de titularidad cien por cien pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de unificación de sedes judiciales.
La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014 con Cristina Cifuentes al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez De la Mata admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus de la Justicia de Madrid (CJM) que arrojaba diversas irregulares.
El magistrado afirmó en dicho auto que los investigados «se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos del CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo». Asimismo, apuntó que Prada era quien en última instancia tomaba todas las decisiones.
Añadió que «corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación» de contratos, «quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos».
Junto a Prada, dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).
Este último está también imputado en el denominado ‘caso Tándem’ sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, mientras que para los otros cinco investigados pide seis años de prisión por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública
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