La asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) se ha querellado contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por considerar que estaría incumpliendo el proceso de equiparación salarial y no se habrían abonado a los agentes la productividad de equiparación durante varias mensualidades, pese a que esas productividades ya fueron devengadas por la administración, en aplicación del acuerdo del Ministerio del Interior del 12 de marzo de 2018, e incluso estando vigente la anterior orden general.
Se ha querellado contra Gámez «por una presunta desviación económica en la partida correspondiente a la equiparación salarial de los meses de enero y febrero de 2021», según informa.
Esta asociación pide a la Justicia que investigue a la directora general de la Benemérita como presunta autora de un delito de prevaricación, un delito de malversación por administración desleal, y un delito de malversación por apropiación indebida.
Jucil reclama que se cite a declarar a Gámez y aclare las razones por las que su departamento ha dictado una orden general -la número 4, de 12 de febrero de 2021- por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal y que «perjudica a más de 70.000 agentes de la Guardia Civil».
Según explica Agustín Leal, portavoz de Jucil, «con la excusa de una orden general nueva, la querellada presuntamente se habría apropiado indebidamente de todos esos importes de más de 70.000 guardias civiles, y supuestamente estaría administrando deslealmente el patrimonio que se le ha entregado para su gestión, concretamente el importe destinado al pago de las nóminas de los agentes, y en especial al de la productividad de equiparación, anulando esa productividad sin base legal alguna, sin que el acuerdo por el que se aprobó haya sido denunciado por ninguna de las partes», las asociaciones que firmaron junto al Ministerio.
Jucil denuncia que se estaría violando el acuerdo del Ministerio del Interior, y señala que «presuntamente se habrían desviado las partidas económicas que se contemplan en equiparación salarial a las nóminas de altos mandos de la Benemérita».
Jucil estima que «la desviación en concepto de productividad y que no han percibido los agentes podría superar a fecha de hoy los siete millones de euros, ya que a cada uno de los agentes se les adeudaría ahora entorno a los 200 euros, no cobrados en enero y febrero de este año».
Además de que se tome declaración a Gámez en calidad de investigada, solicita como diligencias previas numerosa documentación para aclarar si la Dirección General de la Policía Nacional ha abonado en las nóminas de enero, febrero, marzo y abril de este año las cantidades establecidas en concepto de productividad-equiparación.
También reclama que la Secretaría de Estado de Seguridad remita todos los informes elaborados por las consultorías externas en relación con el acuerdo del 12 de marzo de 2018 sobre equiparación salarial.
Asimismo, pide que el Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil certifique si se han abonado en las cuatro primeras nóminas de 2021 el concepto productividad-equiparación. En caso de ser negativa la respuesta respecto a todos o algunos de los meses, solicita que se indique cuál ha sido la razón por la que no ha sido abonado y quién ha dado las órdenes de esa forma de actuación.
La asociación Justicia Civil fue creada en 2018 con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita ante las instituciones.
Surgió inicialmente a través de Jusapol, un colectivo de policías y guardias civiles que demanda la equiparación salarial con el resto de las policías autonómicas.
Actualmente, Jucil cuenta con más de 10.00 afiliados y representantes en todo el territorio nacional.
