La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se ha pronunciado públicamente condenando la «injustificable actuación de la Asamblea Legislativa» de El Salvador que el pasado sábado destituyó a los cinco miembros titulares y a los cinco sustitutos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país, así como al fiscal general del Estado.
«Amparándose en el simple argumento del mandato mayoritario, la Asamblea, instrumentalizada por el presidente Bukele, abusando de la facultad de designación y cese de los miembros de la Corte Suprema que la Constitución de 1983 le atribuye, no solo ha desactivado uno de los contrapesos constitucionales más decisivos sino que ha reducido a escombros el principio de independencia judicial, trasladando una clara e indisimulada advertencia a todos los jueces y juezas que integran el Poder Judicial salvadoreño de las consecuencias que pueden derivarse del ejercicio independiente y constitucionalmente orientado de la jurisdicción», añade JJpD.
Y añade: «La vía emprendida por el presidente Bukele, pretendiendo inmunizar el ejercicio de su poder de todo control y contrapeso, augura tiempos de oscuridad y de injustica en un momento de particular gravedad y dificultad para el pueblo salvadoreño«, afirma JJpD en un comunicado.
El partido del presidente Nayib Bukele Ortez, Nuevas Ideas, obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones generales del pasado mes de marzo. Consiguió una mayoría del 66,6 % de los escaños; 56 de 84.
Bukele, el segundo presidente de origen palestino de la historia de El Salvador, justificó la destitución de los magistrados por dictar sentencias contrarias a la Constitución al impedir la implementación de medidas para hacer frente a la pandemia.
Esto, de acuerdo con JJpD, «supone un duro golpe al sistema constitucional salvadoreño y un paso más hacia la pendiente de autoritarismo y desprecio por las reglas democráticas y las garantías institucionales que caracteriza, desde su inicio, el mandato del presidente Nayib Bukele».
A su juicio, el cese de los magistrados, por la forma en que se ha producido y por las razones justificativas que se aducen -haber cumplido su función de control de la constitucionalidad de los decretos presidenciales-, supone, además, «una brusca e irreductible ruptura con la Convención de San José y los límites que, como garantías específicas de la primacía de los derechos fundamentales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido perfilando contra el abuso de poder por parte de las autoridades de los Estados».
Una decisión que contradice frontalmente la doctrina de la Corte Interamericana sobre la independencia judicial como garantía institucional del propio Estado de Derecho.
«La vía de la democracia constitucional es la única que puede limitar los poderes salvajes y los abusos y garantizar, por ello, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales», subraya.
«La vía emprendida por el presidente Bukele, pretendiendo inmunizar el ejercicio de su poder de todo control y contrapeso, augura tiempos de oscuridad y de injustica en un momento de particular gravedad y dificultad para el pueblo salvadoreño», concluye.
