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El Senado aprueba con modificaciones el Proyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
Incorpora novedades como la obligación de requerir la "autorización expresa de los progenitores" para difundir la imagen de un menor fallecido y la prohibición de desnudos integrales a menores migrantes; mientras que no se ha llegado a acuerdo para incorporar la suspensión de desahucios cuando hay menores ni su veto en los toros. Foto: EP
Portada / Política

El Senado aprueba con modificaciones el Proyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Con el apoyo de todos los partidos, excepto VOX; ha recibido 259 votos a favor y tres en contra
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13/5/2021 09:22
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Actualizado: 13/5/2021 09:34
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El Pleno del Senado ha aprobado el Proyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.

El texto legislativo fue aprobado ayer con el apoyo de todos los partidos, excepto VOX.

Recibió 259 votos a favor, y tres en contra.

Ahora volverá al Congreso para su aprobación definitiva en los próximos días, al haberse tramitado por el procedimiento de urgencia. Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE.

Con ella, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación.

La norma amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de Internet, crea unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.

Incorpora la agravante de exclusión social a la reforma del Código Penal corrigiendo una laguna señalada por el Tribunal Supremo (TS) en el caso Alsasua, la agravante de aporofobia tras advertir el Alto Tribunal que los ataques a mentigos no quedaban incluidos en la agravante de discriminación por el hecho de serlo, y modifica el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), dando también la razón a una sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del TS que estableció que la víctima que es acusación particular no recupera el derecho a la dispensa de declarar si renuncia a esa posición procesal.

Del Senado sale reforzada y mejorada, han coincidido todos los grupos que la han apoyado, que han destacado el consenso alcanzado en torno a una «Ley necesaria».

A su paso por la Cámara Alta se ha incorporado al texto la prohibición de los desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad de los menores migrantes, y la prohibición del uso de la contención mecánica en los centros de menores, entendida como la sujeción a una cama articulada o a un objeto fijo, que no no podrá aplicarse a menores de 14 años o adolescentes embarazadas, y que deberá hacerse bajo un estricto protocolo y cuando no sea posible aplicar medidas menos lesivas.

También se incluye la obligación de requerir la «autorización expresa de los progenitores» para difundir la imagen de un menor fallecido, con el objetivo de evitar casos como el de Gabriel Cruz, asesinado por la expareja de su padre. La madre del pequeño denunció el uso «cruel» de la imagen de su hijo después de haber fallecido.

Asimismo, se ha acordado que en los casos en que un menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir como testigo en un procedimiento judicial, se practique la prueba preconstituida (grabación del testimonio para evitar la revictimización del menor), y que la autoridad judicial pueda acordar que la audiencia del menor se practique a través de «equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar».

Igualmente, se creará un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de modo que se garantice el ejercicio efectivo del derecho de participación de los niños y niñas en la formulación de planes, programas y políticas nacionales que les afectan.

Durante el debate del texto ayer en la Cámara Alta, la senadora del PSOE María Fernández Álvarez ha defendido esta ley porque «no se puede mirar a otro lado». Ha destacado, citando datos del Ministerio del Interior, que en 2019 se cometieron más de 40.000 delitos contra menores, y cerca de la mitad de los delitos de violencia sexual tuvieron como víctima a un niño, niña o adolescente, unos datos que, según ha advertido, son «solo la punta del iceberg» pues en torno al 85-95% de los casos no se denuncian.

En este sentido, muchos senadores han puesto de relieve un cambio que ya se introdujo en la ley a su paso por el Congreso, que consiste en la ampliación del plazo de prescripción de abusos sexuales a menores, que empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no 18 como ocurre actualmente, «una anomalía que suponía que muchos delitos abominables contra menores hayan quedado impunes», ha señalado la senadora del PSOE María del Mar Arnáiz.

Tras la transaccional alcanzada ayer para «salvaguardar» el ámbito competencial ha recibido el voto favorable de grupos parlamentarios como el PNV, Junts Per Catalunya, PDeCAT, EH Bildu y Geroa Bai.

En el Congreso votaron a favor de este Proyecto de Ley PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC, BNG, Compromís, Más País, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Foro Asturias y Coalición Canaria; en contra VOX y del PNV; mientras que la JuntsxCat, PDeCAT, EH Bildu, la CUP y UPN se abstuvieron. Recibió 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones.

En este sentido, el senador de Geroa Bai Joseba Martínez ha señalado que el martes por la noche estaba preparando su discurso y pensaba pedir «perdón» a todas las personas que sufrieron abusos en la infancia por su voto negativo a esta ley, pero finalmente, tras la firma de esta transaccional, han cambiado el sentido del mismo. También lo han celebrado la senadora de PDeCAT María Teresa Rivero Segalás o la senadora del PNV María Isabel Vaquero.

No se ha llegado a acuerdo para suspender los desahucios de familias con menores. Desde el PSOE han asegurado que han intentado alcanzar un acuerdo «hasta el último momento», pero no ha sido posible, por lo que se remiten a la futura ley de vivienda.

La senadora de Esquerra Republicana Adelina Escandell también ha lamentado que no se haya aceptado su enmienda en la que proponían que se aplace el alzamiento hasta que el menor acabe el curso escolar. «¿Saben lo que es que te saquen de casa y no sepas dónde vas a dormir esa noche ni a qué colegio vas a ir mañana?», ha preguntado.

NO SE PROHIBIRÁ LA ENTRADA DE MENORES A LOS TOROS

Tampoco han contado con el suficiente apoyo las enmiendas presentadas por grupos como Más País, Compromís, Adelante Andalucía o PDeCAT para prohibir la entrada de menores a los espectáculos taurinos, su participación en los mismos como toreros o en escuelas taurinas o la emisión por televisión de estos festejos en horario infantil.

Otro punto de la ley que ha suscitado controversia durante el debate, tanto en el Congreso como en el Senado, es el que otorga la condición de «agentes de la autoridad» a los funcionarios que desarrollan su actividad profesional en los servicios sociales.

En este sentido, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren Gabantxo ha señalado que otorgar esta condición al personal funcionario podría provocar que «en momentos de urgencia puedan decidir la retirada del menor sin autorización judicial», generando «un desequilibrio que podría causar una situación de indefensión para las familias».

«Todos hemos renunciado a cosas en aras a alcanzar un consenso y un texto enriquecido, que mejora e incorpora propuestas de todos los grupos «, ha señalado la senadora socialista María Fernández.

La diputada del PP Carolina Agudo también ha elogiado también el consenso, aunque ha pedido reducir los plazos para ponerla en marcha cuanto antes, además de garantizar el presupuesto de la ley, petición defendida también por Carlota Santiago, de Ciudadanos.

PARA VOX, ‘BUSCA SUPLANTAR A LA FAMILIA’

VOX no apoya este Proyecto de Ley.

El senador de VOX Jacobo González-Robatto ha tachado esta ley de «intervencionista y totalitaria» porque, según denuncia, «busca suplantar a la familia».

VOX afirma que supone «una intromisión insólita en la familia con la excusa de proteger a los menores».

González-Robatto también ha criticado que «cualquier familia que no comulgue con la ideología de género es susceptible de ser intervenida por esta ley». «Si un niño comenta que en su casa no les parece bien que otro lleve falda, se podría interpretar como que sufre violencia de género o se le educa en cualquier discriminación, convierte la vida social en una cárcel, donde todo vecino es un delator en potencia», ha apuntado.

Por su parte, varios grupos parlamentarios, como PP y Ciudadanos, han reclamado que la Ley cuente con una «adecuada dotación presupuestaria» para que «no quede en papel mojado».

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