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El Congreso aprueba el proyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Con 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstencionesniñoEl Pleno del Congreso la aprobó ayer con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC, BNG, Compromís, Más País, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Foro Asturias y Coalición Canaria, el voto en contra de VOX y PNV y la abstención de PDeCAT y Bildu. Foto: EP
| | Actualizado: 16/04/2021 13:50

El Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revictimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.

Fue aprobado ayer con 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones.

Votaron a favor PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC, BNG, Compromís, Más País, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Foro Asturias y Coalición Canaria, en contra VOX y del PNV, mientras que la JuntsxCat, PDeCAT, EH Bildu, la CUP y UPN se abstuvieron.

Tras su votación en el Pleno del Congreso, el Proyecto de Ley seguirá su tramitación en el Senado.

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La futura Ley se conoce como ‘Ley Rhodes’ por el pianista británico James Rhodes, que sufrió abusos sexuales cuando era un niño y ha luchado por la aprobación de esta norma.

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN

Al texto se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, y más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja.

Uno de los últimos cambios introducidos es la ampliación de la edad a partir de la cual comenzará a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores.

Actualmente, empieza a contar cuando la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

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El texto inicial contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a 30 años, pero ahora se eleva hasta los 35 años por un acuerdo alcanzado el miércoles entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Más País y BNG.

Entre las modificaciones incorporadas a la ley también destaca la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra.

PRUEBA PRECONSTITUIDA HASTA LOS 14 AÑOS

Asimismo, se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años del menor afectado, para evitar su revictimización.

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También se amplía de 6 a 12 meses el plazo para el cese de tutela de la administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido.

Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.

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Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea la figura del ‘coordinador de bienestar y protección’ que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.

MARCA ‘UN ANTES Y UN DESPUÉS’ EN LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA, DESTACAN QUIENES HAN VOTADO A FAVOR

Durante el debate del proyecto de ley en el Pleno, diputados que han votado a favor manifiestan que esta ley marca «un antes y un después» en la protección a la infancia. Así lo ha dicho, por ejemplo, la diputada del PSOE Sonia Guerra, quien ha destacado también la «perspectiva feminista» de la ley.

También, la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz, y ha lamentado, en todo caso, que finalmente no se hayan incluido sus enmiendas para prohibir la entrada de niños en los toros y para que, en caso de desahucio con menores, el juez deba hacer un juicio de proporcionalidad.

Igualmente ha celebrado el «avance» que supone esta ley la diputada de Ciudadanos Sara Giménez, si bien ha apuntado algunos temas «pendientes», como que la ley nazca con una «garantía presupuestaria» para que «no quede en papel mojado».

Entre las mejoras introducidas, Giménez ha destacado que la ley pone un «parapeto» a «situaciones de violencia en centros de menores tutelados como las se han visto en Baleares», las cuales ha pedido que se investiguen.

También ha mostrado preocupación por este caso de violencia a niños tutelados la diputada del PP Alicia García, que ha apoyado la ley, aunque considera que «llega tarde» y echa en falta un «enfoque de discapacidad».

La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido el proyecto de Ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia ante la violencia frente a una «Iglesia católica que ha sido cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños».

«Es una verdad incómoda, pero hay que decir que la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar», ha subrayado.

La referencia de Belarra a la Iglesia católica levantó revuelo en la bancada ‘popular’ y la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, pidió «silencio» y llamó la atención a las diputadas del PP Margarita Prohens, Macarena Montesinos de Miguel y María Teresa Angulo.

Belarra pidió a los grupos que habían anunciado su abstención que reconsideraran su posición.

«Quiero pedirles el voto a favor porque esta ley tiene una función fundamental incluso antes de ser aprobada. Su función es mandar un mensaje nítido e inequívoco al conjunto de la sociedad española: Que la violencia contra los niños y niñas no es aceptable es ninguna de sus formas», manifestó desde la tribuna.

ABSTENCIÓN POR INVADIR COMPETENCIAS

Los grupos que se han abstenido, EH Bildu y PDeCAT, han dicho que lo hacían con un «sentimiento amargo» debido a que consideran que en la norma hay «una invasión competencial». Así lo han afirmado los diputados Mertxe Aizpurua y Sergi Miquel i Valentí.

Por este mismo motivo ha votado en contra el diputado del PNV Íñigo Barandiarán, que en todo caso ha apoyado las «medidas positivas» que aporta la ley, las cuales esperan poder «replicar» en el Parlamento Vasco.

También ha denunciado invasión de competencias el diputado del BNG Néstor Rego, aunque su grupo ha votado a favor porque apoya la mayor parte del contenido del texto, como el derecho del menor a ser escuchado, algo que han destacado prácticamente todos los grupos parlamentarios.

Por su parte, ERC, cuyos diputados no estaban presentes en el hemiciclo debido a que están confinados por un caso de Covid, ha dado un sí, pero crítico, según ha publicado Europa Press.

UNA LEY ‘ANTIFAMILIA’, SEGÚN VOX

El partido de Santiago Abascal no ha apoyado este proyecto de ley.

La diputada de VOX Sara López, ha dicho que esta ley es «un ataque a la familia y a la natalidad».

López ha afirmado que «con esta ley quieren manchar a base de ideología, amenazando a la familia que es el santuario de la vida y de los valores».

«La ley anti-infancia de Podemos sale adelante con el voto a favor del PP y la rotunda oposición de VOX. En Génova ya son directamente cómplices del plan de ingeniería social de la izquierda», ha publicado en Twitter.

Varios grupos han anunciado que seguirán proponiendo cambios en el Senado para, por ejemplo, evitar que se reconozca como «agentes de la autoridad» a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela en casos de desamparo.

«España avanza hacia la protección integral de las y los menores en nuestro país, reforzando las actuaciones de sensibilización, detección precoz y prevención para erradicar la violencia sobre la infancia y la adolescencia», ha manifestado Moncloa en Twitter tras la aprobación este proyecto de Ley.

Al Congreso han acudido organizaciones de defensa de la infancia como ‘Save the Children’, que ha entregado medio millón de firmas «que respaldan la urgencia de la ley».

El director de Save The Children España, Andrés Conde, ha destacado, desde las puertas de la Cámara Baja, en España se registran cada año más de 38.000 denuncias de violencia contra niños y adolescentes, y en uno de cada dos casos de abusos sexuales, la víctima es un menor.

Esta ley, según Conde, viene a prevenir estos casos, y se convertirá en «el marco de protección a la infancia más ambicioso de toda la Unión Europea».