El juzgado de Instrucción 45 de Madrid ha archivado la investigación sobre el supuesto cobro por parte Pablo Iglesias de las costas procesales en casos en los que era Podemos quien pagaba a abogados y procuradores, al considerar que no hay indicios delictivos.
La juez Luisa María Prieto aceptó la causa, que le venía derivada del caso ‘Neurona’, y, tras un primer análisis, ha ordenado el sobreseimiento provisional al no ver delito, algo en lo que coincide la Fiscalía de Madrid, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
La exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona fue quien llevó este asunto a sede judicial.
En un escrito enviado al juez de ‘Neurona’, contó que Iglesias se habría embolsado los 7.730 euros de la condena en costas dictada por el juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona por una demanda de Unión del Pueblo Navarro sobre derecho al honor, cuando fue el partido quien pagó los honorarios de la abogada, Marta Flor, y la procuradora, Isabel Afonso, en este caso.
Este es uno de los tres asuntos desgajados de ‘Neurona’ a raíz del testimonio escrito de Carmona. El titular del juzgado de Instrucción 46, José María Escribano, optó a finales de abril por incoar diligencias previas contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por, presuntamente, haber usado a una asesora del Ministerio, Teresa Arévalo, como niñera de sus hijos.
La exjefa de ‘compliance’ detalló que Arévalo, empleada del partido y estrecha colaboradora de Montero en aquella época, acompañó a la entonces candidata y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto electoral y que la dirigente dejó a la niña al cuidado de Arévalo mientras intervenía en el mismo.
De momento, Escribano solo ha citado como investigada a la hoy consejera de Igualdad, ya que la ministra es aforada ante el Tribunal Supremo. Así, Arévalo deberá declarar el próximo 14 de julio.
Como testigos, el juez ha llamando para el día 19 de ese mismo mes a la gerente, al tesorero y al responsable de seguridad de Podemos, Rocío Esther Val, Daniel de Frutos y Víctor Martins, respectivamente.
El tercer asunto se refiere a una donación efectuada por Podemos al proyecto Escuela Popular Paulo Freire a través de la Fundación 25-M y a las donaciones realizadas por el partido a dicha fundación, de la que es director el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero.
El caso está en el Juzgado de Instrucción 1, dirigido por Pedro López Jiménez, que aún debe decidir si investiga, archiva o lo devuelve a ‘Neurona’.
El origen de las tres causas es el caso ‘Neurona’, donde el juzgado de Instrucción 42 investiga la presunta financiación ilegal de Podemos con la lupa puesta en el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
El juez Juan José Escalonilla sospecha que fue un contrato simulado que habría servido para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, de ahí que la actividad probatoria se centre en determinar si la empresa hizo el trabajo.
De los demás asuntos que constaban en la denuncia original presentada en diciembre de 2019 por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, el juez ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede del partido y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.
Escalonilla también cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.
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