El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante una intervención parlamentaria.
El Congreso respalda la Fiscalía Europea en medio de reproches del PP al Gobierno por falta de independencia de la Fiscalía española
|
21/5/2021 06:47
|
Actualizado: 21/5/2021 12:09
|
Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que soportan al Gobierno dieron ayer su apoyo mayoritario a la Fiscalía Europea, en el marco del debate sobre una enmienda a la totalidad redactada por el PP sobre el Proyecto de Ley Orgánica de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
Fue un debate plagado de reproches por lo que, entienden, como falta de independencia del Ministerio Público español y que se saldó con la victoria de la mayoría gubenramental por 65 votos en contra y 39 a favor –los del PP–.
Por medio de dicho Proyecto de Ley Orgánica se adapta el ordenamiento español a las exigencias comunitarias, al considerar que establece un nuevo proceso penal que se anticipa en exceso al planteado en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
La Fiscalía Europea se creó con un reglamento de la Unión Europea en 2017 y comenzará a funcionar el 1 de junio.
En el caso de España introduce importantes novedades en el proceso penal porque contempla que sean los fiscales europeos quienes investiguen los delitos de su competencia, en lugar de los jueces de instrucción.
Delitos como el fraude de ayudas o subvenciones europeas, corrupción que afecte a fondos transferidos por la UE o delitos graves de defraudación de IVA transfronterizo.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que defendió el Proyecto de ley combatido por el PP, explicó que es necesario, para adaptar el ordenamiento español al reglamento europeo, ya que actualmente no hay fiscales instructores.
Y aunque el mencionado Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal sí los crea, habrá que esperar a que termine su trámite parlamentario y a una ‘vacatio legis’ de seis años.
«A día de hoy, nuestro ordenamiento jurídico no dispensa el soporte jurídico necesario para que la Fiscalía Europea desempeñe sus funciones en España con total cobertura, al menos mientras no tengamos aprobada la nueva LECrim», dijo Campo, subrayando que «no se trata de un arriesgado ejercicio de innovación jurídica, sino del cumplimiento de una obligación normativa» procedente de la UE que «no puede esperar más».
Campo indicó que la Fiscal General Europea “ya ha propuesto formalmente, como fecha de inicio de sus actividades, el 1 de junio de 2021”.
El diputado ‘popular’ Luis Santamaría, por su parte, aclaró que el PP es un partido de corte «europeísta» que no está en contra de la Fiscalía Europea, sino «de la forma que tiene de gobernar los asuntos jurídicos el señor Sánchez», justificando su enmienda a la totalidad en esta supuesta intromisión del jefe del Ejecutivo en la esfera judicial.
DELGADO, UN «TREMENDO DESATINO»
Santamaría echó en cara a Moncloa el «oxímoron jurídico» que supone, en su opinión, que por un lado impulse una Fiscalía Europea independiente –»eso nos gusta, nos convence y hasta nos seduce»– y, por otro, «condene» a los españoles a la «falta de imparcialidad que significa tener a Dolores Delgado como fiscal general del Estado», dado su pasado como diputada socialista y ministra de Justicia, instando a Sánchez a corregir ese «tremendo desatino».
Edmundo Bal, de Ciudadanos, compartió la crítica del PP a Delgado, celebrando que la Fiscalía Europea se configure como un ente independiente.
«Desde Junts esperamos que sea cierto y que el Reino de España lo respete», apostilló la diputada catalana Mariona Illamola, que reclamó «una autoridad nacional que actúe como tercero imparcial y garante de los Derechos Humanos».
En Unidas Podemos, Gerardo Pisarello también celebró que vaya a haber «una Fiscalía Europea garantista, valiente (…) e independiente de los poderes políticos, pero también del poder económico», llamando la atención sobre las pesquisas por presuntos delitos fiscales en torno al Rey emérito, uno de los escándalos «más graves».
EL «CAOS JURÍDICO»
Santamaría aprovechó el debate parlamentario para cargar contra el Gobierno por no emprender una reforma legal que dé cobertura a las medidas restrictivas que adopten las comunidades autónomas tras el estado de alarma, limitándose a habilitar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que unifique los criterios de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
«Jamás este país estuvo sumido en un caso jurídico como el que estamos viviendo en la actualidad», afirmó el representante del PP, al tiempo que ha calificado de «barbaridad» el recurso al Supremo, culpando al Gobierno de delegar en los tribunales «una responsabilidad para la que han sido elegidos y por la que les pagan».
También criticó el uso del decreto-ley por parte del Ejecutivo.
«Han batido récords históricos», aseveró, recordando que el Tribunal Constitucional ya ha tumbado algunos por no ver la extraordinaria urgencia y necesidad que requiere esta técnica legislativa y augurando que vendrán más varapalos judiciales.
«Ojo con la discrecionalidad porque, cuando se supera, se está hablando ya de prevaricación», señaló.
Campo le contestó pidiendo «no mezclar churras con merinas» y advirtiendo de que, si el PP bloquea la aprobación del proyecto de ley de la Fiscalía Europea, supondrá un desprestigio para España, uno de los estados promotores.
A renglón seguido acusó al partido de Pablo Casado de propiciar «en no pocas ocasiones» el «deterioro de la imagen del país y de la actuación de la justicia». «Les pido que reconsideren», emplazó.
Desde Vox, José María Sánchez García confesó que le hubiera gustado coincidir con el PP en este asunto pero que lo hace inusitadamente con el Gobierno porque, según indicó,»el PP hace y dice cosas raras» que son «incongruentes» al haber apoyado la Fiscalía Europea a nivel nacional y europeo. «En este caso, comete errores graves, errores crasos, es decir, con suma ignorancia», remató.
«HITO» EUROPEO
Campo reivindicó la Fiscalía Europea como «un hito en el proceso de integración y un paso de gigante en la lucha contra el fraude a gran escala», puesto que su cometido es perseguir los delitos que supongan un perjuicio para los intereses económicos de la UE.
Además, consideró que, en el contexto de pandemia y ante la inminente llegada de los fondos europeos para la recuperación postCOVID, la Fiscalía Europea cobra aún más sentido porque velará por el dinero destinado al «estado del bienestar europeo».
«España, que ha estado luchando por esta institución desde un principio, no debería fallar ahora. No cumplir en este momento, después de haber liderado la marcha desde el inicio, significaría una derrota para todos. Nos jugamos nuestra reputación», avisó.
La mayoría de los portavoces que intervinieron dieron su ‘placet’ a la Fiscalía Europea, aunque recordaron que tienen enmiendas parciales con las que buscan mejorar la propuesta original y han recriminado al Gobierno las «prisas» para aprobarlo ante la cercanía del 1 de junio.
Mikel Legarda, del PNV, estimó que «es un momento adecuado para introducirnos en la senda de una investigación penal dirigida por la Fiscalía», a pesar de que acarree una serie de consecuencias que pueden generar «cierto vértigo».
«Este es un proyecto de ley que tiene tres cosas que para Ciudadanos son bonitas e imprescindibles: Europa, la lucha contra la corrupción y la independencia de la Fiscalía», apuntó Bal.
Pisarello valoró este «primer paso», pero añadió que es «insuficiente» abogando por reformas fiscales en profundidad y mecanismos de control eficientes para evitar que las instituciones se ensañen con «las pequeñas sardinas» y dejen libres a los «tiburones» de los «grandes fraudes».
Noticias Relacionadas:
