Venidos de toda España, 2.000 interinos se manifestaron esta mañana por el centro de Madrid. Foto: Luis Javier Sánchez/Confilegal.
Interinos de toda España se manifiestan en Madrid para reclamar al Gobierno una solución a su situación laboral
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22/5/2021 16:48
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Actualizado: 22/5/2021 16:56
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Un mes exacto después que Miquel Iceta, ministro de Función Pública y Administración Territorial, explicará en el Senado parte de su plan para reducir la temporalidad en nuestro país, 2.000 interinos venidos de toda España se han manifestado hoy en Madrid, desafiando al COVID-19 y bajo estrictas medidas de seguridad, para reclamar al Gobierno una solución a su problema, como empleados públicos en fraude de ley
El Comité de Huelga de la Asamblea de Trabajadores Públicos Temporales de Navarra (ATPTN/NABLPB), junto a los Comités de Huelga de Galicia y Canarias y la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, firmantes del comunicado “Por un futuro para los trabajadores públicos temporales”, con el apoyo de Comités de Huelga de Andalucía, Ceuta y Melilla y de Ensenyament de Catalunya, han participado activamente en esa manifestación que transcurrió esta mañana desde Atocha hasta la Plaza de Colón, en pleno corazón de la capital de España.
En un reportaje que publicó Confilegal hace unos días, varios senadores y otros tantos juristas explicaban a este medio su preocupación por las medidas que Iceta parece que quiere tomar, “como los procesos selectivos sin medidas indemnizatorias, que serían contrarias al derecho comunitario”, señalaron.
Cristina Grúas presidenta de dicha Coordinadora y de la Plataforma de Interinos de Cataluña, explicaba minutos antes de iniciarse la marcha que “queremos hacer una llamada al Ministerio de Función Pública para que escuche las reivindicaciones de nuestro colectivo y que nos reciba. Nuestras peticiones ya se las hemos hecho llegar”.
Pero confirma que no ha habido respuesta.
“Sí parece que se abre una mesa de negociación con los sindicatos mayoritarios. Creemos que en esa mesa debemos estar nosotros. Tienen que escuchar nuestras peticiones. Se debe trasponer la Directiva 1999/70 y que se establezca una sanción al abuso de temporalidad. De momento no hay ninguna medida tomada y si se retoman las oposiciones libres”, afirma Grau.
Para este colectivo “la sanción que más protege al trabajador sería la fijeza en su puesto de trabajo tras años de precariedad. Pero ,por lo que estamos viendo, esta no es la idea que tiene el ministro Iceta. No hay información clara y no entendemos que el ministro hable de estabilizar 300.000 plazas cuando los interinos en fraude de ley rondan los 900.000”.
Por su parte, Manuel Padilla, vicecoordinador nacional del sindicato Acción Sindical Independiente de Justicia (ASIJ), reconoce que “esta manifestación es una medida de presión hacia la Administracion, tanto al Ministerio de Administración Publica como en nuestro caso de Justicia para que de una solución al fraude del abuso de la contratación temporal en las administraciones”.
Desde su punto de vista “no hay voluntad política para buscar soluciones a esta problemática. Queremos visibilizar el problema. El problema de la justicia es aún más evidente. Tenemos un problema que es la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y eso hace que el trámite de la contratación de las oposiciones tiene su especialidad. Los juzgados colapsados están cubiertos por personal interino.
Desde ASIJ se señala la falta de concreción del ministro Iceta en sus medidas para frenar la temporalidad.
“Da la sensación que no sabe cómo resolver el tema. Prefiere hablar con los sindicatos de siempre que con nosotros. Tampoco el Ministro de Justicia Campo no se reúne con nosotros, dice que hablará con los sindicatos más representativos”, cuenta Padilla.
Para Julia González, presidenta de la Plataforma de Interinos de Andalucía, “queremos reivindicar lo que dice Europa que es la fijeza de nuestras plazas con el abuso cometido por las distintas administraciones. En el Ayuntamiento de Sevilla el porcentaje de interinos es del 20 % del total y la Diputación de casi el 50 %”.
Respecto a las oposiciones convocadas por la Junta de Andalucía, “a nivel de trabajadores sociales se presentaron 50.000 candidatos para 42 plazas convocadas. Al final solo dos interinos han logrado aprobar la oposición y ser fijos. El resto se ha quedado sin empleo y muchos al borde de la exclusión social”, aclara.
En el Ayuntamiento de Sevilla ya se ha fijado un calendario de movilizaciones.
“Todos los jueves, desde el próximo 27 de mayo habrá paros de 11 a 3 de la tarde y el 28 habrá una huelga a nivel de toda Andalucía. Eso hará que pare un tercio de todo el personal de la administracion pública andaluza”, cuenta González.
Julia González, de la Plataforma de Interinos de Andalucia, Cristina Grúas, presidenta de la Coordinadora Estatal y de la Plataforma de Interinos de Cataluña, y Manuel Padilla, vicecoordinador de ASIJ, durante la manifestación. Foto: Luis Javier Sánchez/Confilegal.
LECTURA DEL MANIFIESTO REIVINDICATIVO
Al término de manifestación, en la Plaza de Colón, se ha leído el citado manifiesto donde se insiste en que la defensa de los servicios públicos y de como “los empleados de la Administración, que sustentan los servicios públicos y la atención al ciudadano, merecen absoluto y total respeto a su situación laboral y que se garantice la estabilidad en su empleo”.
Los convocantes de esta manifestación reclaman a los poderes públicos la paralización de estos procesos de estabilización sin perjuicio de la continuidad de las Ofertas Públicas de Empleo para cubrir aquellas plazas vacantes no ocupadas por personal en abuso de temporalidad (reposición) que deben seguir su curso o ser convocadas lo antes posible para evitar que esta situación se repita en el futuro.
También reclaman que se realice de una auditoria de puestos de trabajo ocupados por empleados públicos temporales en abuso de temporalidad y o fraude de ley “mientras se haga esa auditoria debería suspenderse todo proceso que conlleve el cese o despido de personal temporal que pueda estar en abuso o fraude hasta la regularización de las personas en abuso.
Asimismo, deben anularse los ceses y despidos que ya se hayan llevado a efecto y por tanto sean contrarios al Derecho de la Unión, con readmisión y mantenimiento en el empleo hasta que finalice la auditoría y puedan aplicarse las medidas de sanción que se establezcan por resolución administrativa o judicial.
La tercera reivindicación es implementar medidas de sanción disuasorias desde la puesta en marcha de un plan que garantice la regulación administrativa real o permanencia.
Esto supondría para los firmantes la modificación del ordenamiento jurídico interno en materia de relaciones laborales en el sector público para establecer sanciones suficientemente. disuasorias para las administraciones que no cumplen y que a su vez tengan un efecto protector y reparador sobre las personas víctimas del citado abuso de temporalidad para evitar que esta situación se repita en el futuro.
Si no se opta por la fijeza como sanción debe establecerse una sanción económica suficiente en los términos exigidos por el acervo comunitario.
Desde esta Coordinadora y organizaciones que suscriben este manifiesto se reclama la apertura inmediata de una mesa de diálogo de los Comités de Huelga para negociar un acuerdo que pudiera poner fin a esta situación.
Abuso claro de la contratación temporal
También se recuerda “el uso injustificable de los sistemas de contratación y gestión laboral que han hecho las diferentes administraciones públicas, lo que ha generado tasas de temporalidad superiores al 30% (más del 40% en Educación en Navarra). Una tasa que supera la de temporalidad en el sector privado”.
Otra cuestión que denuncian es que las diferentes administraciones de acuerdo con los sindicatos mayoritarios han hecho caso omiso de las directrices marcadas por la legislación y la justicia europea, una carrera ciega y desenfrenada de OPEs que penalizan la experiencia e ignoran los años de servicio incrementando todavía más, si cabe, el abuso infligido a tantos trabajadores temporales.
Para los firmantes del manifiesto dicha solución “no es sino el ejercicio inmoral de un despido masivo, encubierto bajo la apariencia de una OPE, de trabajadores temporales a los que no se reconoce ni su servicio, ni su derecho a la correspondiente indemnización que pudiera reparar, mínimamente, el abuso ejercido”.
Al mismo tiempo denuncian que los poderes públicos “no han respetado la legalidad puesto que no han procedido a la correcta transposición de la Directiva Europea 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada; al ordenamiento jurídico interno en materia de empleo público. Una trasposición que debería haberse hecho efectiva con anterioridad al 10 de julio de 2001 y que por el momento pese a las distintas sentencias del TJUE sigue sin trasponerse en nuestro ordenamiento jurídico
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